Foto: mujeres de las comunidades pemón de San Luis de Morichal, El Vapor y San Antonio de Roscio protestan en El Dorado para exigir la entrega del cuerpo de Oscar Meya. Fuente: Aporrea

El pasado 13 de marzo fue secuestrado Óscar Meya, hermano del capitán Omar Meya, de la comunidad Pemón ubicada en San Luis de Morichal, municipio Sifontes del estado Bolívar. Una semana después el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón confirmó el asesinato de Óscar Eliezer Meya Lambos a manos de una de las bandas criminales (autodenominadas “sindicatos”) que opera en los pueblos de dicho municipio, cuyos miembros se niegan a entregar el cuerpo la víctima. A esta banda se le acusa también de la muerte de Domingo Cabrera, quien fue asesinado el 30 de julio del 2017. Con Meya serían dos los indígenas de la comunidad San Luis de Morichal que han sido asesinados en los últimos meses.

La ambición por el oro y el desprecio de los pueblos del sur por parte del Estado han traído como consecuencia disputas sumamente violentas entre grupos armados por el control de territorio, siendo los más afectados las comunidades indígenas y los pobladores rurales no indígenas de la región. Existen cientos de noticias, producidas sobretodo en la última década, donde se reportan masacres y crímenes de lesa humanidad perpetrados principalmente por los mal llamados “sindicatos”, a los cuales estarían presuntamente vinculados a los cuerpos de seguridad estatales (militares y policiales) en distintos niveles.

El secuestro en febrero de 2015 de nueve soldados y del para entonces comandante de batallón del Ejército venezolano, Giancarlo Giordani Leal, por parte de comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema del río Caura, es sólo uno de los numerosos casos registrados sobre conflictos generados por abusos de efectivos militares en diversas zonas de la entidad. Lo más preocupante es que tanto los indígenas como los pequeños mineros y el resto de los habitantes de estos pueblos afirman que la mayor parte de estos brutales hechos no son publicados por las grandes cadenas privadas de los medios de comunicación, ni tampoco por el sistema informativo oficial controlado por el gobierno. En tal sentido vemos con mucha preocupación cómo estos acontecimientos se han potenciado, especialmente en los últimos dos años, en que la explotación minera ilegal se ha expandido enormemente en el inmenso territorio decretado por el gobierno como “Arco Minero del Orinoco” (Decreto 2.248), convirtiéndose en una gran “Bulla” de expoliación de la Naturaleza.

La ausencia del estado de derecho condiciona todo un escenario de violencia, criminalidad y violación de derechos humanos donde se impone la ley del más fuerte. En estas zonas mineras caracterizadas por presentar los niveles de desigualdad, miseria y pobreza más altos del territorio nacional, los sectores más excluidos, como los pemón en este caso, sufren la violencia y el sometimiento social de estructuras estatales y/o paraestatales, epidemias como la malaria, la depauperación crítica de servicios como el transporte o la asistencia sanitaria, y un claro desplazamiento de sus territorios. Como lo expresó un indígena indignado por los recientes acontecimientos: “Ésta situación se viene suscitando desde hace años atrás, ya que la comunidad Pemón del Morichal no ha dado su brazo a torcer en la defensa de sus territorios ancestrales y en contra de la explotación minera. El año pasado fue asesinado un integrante de la comunidad y así van; la violencia de los denominados sindicatos busca empoderarse, vivimos bajo una zozobra permanente.”

Es histórica la férrea resistencia que las comunidades Pemón mantienen por la defensa de sus territorios contra intereses ajenos que pretenden someterlos o desplazarlos para extraer recursos minerales del área. Por ello, los abajo firmantes nos solidarizamos con la lucha de los Pemón y demás comunidades indígenas sometidas a los flagelos mencionados. De igual forma acompañamos al Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón en su exigencia de una urgente actuación de los organismos competentes en áreas de derechos (Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para Asuntos Indígenas) ante la negativa del “sindicato” de entregar el cuerpo de Oscar Meya y las prácticas de amedrentamiento que aplican contra los indígenas, así como la demanda del reinicio del proceso de demarcación de los territorios.

NO A LA ENTREGA DE LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DE LOS PEMONES Y DEMÁS PUEBLOS ORIGINARIOS PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA

NO A LA DESTRUCCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO HÍDRICO DEL AMAZONAS

3/04/2018

Firman:

Organizaciones:

Plataforma contra el Arco Minero

Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución

Revista SIC (perteneciente al Centro Gumilla)

Marea Socialista

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Grupo Ecológico de San Pedro

PROVEA

Fundación Nativo

Ecoclima21

Acceso a la Justicia

Sociedad Hominis Lura (SOHI)

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI). Universidad de Los Andes (ULA)

Observatorio de Derechos Humanos. Universidad de Los Andes (ULA)

Cátedra de Derechos Humanos. Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

SOS Orinoco

Laboratorio de Paz

La Cabra Films, C. A.

El Zancudo Digital

Independientes:

Tibisay Maldonado Lira – Promotora Cultural

Edgar Pérez Rueda – Docente ULA

Angel Delgado Machado

Dora Dam de Monsalve – Psicóloga UCV

Mary Monsalve Dam – Periodista UCV

Daisy J. Barreto Ramos – Antropóloga UCV

Teresa Ontiveros Acosta – Docente Antropología UCV

Pavel Rondón

Aimé Tillet

Ofelia Alvarez Cardier