Recientemente, el Gobierno Nacional está impulsando la constitución de una institucionalidad en torno al Cambio Climático en Venezuela, creando instancias como la Comisión Presidencial del Fondo Verde para el Clima y la Comisión Presidencial para el Cambio Climático. También se conoció que se establecerá un Observatorio Nacional de la Crisis Climática y del Centro de Estudios de la Crisis Ambiental Global y también un fondo rotativo de 10 millones de bolívares para la ejecución de políticas públicas para atender el tema en Venezuela. Asimismo, se celebró el pasado mayo un Congreso de Investigadores contra el Cambio Climático. La cuestión es que más allá del anuncio público de estas iniciativas, vemos como el tema del Cambio Climático en Venezuela se maneja con discrecionalidad por parte de las autoridades nacionales. Esta nueva institucionalidad, así como los eventos promovidos en este ámbito, son cooptados por el gobierno y en el mismo no existe la participación plural de todos los actores de la sociedad venezolana. Una discusión tan relevante del tema amerita la participación efectiva de todos los sectores de la población y que la misma no esté condicionada por criterios de afinidad o afiliación política.

Hoy por hoy en nuestro país no hay información pública sobre los planes de mitigación y adaptación contra el Cambio Climático. El acceso a la información sobre este tema es un elemento de suma importancia para disminuir la vulnerabilidad de la población venezolana ante los eventos climáticos extremos. Por ejemplo, la ciudadanía debería saber con antelación cuál refugio acudir ante la ocurrencia de este tipo de eventos, ya que este tema debe ir de la mano con una adecuada gestión y manejo de riesgos.

El abordaje de las políticas públicas en torno al Cambio Climático debe trascender al plano discursivo y materializarse en hechos concretos. Hasta ahora, el gobierno nacional habla de Ecosocialismo, Vivir Bien, Derechos de la Madre Tierra, Lucha contra el Cambio Climático mientras impulsa políticas predatorias en todo el territorio nacional. No se puede pretender luchar contra el Cambio Climático cuando se destruye la Amazonía venezolana con el proyecto del Arco Minero del Orinoco. No existe consonancia alguna entre decir que se tiene entre los objetivos del plan de la nación “La preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” mientras se impulsa el extractivismo por el otro. Esta incongruencia se expresa en la grave situación socioambiental que atraviesa Venezuela hoy en día.

A principios de junio, representantes del Gobierno Nacional participaron en la Reunión Internacional de Estocolmo+50 indicando que en Venezuela existe una máxima “conciencia de la amenaza que vive el planeta” y por ello, se han “dedicado a la reforestación” asegurando que han sembrado en el país 33 millones de árboles. Sin embargo, en ese discurso no mencionaron que en la pasada COP 26, (celebrada en noviembre de 2021), Venezuela no suscribió los acuerdos para frenar la deforestación, ni el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijaron la fecha para alcanzar el “cero neto” de emisiones. Tampoco se mencionó los miles de hectáreas que se han deforestado en los parques nacionales y que responde al impulso de una política minera que ha traído consigo severos impactos ambientales y sociales.

No se mencionó en ese discurso, los constantes derrames petroleros que ocurren en el país y la falta de información oficial al respecto.

Intervención de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez en la Conferencia ONU de Medio Ambiente #Estocolmo50 https://t.co/oYdyBMPpgU
— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) June 2, 2022

Ver también : El OEP continua en el 2022 exigiendo medidas urgentes contra el Cambio Climático en Venezuela

El gobierno nacional debe superar las profundas contradicciones que existe entre un discurso lleno de lugares comunes, con acciones efectivas y congruentes con la búsqueda de la “preservación de la vida en el planeta”. La lucha contra el cambio climático en Venezuela debe ir más allá de sancionar leyes o hacer declaraciones públicas, debe contemplar medidas tales como :

Iniciar campañas permanentes nacionales y locales sobre las consecuencias y alternativas ante el cambio climático en el país
Impulsar un programa nacional, estadal y municipal de monitoreo, reforestación, revegetación y restauración de cuencas hidrográficas y ecosistemas que involucre a todos los actores de la sociedad
Impulsar un proceso de descentralización y diversificación energética que incorpore fuentes renovables, a través de formatos de generación regional y municipal
Impulsar una evaluación de la situación de riesgo en los asentamientos poblacionales ; orientar la construcción de infraestructura y de soluciones habitacionales adaptadas a las nuevas condiciones climáticas y de sostenibilidad
Plantear una urgente política de transición urbana
Reconocer, demarcar y titular el conjunto de las tierras indígenas del país
Suspender todo nuevo proyecto de explotación de carbón
Derogar el decreto que legaliza el proyecto Arco Minero del Orinoco
Abrir una amplia discusión nacional sobre el rol de la industria petrolera en el país.

Y lo más importante todo ello debe pasar por procesos reales de participación, tomando en cuenta la diversidad de posturas existente en toda la sociedad venezolana.