Motos en el parque nacional Waraira Repano. Fuente: Redes sociales

Recientemente pudimos ver en las redes sociales como más de 150 motos de alta cilindrada subieron al Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como El Ávila; para una exhibición de motos. Esto es un paso más en la desregulación ejercida desde las autoridades de protección de los Parques Nacionales, que no la primera, pero sí un signo de la profundización de una política que ya es clara y sistemática contra estos espacios naturales, en procura de la rentabilización de dichos espacios y su usufructo económico. Lo que se ve de forma más descarada con las denuncias realizadas por senderistas a quienes se les ha pretendido cobrar $4 por subir el cerro por sus caminerías.

#29Abril ¿El Coordinador el #PNElAvila consideraría qué nivel alcanzaría el impacto ambiental de 150 motos ascendiendo #simultáneamente por El Ávila hacia el Humboldt, antes de autorizarlas? En #INPARQUES ¿Se protege el ambiente o se cuidan #losnegocios? … pic.twitter.com/YDmTjdyQxf
— sunepinparques2 (@sunepinparques2) April 29, 2023

En ocasiones anteriores, los miembros del Sindicato Unido de Trabajadores de INPARQUES (SUNEPINPARQUES) habían denunciado que se estaban realizando exhibiciones de motos de lujo en el Hotel Humboldt. Se permite a camiones transportar estas motos por la vía de servicio a Galipán, cuando a sus habitantes y parceleros se les hace todo tipo de restricciones y trabas burocráticas para subir repuestos y utensilios que necesitan en caso de reparaciones para sus casas. Esto, unido a la expansión de las construcciones en torno a la población de Galipán, construcciones ilegales, fuera de norma y de enorme ostentación que rompen con la armonía paisajística y natural de la zona.

No es un problema aislado

Pero a principios de este año fuimos testigos y partícipes de como en otro parque nacional de enorme relevancia turística se desataba otro conflicto por el usufructo de sus espacios; el Sierra Nevada. La empresa VENTEL CA, la cual está involucrada desde 2017 en conflictos con galipaneros y ambientalistas en El Ávila, en esta ocasión, haciendo usufructo del Teleférico Mukumbarí. En donde se persigue y acosa a guardaparques, mientras se realizan construcciones ilegales, denunciadas por el propio Fiscal General de la República y que generó un impasse con el Ministro de Ecosocialismo, quien personalmente y desde el sitio, negó que se cometiera “ecocidio”, cuando la acusación no era sobre dicho tema. Situación que sigue en desarrollo por las vías legales, de forma lenta, pero con la vigilancia de activistas merideños.

En años anteriores hemos reportado como también funcionarios de INPARQUES se han visto involucrados en venta de madera ilegal en el Parque Nacional Yurubi. Es importante destacar el caso sonado del canal de Cuare, en el Parque Nacional Morrocoy, donde contra todas las previsiones técnicas y científicas, que advertían del daño natural que ocasionaría esta construcción, los propios funcionarios de INPARQUES afirmaban que no habría impacto ambiental, caso que la realidad ha venido desmintiendo con el tiempo. Esta última construcción tiene una relevancia importante, al haber destruido un refugio natural de enorme importancia y estar vinculado directamente con los negocios de especulación inmobiliaria y desarrollo turístico de lujo, muy parecido a lo que sucede en El Ávila y Sierra Nevada.

Otro caso bastante sonado en las redes sociales y reseñado profusamente en la prensa nacional es el de Los Roques, con sus construcciones fuera de la normativa y de carácter privado, de lujo; orientado en la misma política de rentabilización de los Parques Nacionales, desnaturalizando su carácter. En el Parque Nacional Mochima está también en desarrollo el proyecto turístico de lujo Seven Resort, sin haberse presentado los obligatorios estudios de impacto ambiental del mismo, además de construirse dentro de un área protegida. Además de la famosa fiesta del Tepuy realizada en febrero y conocida por haber sido difundida en las redes sociales de celebridades de la farándula y el espectáculo.

Grave son los casos de deforestación en Lara, donde en connivencia con las autoridades municipales y fuerzas de seguridad del Estado, las talas avanzan por las áreas protegidas y parques nacionales, para alimentar el negocio del carbón; generando ganancias a todos los implicados. Como puede verse, ningún caso pasa por la negligencia y falta de vigilancia por parte de las autoridades responsables, sino por una directa responsabilidad y complicidad, denunciada constantemente por trabajadores y guardaparques que no se prestan para esa corrupción de sus funciones y trabajo.

El Ávila acosada

En el caso específico que nos llama a escribir esta nota informativa, el del Ávila, podemos ver que constantemente el Parque Nacional viene recibiendo ataques cada vez más agresivos. Desde 2019 se vienen denunciando las carreras de ciclistas, sus exhibiciones y prácticas deportivas, todo por fuera de la normativa del PORU. Las autoridades del INPARQUES repetidas veces han mostrado sus simpatías por permitir este tipo de prácticas, lo que para ellos genera dinero que carecen por carencias de presupuesto. Hay una política, que es visible ante la gran cantidad de casos, que impulsa el Estado venezolano para convertir al instituto encargado de la protección y resguardo de los parques nacionales, en una institución que genere ingresos fiscales, convirtiendo a estos espacios naturales en zonas de turismo y explotación comercial y extractiva.

El Parque Nacional más querido por los caraqueños, por su cercanía, simbolismo y aportes a los ciudadanos; vive bajo el acoso de las construcciones de mansiones de lujo de importantes jerarcas; construcciones fuera de norma con prácticas arbitrarias por parte de empresas de turismo, desregulación sin criterio ambiental y científico para permitir actividades económicas de alto impacto ambiental, como el ciclismo y ahora el ingreso de motocicletas; la construcción de nuevos caminos carreteros; la siembra en zonas no permitidas y en cortafuegos; la contaminación por aguas servidas proveniente de las nuevas construcciones y del Hotel Humboldt. En fin, el parque vive acosado por una serie de problemas ambientales que parece terminarán por vencer la resistencia de sus defensores, si no hay una enérgica defensa y acompañamiento.

Las vías legales son pocas, pues no hay actividad penal denunciable a fiscalía, por el momento; al ser todo realizado “legalmente” con el permiso del Ministerio e INPARQUES; queda es la impugnación a esos permisos y la sanción moral y política a sus autoridades. Estar alertas ante toda acción, para detenerla antes que se consuma por las vías administrativas establecidas en la ley, así como la movilización ciudadana para repudiar estos actos que poco a poco vienen erosionando la naturaleza de nuestros Parques Nacionales.