El Estado brasilero ejecuta un ambicioso plan de expansión energética en América Latina y el Caribe (ALC) con el fin de atender la creciente demanda de su industria. Brasil pretende construir represas en al menos siete países de la región, planea aumentar la producción de etanol, militariza sus yacimientos petroleros y fuentes de energía en la Amazonía y el mar, y coordina desde el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación de Unasur el relanzamiento de la “IIRSA del siglo XXI”.

El gobierno de Dilma Rousseff acelera la ejecución de varios proyectos en Brasil y otros países de ALC para ampliar la oferta de energía y atender la creciente demanda de la región, que vive un período de expansión económica. Brasil intenta ampliar las fuentes de energía en el exterior, previendo retrasos en la construcción de generadoras en su territorio.

La carencia de energía en ALC favorece a largo plazo la concreción de varios proyectos hidroeléctricos contemplados en el Plan Decenal de Expansión de Energía, según la compañía estatal Eletrobras. En ese sentido, avanzan las negociaciones con Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia y Venezuela para nuevos emprendimientos (no solamente hidroeléctricas), mientras que Colombia, Guyana y Surinam mantienen conversaciones con el gobierno federal, Eletrobras y con el sector privado.

Solo Eletrobras pretende aumentar 18 GW al sistema con unidades construidas en el exterior hasta el año 2020. El gobierno brasilero realiza estudios para construir represas en al menos siete países de la región, todas ellas integradas por 10 mil kilómetros de cables y con una capacidad de generación de 12 mil MW.

El acuerdo de integración energética firmado por los ex presidentes Lula da Silva y Alan García en 2009 proyecta la instalación de las hidroeléctricas Inambari, Pakitzapango, Tambo 40, Tambo 60 y Mainique en los ríos de Perú. La construcción de las seis centrales con potencial para generar 6.000 MW está a cargo de Eletrobras.

Eletrobras inició negociaciones para la construcción de represas en la Guyana Francesa (1.500 MW) y está mapeando el potencial hidroeléctrico total del país. Además, evalúa la hidroeléctrica Cachuela Esperanza en Bolivia con 800 MW de capacidad. Brasil y Argentina prevén instalar dos usinas binacionales en el río Uruguay, que producirán 2 mil MW.

Brasil participa en la construcción de la central de Tumarín en Nicaragua, un megaproyecto valorado en más de 800 millones de dólares, adjudicado al consorcio Queiroz Galvão-Electrobras-Astaldi. En Costa Rica, Electrobras y Sinohydro se disputan el proyecto hidroeléctrico en el río Reventazón, en el límite entre Siquirres y Turrialba, valuado en mil millones de dólares. Por otro lado, la constructora Odebrecht ejecuta el proyecto hidroeléctrico Palomino en República Dominicana, y prevé construir una gran represa en la cuenca del río Rufiji en Tanzania, país ubicado en África oriental.

Sin embargo, el gobierno brasilero reconoce que la construcción de hidroeléctricas, muchas de ellas en territorios indígenas y reservas forestales vulnerables, no es viable a corto plazo, ya que éstas requieren una serie de estudios y licencias que se tramitan en no menos de 10 años, y además tienen un alto costo político. Las represas brasileras han comenzado a movilizar a pueblos indígenas, grupos ambientalistas y a críticos del “imperialismo” brasilero en todo el continente.

Por esa razón, una de las prioridades de la nueva presidenta de la estatal Petróleos de Brasil (Petrobras) María das Graza Foster es incrementar la producción de etanol y la oferta en el mercado interno y disminuir la dependencia de la gasolina importada. “Quiero producir petróleo, quiero producir etanol, que considero extremadamente importante”, sostuvo dos días después de tomar posesión como la primera mujer del mundo en comandar una petrolera del tamaño de Petrobras. (Telenoticiero Jornal da Globo) [1]

Hace poco, el ministro de Relaciones Exteriores Antonio Patriota y el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) Luciano Coutinho acordaron financiar investigaciones sobre bionergía en Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo, miembros de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (Uemoa). Brasil y la Uemoa suscribieron el Memorando de Entendimiento en octubre de 2007.

La presidenta Rousseff consideró “estratégica” la relación de Brasil con los países caribeños y latinoamericanos, por la importancia económica de la región, y aseguró que la política externa de su gobierno en 2012 priorizará la aproximación con las naciones de ALC y África.

Para evitar que la expansión brasilera sea vista como una arremetida neo imperialista en la región, el gobierno de Rousseff aboga por que las relaciones con países vecinos no se centren solamente en asuntos económicos sino también en programas de cooperación, seguridad fronteriza e integración física.

Brasil relanza la IIRSA

Brasil coordina el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación (Cosiplan) de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), organismo que acaba de aprobar un nuevo Programa de Acción Estratégica que prioriza la ejecución de 31 proyectos de infraestructura en los próximos 10 años, con una inversión estimada de 16 mil millones de dólares.

Los 12 ministros de Planificación de la Unasur aprobaron a fines de 2011 en Brasilia el nuevo plan de integración 2012-2022 que contempla hidrovías, ferrovías y carreteras. Los cuatro proyectos priorizados son el corredor ferroviario entre los puertos de Paranagua (Brasil) y Antofagasta (Chile) con un costo de 3.700 millones de dólares; la carretera Caracas-Bogotá-Buenaventura-Quito-Pacífico valuado en 3.350 millones de dólares; el ferrocarril bioceánico Santos-Arica trecho boliviano que costará 3.100 millones; y la carretera Callao-La Oroya-Pucallpa de 2.500 millones de dólares.

Todas estas obras son parte de la cartera de proyectos de la antigua Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA), pero los responsables del Cosiplan juran que el enfoque es diferente. En vez de “pasillos de exportación de insumos” para fuera del subcontinente, será privilegiado el “desarrollo interno” de la región, asegura Brasil, principal beneficiario de dicho “desarrollo”.

La secretaria general de la Unasur María Emma Mejía informó que a Brasil le interesan particularmente las generadoras de energía y el ramal ferroviario Paranaguá-Antofagasta. “Las exportaciones brasileñas a China a través del Pacífico deben recorrer casi 7.000 kilómetros, lo que será acortado en tiempos y reducido en costos con el funcionamiento de un ferrocarril de 1.200 kilómetros que vincule al Pacífico con el Atlántico a través de Bolivia”, justificó el Presidente boliviano Evo Morales.

Un grupo de trabajo de la Unasur se encargará de buscar financiamiento público y privado en todo el mundo. Se invitará a la Corporación Andina de Fomento (CAF), al Banco de Desarrollo de Venezuela, al Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina y al Banco del Sur, pero todo indica que el principal financiador de la “IIRSA del siglo XXI” será el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

Imperialismo brasilero

El Estado de Brasil alienta la internacionalización del capital privado y las inversiones brasileras en los países de la región con el objetivo de “crear flujos de comercio” y asumir un papel más importante en el mercado mundial, señala Lia Valls Pereira, economista de la Fundación Getulio Vargas. El gobierno fortalece a las grandes empresas nacionales para que actúen como multinacionales regionales a fin de tener “el monopolio de los mercados latinoamericanos y el acceso a los recursos naturales de esos países”, afirma Guilherme Carvalho de la ONG Fase-Amazonia.

El proceso de internacionalización de las empresas brasileras comenzó en 1970, cuando la dictadura militar impulsó la edificación de megaobras de infraestructura e incubó conglomerados privados que prosperaron con el dinero del BNDES y la ayuda directa de la diplomacia brasilera.

El BNDES “se hizo más conocido como financiador de grandes proyectos de infraestructura en América Latina (condicionados a la participación de constructoras brasileñas o a la compra de bienes y servicios) a través de lo que hacemos en pro de las exportaciones brasileñas”, precisó a la AFP Luciane Machado, superintendenta de comercio exterior del banco. [2]

El ex presidente Lula da Silva negoció personalmente contratos de construcción de hidroeléctricas en Venezuela y Colombia; grandes obras como el metro de Caracas, y puertos, autopistas, represas y petroquímicas en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Perú. [3]

Con semejante respaldo, las actividades de las constructoras brasileñas en ALC y África experimentaron un crecimiento de 544% en los últimos 10 años. Actualmente, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS y Camargo Corrêa construyen en por lo menos 16 países de América Latina. Odebrecht ha realizado obras de ingeniería en unos 20 países y está presente en Angola, Mozambique y Liberia. [4]

Según la investigadora Ana Saggioro Garcia, las acciones de las empresas brasileras en el exterior están íntimamente ligadas a las políticas públicas del Estado de Brasil. Se trata de “una alianza entre empresa y Estado para la realización de proyectos, en el marco de un proyecto de desarrollo específico, y contra las poblaciones locales que viven y trabajan en el territorio”. (BBC Brasil)

Saggioro Garcia identifica diferencias sustanciales entre la instalación de una industria brasilera en el exterior y la construcción de represas, carreteras y otras obras de infraestructura que “transforman territorios y vidas…”. “Es un combate entre actores desiguales”, apunta la investigadora y pone como ejemplo el caso boliviano.

Desde que llegó al poder, Evo Morales siempre defendió un proyecto de “retorno al campo” fundamentado en las pequeñas comunidades, pero se vio obligado a aliarse con Brasil y ceder a un proyecto más orientado al “desarrollo”.

El común denominador de los proyectos de “desarrollo” brasileros en Bolivia y en otros países es que están diseñados expresamente para satisfacer las necesidades de la industria privada brasilera. No toman en cuenta las necesidades del mercado nacional ni los altos costos socioambientales para las poblaciones locales.

Aron Berlinki, coordinador de Procesos Internacionales del Instituto brasileño Vitae Civilis, considera que “Brasil tiene potencial para mostrar en la Conferencia Río+20 que es posible conciliar el desarrollo y el medio ambiente y políticas que compatibilicen la inclusión social y el desarrollo limpio, con menos emisiones de gases efecto invernadero que los países ricos. Pero aún hay una serie de dificultades prácticas para direccionar la actividad económica en un sentido más sostenible… y corregir algunas “distorsiones graves de la política energética”, como por ejemplo la posible flexibilización de las leyes ambientales previstas en el Código Forestal, y la decisión de seguir invirtiendo en grandes proyectos hidroeléctricos, en detrimento de otras energías renovables.

“No vengas a colonizar”

La misión principal del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea brasileñas en los próximos 20 años será defender las fuentes energéticas halladas en Amazonía y en el espacio marítimo nacional, expuso el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas general José Carlos de Nardi, en el segundo Seminario Estrategia Nacional de Defensa celebrado este 15 de febrero en Brasilia. (Agencia Cámara de Noticias).

De Nardi precisó que la Marina modernizará su poder naval y construirá submarios para el monitoreo y control de las aguas jurisdiccionales de la llamada Amazonía Azul brasileña, que alberga recursos petrolíferos. El plan contempla la disminución de brigadas en el Sureste y Sur; la implantación de la segunda Escuadra en el Norte y el Noreste, y la creación de nuevas brigadas para monitorear las fronteras. La Estrategia Nacional de Defensa Aeronáutica prevé la producción de aeronaves KC-390 por la Empresa Brasileña de Aeronáutica, y el desplazamiento de aviones cazas hacia la Amazonía.

Es necesario que la Unasur proteja la biodiversidad, los alimentos, agua potable y otras riquezas de los países que la componen, enfatizó el ministro de Defensa de Brasil Celso Amorim, tras considerar que en las próximas décadas “podríamos ser afectados por guerras entre países de fuera de la región en disputa por recursos naturales”.

Varios analistas creen que la potencia sudamericana utilizará a la Unasur y al Mercosur como instrumentos para consolidar su liderazgo regional. El presidente del Uruguay José Pepe Mujica advirtió recientemente a Brasil que si de verdad pretende ganarse la confianza de sus vecinos, debe relacionarse con ellos de igual a igual y renunciar a todo afán de conquista.

En una entrevista con la revista Políticas, Mujica exhortó: “Nosotros en cada instancia relativamente difícil podemos tener enemigos exteriores, pero los peores enemigos somos nosotros mismos (…) En el caso del Brasil, nosotros les dijimos bien lo que pensamos: la época de los ingleses pasó. Si queremos unificar no vengas a colonizar, vení a asociarte, vení a buscar aliado, vení a juntar barra, pero no vengas a apropiarte de todo”.

Notas:

[1] Foster fue directora del Área de Gas y Energía y titular de la Petrobras Gas S.A. (Gaspetro), miembro de los Consejos de Petrobras Transporte, de la Petrobras Biocombustibles y de la Braskem, y presidenta de los Consejos de Administración de la Transportadora Brasileña Gasoducto Bolivia-Brasil y de la Transportadora Asociada de Gas. Es graduada en Ingeniería química de la Universidad Federal Fluminense, y también posee un posgrado en Ingeniería Nuclear de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

[2] Entre 2001 y 2010, los financiamientos del BNDES para construcciones brasileras en el exterior registraron un alza aproximada de 560%, saltando de 194,5 millones a 1,3 billones de dólares. Entre enero y junio de 2011 los desembolsos sumaron 776 millones de dólares. Los préstamos del BNDES en ALC aumentaron más de siete veces en casi una década, 80% para infraestructura y 20% para importación /exportación de productos brasileños.

[3] Datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirman que las constructoras son las mayores financiadoras de las campañas electorales del Partido de los Trabajadores. En las elecciones de 2006 las donaciones llegaron a R$22,5 millones y Camargo Corrêa donó R$6,5 millones. Para la campaña de Dilma aportaron R$37 millones, Camargo Corrêa puso R$8,5 millones.

[4] Según Boston Consulting Group (BCG), hay 100 multinacionales con sede en ocho países latinoamericanos: 34 en Brasil, 28 en México, 21 en Chile, siete en Argentina, cinco en Colombia y tres en Perú. A fines de 2009, las 30 principales multinacionales brasileras poseían cerca de 90 billones de dólares en activos en el exterior y empleaban a cerca de 200 mil personas en otros países. Apenas nueve empresas contaban con activos internacionales superiores al billón de dólares y otras 10 con más de 100 millones de dólares. En total, sus inversiones directas en el exterior bordeaban los 160 billones de dólares.