Este jueves la Procuraduría General de la República de México anunció el inicio de una investigación contra ciudadanos involucrados en la venta de alimentos básicos y que han obtenido recursos públicos venezolanos. La información fue aportada por el sub procurador mexicano Alonso Lira, quien señaló que se localizaron 1.300 contenedores de despensas alimenticias en México con destino a Venezuela.

El funcionario explicó que detectaron la existencia de operadores como “Alex N”, presuntamente, relacionado con autoridades del gobierno venezolano, “Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes acuden a diversos países para contactar con otras empresas y obtener los alimentos. Lira señaló que los imputados deberán entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tres millones de dólares. Además, se comprometen a no realizar ningún acto de tipo comercial con el gobierno venezolano o con terceros que operen en el envío, comercialización de despensas, alimentos o medicinas con motivo del programa del Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Erosión de la independencia alimentaria

Cientos de denuncias sobre actos de discriminación, desvío de alimentos, hechos de violencia y corrupción, han surgido desde la creación de los CLAP. En 2016 Maduro anunció que los CLAP tenían el propósito de “derrotar la guerra económica y estabilizar la economía en los próximos 6 meses”. Los CLAP Fueron creados en el marco de la “Agenda Económica Bolivariana” para “terminar de superar el modelo rentista y capitalista instaurado en la Cuarta República”. El 12 de mayo de 2016 Maduro asignó un fondo de 10.000 millones de bolívares para impulsar los CLAP, además se anunció entonces un nuevo método de organización en el que participarían las Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH), el Frente Francisco de Miranda y la Unión Nacional de Mujeres (UnaMujer), todas estas instancias bajo el control y supervisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Desde su creación Provea advirtió que con los CLAP la gestión de Nicolás Maduro erosionaba definitivamente las garantías para el derecho humano a la alimentación. Sumado a la indolencia e incapacidad del gobierno para brindar garantías mínimas para los derechos sociales como salud y acceso a servicios públicos, esta figura fomenta la segregación social y obstaculiza la producción, distribución y obtención de alimentos en niveles adecuados y suficientes por parte de la población.
Perseguir al mensajero

El portal de periodismo de investigación independiente Armando.info ha realizado una serie de reportajes que desnudan la corrupción asociada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Actualmente, la directiva e investigadores del medio se encuentran fuera del país debido a actos de hostigamiento y persecución por parte del sistema judicial venezolano y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que prohibió al portal divulgar información sobre el empresario Alex Saab, uno de los involucrados en los casos de corrupción investigados.

El debilitamiento de la contraloría social y los obstáculos para el ejercicio de la libre expresión en situaciones que involucran al gobierno venezolano en hechos de corrupción, sumado a la ausencia de una institucionalidad democrática que investigue y sancione el uso indebido de los recursos públicos, propicia la reiterada comisión de estos actos que erosionan la garantía para los derechos sociales.

En 2016 La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la condena emitida el 11 de marzo de ese año por el Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado de Bolívar, Venezuela, contra el director del periódico Correo del Caroní, David Natera Febres, por los delitos de difamación e injuria continuada en perjuicio de un empresario contratista de la corporación ferrífera estatal venezolana. El juicio contra el director del medio se originó en 2013 cuando el Correo del Caroní reveló un caso de extorsión que involucraba a un coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a la alta gerencia de la Corporación Venezolana de Guayana-Ferrominera Orinoco y sus contratistas. Tras una investigación, el medio informó que el oficial de inteligencia extorsionaba a los directivos y contratistas de la ferrífera estatal a cambio de no revelar su participación en actos de corrupción. De acuerdo con la información disponible, como consecuencia de lo anterior, el oficial militar fue detenido, el presidente de la compañía estatal de hierro y tres gerentes fueron destituidos de sus cargos, detenidos e imputados, y un empresario contratista fue detenido e imputado, acusados de los delitos de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. El contratista imputado demandó penalmente a Natera por los delitos de injurias y difamación.

A propósito de dicha condena la CIDH recordó: “La jurisprudencia interamericana en reiteradas oportunidades ha reconocido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en ellos, el derecho a investigar y difundir por esa vía hechos de interés público. En una sociedad democrática, la prensa tiene derecho a informar libremente sobre las actividades estatales y asuntos de interés público, y la población tiene un derecho correlativo a ser informada sobre estos asuntos”.

La investigación que adelanta la Procuraduría General de la República de Mexico, es un espaldarazo al periodismo independiente venezolano, que a pesar de las amenazas y el hostigamiento se atreve a seguir desnudando el complejo y amplio entramado de corrupción que sostiene de forma inmoral e indolente a la dictadura de Maduro.
Corrupción y empobrecimiento deliberado

En alusión a los estándares internacionales que protegen los derechos humanos, Provea ha dicho en repetidas ocasiones que la corrupción viola los derechos humanos de aquéllos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables. Los más pobres tienen menos capacidad para defenderse frente a actos de corrupción, por lo tanto, cuando el disfrute pleno de sus derechos se ve afectado por hechos de corrupción, se refuerza la exclusión social a la que están expuestos. La corrupción, profundiza la violación de derechos humanos y los problemas que ya existían para los sectores históricamente excluidos. La corrupción afecta el ingreso de quienes viven en condiciones de pobreza, compromete el desarrollo de políticas, programas sociales y estrategias dirigidas a satisfacer las necesidades básicas, desvía los recursos públicos para inversiones en sectores como la salud, educación, alimentación y servicios públicos, que son elementos de importancia crucial para lograr reducir la pobreza en el país.

Este nuevo escándalo confirma dos cosas. La primera, que en Venezuela no existen órganos independientes para investigar los graves hechos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Por el contrario, el Ministerio Público bajo la gestión del fiscal de la dictadura Tarek William Saab, es un instrumento cómplice que propicia la reiteración de estas situaciones y el encubrimiento de los responsables. Las investigaciones sobre hechos de corrupción que se adelantan contra funcionarios o ex funcionarios venezolanos, están siendo conducidas por tribunales y órganos de otros países. Esta semana un tribunal español ordenó una medida de prisión provisional por blanqueo de capitales contra Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía del presidente Hugo Chávez. Villalobos fue detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas, entre ellas el argentino Luis Fernando Vuteff, también encarcelado preventivamente. Otros órganos de justicia europeos y norteamericanos, también realizan investigaciones y procedimientos de congelación bienes contra personas vinculadas al gobierno venezolano, por graves hechos de corrupción en los que se dilapidaron los recursos de los venezolanos. Un órgano independiente, en un contexto democrático, deberá hacer comparecer ante la justicia al señor Freddy Bernal, Jefe del Centro de Control Nacional de los CLAP, y todos quienes han ocupado cargos de dirección en el proceso de importación de alimentos. Todos los funcionarios presuntamente involucrados deben responder al país ante este y otros hechos de corrupción vinculadas al hecho alimentario.

La segunda, es que el desconocimiento permanente de la emergencia humanitaria compleja por parte del gobierno venezolano, y su negativa permanente a reconocer la escasez de alimentos y la desnutrición, revelan nuevamente que la dictadura y su cúpula empobrecen deliberadamente a los venezolanos para sostenerse en el poder a costa del hambre, con el único objetivo de beneficiar a las economías criminales que actúan bajo el amparo de la dictadura.