El pasado jueves 30 de enero, en el denominado Auditorio Naranja de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el diputado Juan Guaidó presentó el llamado “Plan País”, que caracteriza como fallido al Estado venezolano y se propone según sus propios términos: “estar listos para comenzar de inmediato el proceso de rescate, recuperación y transformación social, económica y política de nuestro país una vez que logremos el cambio político que nos permita retomar la democracia”.

1.- Una crítica a la explicación de las causas de la crisis económica

En el documento mencionan varios indicadores que reflejan la aguda crisis económica del país, y sostienen que llegamos a la presente situación por la implantación de un modelo fracasado: el socialismo del siglo XXI, que implicó una “destrucción del aparato productivo”, ocasionada por “la criminalización del emprendimiento productivo, y dos décadas de nacionalizaciones, confiscaciones y expropiaciones arbitrarias”; y por “regulaciones arbitrarias y controles”, que tienen como objetivo “expropiar de forma gradual el flujo de caja de los productores venezolanos, aumentar su control sobre la actividad económica y enriquecer a los aliados de su proyecto totalitario”. En realidad, en la denominada Revolución Bolivariana no se organizó ningún tipo de socialismo, y se mantuvo y acentuó la estructura económica venezolana que emergió con la Venezuela petrolera.

El aparato del Estado obtiene un ingreso producto de las exportaciones petroleras, y privatiza esos recursos para financiar el proceso de acumulación y atesoramiento externo de capital-dinero de las clases dominantes. Eso ocurre a partir de diversos mecanismos: el subsidio de las importaciones privadas con dólares estatales vendidos en tipos de cambio sobreevaluados, la distribución de créditos no retornables o con tasas de interés flexibles, la asignación de compras y contratos estatales, una estructura tributaria regresiva que supone un ingreso fiscal que proviene en su mayoría de tributos indirectos (IVA), la entrega de bienes comunes públicos a través de concesiones, y la asignación de estructuras físicas para las actividades económicas privadas.

El mismo programa “Plan País” reconoce que entre las causas de la crisis económica se debe incluir el aumento ficticio del consumo a través de bienes importados, pero encubre que eso no tiene nada de socialista y fue beneficioso para la acumulación y atesoramiento externo de capital-dinero de las clases dominantes. En el año 2003, el total de las importaciones de bienes fueron 11.215 millones de dólares, de las cuales las privadas representaron 8.000 millones de dólares. En cambio, en 2008, las importaciones de bienes alcanzaron 54.825 millones de dólares, y en ese año las privadas 38.103 fueron millones de dólares. En esos cinco años, el monto asignado a la totalidad de las importaciones creció en un 488,85%, y el monto asignado a las importaciones privadas aumentó un 476,28%. Esos datos oficiales del BCV, demuestran que en la bonanza petrolera chavista, el Estado financió las ganancias de los empresarios con el financiamiento de sus importaciones, y sobre todo porque le asignaban dólares en un tipo de cambio oficial sobreevaluado a través de Cadivi.

En el 2009 ocurre una reducción drástica del precio del petróleo, como una consecuencia del estallido de la crisis financiera mundial en el año anterior. Según el informe de Pdvsa de 2010 sobre sus Estados financieros consolidados de los tres años previos, el precio promedio del barril de la cesta petrolera venezolana en el 2008 fue 85,36 dólares y en el 2009 solo llegó a 57,01. Una disminución del 33,2%, que supuso una contracción de los ingresos de Pdvsa que pasaron de 122.488 millones de dólares en 2008 a 70.636 millones de dólares en 2009. En ese contexto recesivo de la economía, las clases dominantes profundizan la fuga de capital al exterior y el Estado intenta sostener los mismos niveles de importaciones y egresos, por ello empieza un consumo de las reservas internacionales y un voraz endeudamiento estatal que llega a su nivel más alto en el 2012, y después sufrimos desde el 2014 hasta la actualidad (2019).

Según datos oficiales del BCV y los informes consolidados de Pdvsa, ese endeudamiento del Estado ocurrió en dos direcciones: primero se incrementó la deuda externa gubernamental que estaba en 2008 en 37.774 millones dólares, y en 2012 creció hasta los 102.325 millones dólares; segundo, el pasivo total de Pdvsa que se encontraba en 2008 en 60.319 millones de dólares alcanzó en 2012 los 145.938 millones de dólares. Por lo tanto, la deuda estatal en tres años aumentó en 150.170 millones de dólares, llegando a los 248.263 millones de dólares, un crecimiento exponencial del 153%. Por otra parte, las reservas internacionales que en 2008 llegaron a los 43.127 millones de dólares, en 2012 cerraron en 29.890 millones de dólares. Una contracción del 30,69% en tres años.

Ese endeudamiento del Estado y consumo de las reservas internacionales, un legado económico de Hugo Chávez, se utilizó en el financiamiento de una gigantesca fuga de capital de las clases dominantes, en la compra gubernamental de empresas y bancos privados a precios de mercado o con sobreprecio, y en la continuidad del subsidio de las importaciones estatales y privadas. Según datos oficiales del BCV, en 2008 los privados venezolanos tenían depositados en el exterior sólo legalmente 95.283 millones de dólares, en 2012 ya habían fugado sólo legalmente 155.798 millones de dólares. Un incremento del 63,51%, en solo tres años. Además, más allá de la retórica de la oposición de derecha sobre las confiscaciones y expropiaciones arbitrarias, entre 2007 y 2010 el gobierno chavista pagó miles de millones de dólares para comprar Cantv a Verizon y accionistas minoritarios; el Banco Venezuela al Grupo Santander; Sidor a Techint, Vencemos a Cemex, Holcim y Lafarge; Cada al Grupo Casino y crearon Abastos Bicentenario, entre otras empresas.

Igualmente, entre 2009 y 2012, el financiamiento de las importaciones privadas continuó en medio de la recesión y después en la frágil recuperación económica. Por ejemplo, en el 2009 las importaciones totales bajaron a 44.812 millones de dólares, y de ese monto 29.323 millones de dólares fueron privadas, el 65,43%. En el 2012, las importaciones totales subieron hasta 71.083 millones de dólares, y de esa cantidad 39.311 millones de dólares fueron privadas, el 55,30%. Esos datos oficiales del BCV, evidencian que el Estado siguió financiando las importaciones de las clases dominantes del país en el período de declive de la bonanza petrolera. Entonces, entre 2003 y 2012, a través de Cadivi, el Estado subsidió miles de millones de dólares de importaciones privadas, y ahora la oposición de derecha quiere encubrir esa privatización del ingreso petrolero que permitió enormes ganancias a las fracción tradicional y emergente de la burguesía transnacional y local instalada en Venezuela. Una revisión somera de los datos de Cadivi, permite precisar que Empresas Polar y la Organización Cisneros fueron las empresas locales que recibieron más dólares estatales subsidiados entre 2003 y 2012.

Entre 2013 y 2018, las políticas económicas estuvieron condicionadas por el declive tendencial y vertical del precio del petróleo y la descapitalización del aparato del Estado, producto de su alto nivel de endeudamiento y la disminución de sus reservas internacionales. Desde 2013 hasta la actualidad (2019), el gobierno de Nicolás Maduro ejecuta una contracción unilateral de la cantidad de dólares destinados a la importación de insumos productivos y bienes de consumo final para dirigir esos dólares al pago de los vencimientos de la deuda externa del gobierno central y a la cancelación de pasivos de PDVSA. Un ajuste económico reaccionario que para beneficiar al capital financiero mundial provocó una enorme disminución de la oferta de mercancías y por ende un incremento vertical de la inflación. En ese marco, ocurrió un proceso de depauperación de la capacidad de compra de los salarios de la clase trabajadora del país, que los jerarcas chavistas intentaron justificar con la mentira de la llamada “guerra económica”. Además, el declive unilateral de las importaciones de insumos productivos agravó la crisis económica porque afectó a las capacidades operativas de la industria petrolera, generando una disminución vertical de la extracción de petróleo en el país, que en la actualidad solo llega a 1.148000 barriles diarios.

Como ya vimos, en el 2012, el Estado financió importaciones totales por un monto de 71.083 millones de dólares, en cambio según datos de la Cepal en el 2017 las importaciones totales fueron solo 12.710 millones de dólares. Al contrario, entre 2014 y 2016, el gobierno de Nicolás Maduro pagó 62.475 millones de dólares en deuda externa, sumando 44.071 millones de dólares en pasivos de Pdvsa y 18.404 millones de dólares en vencimientos de los bonos del gobierno central. Eso sin incluir el Fondo Chino-Venezolano, el Fondo de Gran Volumen y Largo Plazo con China, y los años 2017 y 2018 por la ausencia de datos oficiales del BCV y Pdvsa. En pocas palabras, la actual crisis económica es ocasionada por la prioridad absoluta del gobierno de Nicolás Maduro al pago de la deuda externa. Un endeudamiento estatal que surgió del financiamiento de gigantescas ganancias privadas y de la fuga de capital de empresarios tradicionales y altos burócratas corruptos.

2.- El “Plan País” es un programa propio del capitalismo neoliberal. Una primera aproximación

El programa gubernamental resumido en el llamado “Plan País” es abiertamente neoliberal, y por lo tanto su ejecución garantizaría importantes oportunidades de negocio y ganancias para el capital transnacional y local instalado en Venezuela. Su ejecución sería la continuidad del capitalismo actual pero incrementando la privatización y mercantilización. Veamos eso a partir de la identificación y caracterización de cuatro ejes centrales:

La industria petrolera. En ese eje se proponen promulgar una nueva Ley de Hidrocarburos que asegure “preservar la propiedad de la Nación sobre los yacimientos de hidrocarburos”, pero a su vez “permitir que el capital privado sea accionista mayoritario en proyectos petroleros”, “diseñar un régimen fiscal competitivo”, “maximizar la producción de petróleo y gas” y “crear la Agencia Venezolana de Hidrocarburos para la administración eficiente y técnica de los yacimientos, así como para regular y supervisar el sector”.

En pocas palabras, la Asamblea Nacional planea un incremento de la privatización de la industria petrolera del país, una eliminación o reducción significativa de la alícuota cobrada por concepto de regalías con la excusa de la competitividad, y un alejamiento de la política comercial volumétrica que busca incidir en el establecimiento de precios del petróleo más altos producto del recorte de la oferta mundial a partir del cumplimiento de niveles de extracción de petróleo acorde a las cuotas negociadas en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). Es un regreso a la Apertura Petrolera de los años 90 del siglo XX, cuando el Estado perdió ingresos petroleros y no pudo sostener un nivel de inversión productiva y social que asegurara mejores condiciones de vida a las clases populares.

Deuda externa. En ese eje se proponen “acceder a la banca multilateral para solicitar el financiamiento requerido en condiciones preferenciales y ayuda económica internacional”, “una reestructuración profunda de la deuda pública externa” y “esfuerzos por recuperar capitales mal habidos producto de operaciones ilícitas y saqueos al patrimonio de la nación”.

En resumen, la oposición de derecha planea reconocer la totalidad de la deuda externa del Estado, sin una auditoría que permita identificar el carácter espurio de ese endeudamiento estatal, y justifique un repudio total o parcial de esa carga financiera. Por eso, sin ninguna evaluación previa, Juan Guaidó le promete a China y a Rusia la cancelación de todas las deudas contraídas con esos países por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entonces, en consonancia con los intereses del capital financiero mundial solo sugiere una postergación del cronograma de pago y la solicitud de más crédito a la banca transnacional. Es decir, más deuda externa que seguirá reduciendo la disponibilidad presupuestaria para la ejecución de inversión productiva y social del Estado. De manera retórica, y sin ninguna centralidad, sostiene la necesidad de recuperar a los capitales atesorados en el exterior por empresarios y altos funcionarios corruptos, pero al mismo tiempo garantiza el pago de la deuda externa estatal que financió esa fuga de capital, y a través de la Ley de Amnistía les ofrece impunidad penal, patrimonial y tributaria.

Reforma del Estado y sus empresas. En ese eje proponen la “reducción del tamaño del Estado”, “dar apertura a la inversión privada en la empresas públicas y las medidas que sean necesarias para recuperar su capacidad de operación, especialmente en la gestión de servicios públicos”, “sustituir subsidios indirectos, ineficientes y regresivos por subsidios directos, eficientes y progresivos para proveer de protección a los hogares más vulnerables” y “desplazar mecanismos de distribución centralizados, irregulares y sujetos a corrupción y exclusión. En su lugar, utilizar los mecanismos de distribución desarrollados por la iniciativa privada y las organizaciones que se encuentran atendiendo la Emergencia Humanitaria Compleja”.

La Asamblea Nacional planea el despido masivo de trabajadores del Estado y la privatización de las empresas estatales especialmente las encargadas de la prestación de servicios públicos. Al mismo tiempo, proponen la continuidad del carácter compensatorio de la política social focalizada que se desarrolla en la actualidad con los Clap y el carnet de la Patria, al plantear como beneficiarios a la llamada población vulnerable y como mecanismo de distribución a los subsidios directos, pero ahora la gestión de las políticas sociales focalizadas sería privatizada a partir del traslado de su administración a Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Es absurdo que en vez de promover instancias de participación y control democrático de la gestión estatal de los servicios públicos y la política social, propongan su abierta privatización como una forma de evitar la corrupción. Las ONG no son ni electas ni surgen de la organización voluntaria de los trabajadores y las comunidades, por ende son emprendimientos privados que en muchas ocasiones encubren prácticas empresariales dirigidas al lucro o a la evasión tributaria.

Política de empleo y salarial. En el presente eje se proponen “promover el empleo local, a través de programas de emprendimiento comunitario que contribuyan a atender la emergencia humanitaria compleja y coadyuven a subsanar el deterioro de los bienes y espacios públicos” e “implementar mecanismos transparentes y consensuados de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para promover la dignificación del salario en el marco de la preservación y creación de empleos de calidad”.

La Asamblea Nacional es clara y solo ofrece la creación de empleos comunitarios que serán en condiciones precarias y flexibles para prestar servicios en las comunidades. Nada diferente al Frente Francisco de Miranda, o a los miles de facilitadores comunales del gobierno chavista. Pero, además, con la excusa de la conservación de empleos de calidad, plantea la determinación y actualización del salario pero de manera consensuada, seguramente con los empresarios privados. Es un discurso calcado de la circular Nº 2792 del gobierno de Maduro, publicada el 11 de octubre del año pasado, y con la cual se eliminó la negociación de los contratos colectivos, sin la intermediación e imposición estatal de condiciones favorables para los empleadores gubernamentales y privados. El diputado Juan Guaidó insiste en el uso de una red de contención comunitaria de las clases populares depauperados por el ajuste económico reaccionario, niega la necesidad de un salario que cubra la canasta básica familiar y tampoco reivindica el restablecimiento de los contratos colectivos. Los ataques antiobreros de Nicolás Maduro como la imposición de una tabla salarial única y la destrucción del salario serán conquistas de las clases dominantes heredadas con beneplácito por un posible gobierno de la oposición de derecha. Ante esa situación, los integrantes de las organizaciones sindicales autónomas y con independencia de clase como la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma (Ccura) seguirán exigiendo un salario que cubra la canasta básica familiar e indexado a la inflación y el restablecimiento de los derechos laborales conquistados en las diferentes contrataciones colectivas.