En el verano de 2011, a propósito de una estancia académica realizada en Venezuela, un oficial de la contrainteligencia cubana cuestionó mis vínculos con la ONG de Derechos Humanos PROVEA. La minuciosa información sobre mi visita a tierras venezolanas, contrastaban con la deformada y simplista caracterización del trabajo y perspectiva política de quienes integran dicha organización. “Son agentes de la CIA”, me comentó el agente, ante lo cual me limité a recordarle el papel de estos activistas en la defensa de la integridad física y legal de los funcionarios chavistas perseguidos durante el golpe de abril de 2002.

Retomo esta anécdota porque las ofensas, acusaciones y rumores difundidos por personeros del estado venezolano, encabezados por el Ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, parecen seguir ese mismo libreto, poniendo en la mira a PROVEA y, con ellos, al trabajo de todas las organizaciones venezolanas de defensa de Derechos Humanos. A PROVEA se le acusa de ser “retaguardia del fascismo” y formar parte de una “derecha golpista y desestabilizadora”. La causa principal e inmediata de todo esto parece ser el estudio, realizado por la organización, sobre los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) supuestamente quemados por fuerzas opositoras en las jornadas siguientes al 14 de abril, día de las elecciones. En su informe, PROVEA –tras investigar in situ, recabar testimonios y revisar lo informado por la prensa- corrobora las contradicciones, inexactitudes y falsedades de tal acusación y deplora que los medios públicos la difundiesen sin mayores pruebas, avivando el fuego de la polarización postelectoral. Días atrás –y hasta al presente- había condenado toda la violencia, con independencia de su procedencia política, llamando al ejercicio pacífico de los derechos ciudadanos y a su respeto por el estado.

Tras publicar tal resultado, se estableció una comunicación entre el ministro Villegas y el coordinador de PROVEA, Marino Alvarado, que pareció abrir un promisorio canal de diálogo respetuoso, tan necesario (y escaso) en la coyuntura actual. Sin embargo, no pasaron muchas horas para que dicho funcionario, en su cuenta de twitter y en canales del estado, lanzara una serie de descalificaciones y acusaciones contra el trabajo de la ONG y sus supuestas filiaciones políticas. Dejando prueba, una vez más, de la intolerancia de un estilo de gobernar que confunde el ejercicio y la defensa de derechos con la conspiración, y la autonomía de las organizaciones sociales con la disciplina y sujeción a los dictados del grupo dominante.

Ningún estado, sea cual sea su carácter ideológico, es complaciente con el tema Derechos Humanos. En los regímenes neoliberales los defensores son acosados, reprimidos y sus sugerencias minimizadas, desoídas y retórica (o selectivamente) asimiladas por diversas instancias del estado, como revelan las persistentes críticas a las torturas a prisioneros y la discriminación a las minorías étnicas en EEUU, las desapariciones de campesinos en Colombia y la situación de los periodistas en México. Los gobiernos progresistas han preferido privilegiar los derechos sociales a la vez que limitar el ejercicio del activismo ciudadano en la defensa y promoción de los Derechos Humanos. En regímenes abiertamente autoritarios, el uso de la violencia física no desparece, pero suele pasar a un segundo lugar como complemento a una estrategia principal: la exclusión del tema, la ilegalización de sus proponentes y la anulación del derecho a la organización autónoma, desplegados desde las instituciones de un estado todopoderoso.

No importa que PROVEA mantenga un historial de más de 25 años de defensa de los excluidos, que sus integrantes hayan alzado la voz frente la represión del Caracazo o que sus recomendaciones en materia de Derechos Humanos formen parte del progresista articulado de la Constitución vigente. Tampoco que haya ponderado, desde 1998, la labor de inclusión social desplegada por el chavismo y que sus críticas a las violaciones de derechos cometidas por funcionarios gubernamentales se hayan visto corroboradas con el tiempo o, incluso, hayan sido aceptadas por el oficialismo, como sucedió cuando el desastre de Vargas. Ni siquiera que los fundadores de esta ONG- que han acompañado el trabajo de la organización a lo largo de estos años- sean exiliados[i] de dictaduras fascistas del Cono Sur -apoyadas por EEUU-, antiguos guerrilleros y militantes del cristianismo popular.[ii]

Tampoco es relevante, para los cancerberos del madurismo, que la visión de PROVEA rescate un enfoque integral de los Derechos Humanos, que les lleva a ponderar los Derechos económicos, sociales y culturales sin privilegiar – como hacen algunas ONGs de matriz liberal- los civiles y políticos. Ni parece tener valor alguno la vinculación de varios de sus activistas con sendas campañas por la desmilitarización de la región latinoamericana, una agenda seguramente muy cercana a las filosofías de Hitler y Mussolini.

Todo ello es invisible para quienes, en procura de la máxima hegemonía política y olvidando la pluralidad inicial del movimiento progresista que les llevó al triunfo de 1998, descalifican ahora la labor de los defensores de Derechos Humanos. Porque su ideal es un estado dirigente, que sea juez, defensor y fiscal, con ciudadanos carentes de cualquier forma de (auto)defensa colectiva, frente a los abusos de los funcionarios y de los entes privados. Por eso, a semejantes funcionarios -y a sus secuaces- les produce escozor un sindicalista bolivariano –pero autónomo- como Rubén Gonzales, un activista juvenil como Mijail Martínez o un líder indígena como Sabino Romero; al primero lo condenan a sufrir una injusticia infinita, a los últimos les envían la muerte. No por gusto la actual ofensiva contra la imperfecta (pero necesaria) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coaliga los esfuerzos de varios gobiernos latinoamericanos –con disimiles posturas ideológicas- , con especial protagonismo de los aliados del ALBA.

Lo que especialmente llama la atención e irrita es que personas supuestamente forjadas (por su edad y militancias) en otro legado de izquierdas (movimientista, democrático, participativo) reproduzcan ahora, con su toda su carga de mentira y represión, el discurso y modus operandi del viejo estalinismo. A gente como Nicolás Maduro, formado en las escuelas políticas cubanas y en una vieja militancia sindical socialista, se le pueden comprender sus filias y fobias frente al tema. Pero aquellos que invocaron a los Derechos Humanos cuando estaban en posiciones de minoría y de acoso frente al régimen puntofijista, quienes entonces apelaron a estas mismas organizaciones que hoy criminalizan y se presentaron como demócratas populares revelan hoy una desmemoria, doblez y cinismo impresionantes. Y ello es válido para buena parte de los funcionarios, opinadores y esbirros digitales del oficialismo venezolano.

Para los amigos que, en otros contextos, acompañan la labor de PROVEA, creo necesario hacer una última precisión. La historia del siglo XX, matriz de los peores regímenes de opresión creados por la (in)civilización humana y de la lucha misma por los Derechos Humanos, ha demostrado que existen diferentes tipos de dominación y gobernabilidad –totalitarios y democráticos, progresistas o neoliberales- , gestionadas de diversa manera por el estado y el capital. Y que ninguna de estas dominaciones es preferible a las otras, pues en todas hay víctimas concretas de procesos represivos concretos, que tienen el derecho a ser escuchadas, acompañadas y defendidas. Vale lo mismo para quienes, desde las organizaciones de DDHH, apoyan esa lucha y reclamo en Acteal o Tiannamen, en las celdas de la Base de Guantánamo o las calles de Barquisimeto. Por eso hay que abandonar las autocensuras militantes (“no hacer el juego al imperialismo”) y las solidaridades selectivas (“contra Uribe sí, pero con el hermano gobierno bolivariano no…”) de las que somos frecuentemente presas; por dogmas ideológicos o por asuntos que, tal vez, debiéramos resolver con una visita al psicoanalista. Y hay que hacerlo antes que sea demasiado tarde.
[i] http://amnistia.me/profiles/blogs/raul-cubas-sobrevivi-para-condenar-el-horror

[ii] Filiación que, entre otras cosas, les ha valido una especial precaución ante fondos provenientes del gobierno estadounidense.http://www.derechos.org.ve/provea/quienes-hacen-posible-nuestra-mision/