Lxs abajo firmantes, autoconvocadxs y conscientes, activistas por los DDHH, organizaciones sindicales, gremiales y populares, organizaciones políticas, jubiladxs y pensionadxs, comunidades organizadas, ambientalistas, indígenas, feministas e individualidades, exponemos al país y a todxs lxs que asumen la lucha en la defensa de sus derechos, las ideas que compartimos sobre el “gesto” o política del indulto presidencial llevado a cabo el 31 de agosto de 2020 por el gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre el indulto, la crisis y el proceso electoral
Llama mucho la atención que el indulto, se presenta a consecuencia de conversaciones que no eran del dominio público, entre representantes del gobierno y factores de la oposición tutelados por Henrique Capriles Radosnky (HCR), dando como resultado el anuncio al país de una lista de 110 personas que fueron liberadas y escogidas entre personas privadas de libertad, perseguidas, e inhabilitados políticos. El secretismo que cubre estas reuniones se torna aún más “curioso”, cuando conocemos que surgen con el auspicio del gobierno de Turquía, encabezado por el régimen autoritario de Recep Tayyip Erdogan, en coordinación con la Unión Europea (UE).

Visto así, el anuncio de un indulto por parte del ejecutivo es un evento que sorprende al país, pero también se presenta como una cortina de humo ante los graves problemas que aquejan a la población. Fundamentalmente porque las mayorías mal-vivimos con un salario miserable, en un contexto de hambre generalizada. Mientras que trabajadorxs, jubiladxs y pensionadxs reclaman que se respete el artículo 91 de la CRBV, un salario que alcance el costo de la canasta básica para poder cumplir con el abastecimiento de alimentos y de medicinas en los hogares. Docentes y petrolerxs anuncian movilizaciones con exigencias salariales, y en el caso de lxs petrolerxs por el complimiento de Sicoprosa -HCM- para resguardar su salud y la de sus familias.

El centro de la política del gobierno es la convocatoria a las elecciones parlamentarias del 6D, subordinando todo a este objetivo primordial. Por eso vemos que las negociaciones con HCR y la presentación de la lista de indultados se hicieron para lavar la cara y proyectar la “vía libre” a las elecciones parlamentarias del 6D, remozar las cifras de los efectos del Covid-19 y presentar los resultados que les sean favorables.

Sobre el sistema de justicia

No cuestionamos la lista de personas liberadas ya que en Venezuela el abandono de los derechos procesales es a todos los niveles del sistema de justicia. La actuación irregular de los cuerpos de seguridad es una política estructural del Estado para el control de la población y la represión de todas las disidencias, pues hoy todas las detenciones son arbitrarias.

En la lista que hemos articulado con esfuerzos colectivos, hay trabajadorxs y luchadorxs sociales por los que muchos de los abajo firmantes hemos desarrollado campañas en la exigencia de su libertad. Hacemos énfasis en este aspecto porque compartimos el criterio de la defensa de las conquistas de DDHH, la solidaridad y defensa de todos aquellos que han sido criminalizados por luchar.

Este es el caso de personas en distintas partes del país que al salir a defender sus derechos, han sido sometidxs por los cuerpos represivos, y una vez detenidos continúa la violación del debido proceso por el sistema de “justicia”, levantando falsos testimonios, imponiendo la cárcel, aislándolos de sus familiares y amistades, dejándoles caer todo el peso de las instituciones del Estado, procesándolos como criminales.

Una muestra de lo que hace el gobierno

Rodney Álvarez, trabajador de la Ferrominera del Orinoco (FMO) lleva 9 años detenido, inculpado por un crimen que no cometió. Señalado por el asesinato de Ronny Rojas. Este hecho ocurre en el 2011 en una asamblea de trabajadores donde los asistentes denuncian a Héctor Maicán –directivo del PSUV- como único responsable de los disparos, hecho que fue grabado los equipos de seguridad de la empresa. No hay forma de demostrar que Álvarez sea el responsable de esta infamia y así lo evidencia la última exhortación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al gobierno venezolano, sin embargo, el poder mafioso necesitaba un culpable, y confirieron a Rodney la pena. Jueces y fiscales le aúpan para que acepte la pena, ya que la condena se cumplió.

En el 2017, 14 petroleros zulianos son recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo (CFHN) Libertador: Henry Sánchez, Adolfo Torres, César Valera, Héctor Roque, Juan Barreto, Juan Carrillo, Hirto Hurtado, Noris Perozo, Juan Gamboa, Luis Martinez, Adolfo Artigas, Halman Granados, Orlando Chacin y Oswaldo González con 31 meses privados de libertad y 22 audiencias diferidas.

En Monagas cuentan 10 lxs trabajadorxs petrolerxs recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo (CFHN) Libertador y el Centro de Formación Femenina de CFFI en Tocuyito. Así se destacan: Ana Ortiz, Frank Ruiz, David Malaver, Armando Serrano, Víctor Laucho, Gil Ramirez, Douglas Figuera, Armando Lara, Pavel Rodríguez, Luis Mendoza. Tienen 31 meses privados de libertad, sin audiencia preliminar. Llevan 3 años detenidos sin juicio ni derechos procesales.

El 26 de noviembre de 2018 fueron detenidos 9 trabajadores de Ferrominera, luego de varios días de protestas en los que recibieron el amedrentamiento de la Guardia Nacional con fusiles en mano, incluyendo disparos al aire para dispersarlos. Los trabajadores detenidos son: Douglas Álvarez, Yonney Monsalve, Alexis Perdomo, Endry Perdomo, Francisco Perdomo, Pedro Calzadilla, Argenis Da Silva, Tony Briceño y José Gregorio Jaime. Aunque quisieron llevarlos a la cárcel de El Dorado, recibieron una lección de los presos comunes, los cuales se negaron a recibir a los obreros alegando que estos eran gente sana y que su lugar no estaba allí. El gobierno tuvo que recluirlos temporalmente en un retén policial municipal (Bajo régimen de presentación desde el año 2020)

En las instalaciones de la empresa ALCASA, fue detenido Jesús Ramírez después de una protesta laboral el 29 de octubre del 2018. Ramírez permanece preso acusado de “terrorismo”, “hurto de material estratégico” y “daños y perjuicios al patrimonio nacional” sin ningún tipo de pruebas. José Gil (sindicalista relacionado con el gobierno en esta empresa) les indicó a los trabajadores que “busquen la manera de parar las protestas y soltamos al muchacho” confirmando las implicaciones políticas del arresto.

En noviembre del año 2019, fueron detenidos en el estado Lara los trabajadores, Roger González, Eugenio Montes, Luis Rivas y Miguel Álvarez, todos de la empresa de alimentos Alimex, luego de presentar la documentación para dar curso legal a su organización sindical, cuya primera solicitud era exigir aumento de salarios. Desde el año 2020 los cuatro trabajadores tienen casa por cárcel.

Marcos Sabariego y Gil Mujica trabajadores de PDVSA, son detenidos desde el 28 de enero luego de una asamblea laboral en la refinería El Palito, en la que intervinieron en defensa de reivindicaciones labores.

En PDVSA, el 28 de febrero de este año son detenidos Alfredo Chirinos, Aryenis Torrealba. Durante días estuvieron aislados, y en el caso de Alfredo, fue torturado hasta desmayar con el propósito de que se declare culpable. Aryenis Torrealba fue víctima de trato cruel y aislamiento. Se les acusa de traición a la Patria por colaborar y difundir información de la situación de PDVSA al gobierno de EEUU. El Fiscal General del gobierno Tarek William Saab, recientemente emitió opinión ratificando la decisión gubernamental de mantenerlos detenidos, afirmando “que los ciudadanos imputados son responsables de estos hechos, que han causado un daño enorme a la industria petrolera nacional, permitiendo a los enemigos de Venezuela atacar las operaciones de PDVSA como la de sus socios estratégicos”. Estas declaraciones, fueron realizadas después de reunirse con familiares y abogadas de los dos trabajadores, a partir de una solicitud pública realizada por Nicolás Maduro. Se anuncia que la audiencia preliminar será el próximo 14 de septiembre, aun cuando los trabajadores de PDVSA han declarado reiterativamente la inocencia de sus compañeros.

Bartolo Guerra, trabajador de PDV Marina, detenido el 9 de mayo luego de exponer en una reunión frente a las autoridades en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, las precarias condiciones en las tienen que ejecutar sus funciones, así como las desmejoras y violaciones al contrato colectivo.

Darío Salcedo dirigente sindical de Insopesca, detenido el 5 de mayo por expresar en un audio su desacuerdo con los precios exorbitantes de los alimentos Clap y referirlo al ministro de Pesca y Agricultura Dante Rivas. Se ordenó la reclusión de Salcedo, en el Centro de Procesados Judiciales 26 de julio en el estado Guárico, el cual fue excarcelado el 22 de junio y puesto bajo régimen de presentación.

Desde el inicio de la cuarentena, el sector salud ha sido presionado policialmente para evitar denuncias sobre falta de medicamentos en centros hospitalarios entre otras críticas a la administración gubernamental. El 4 de abril la bioanalista Andrea Sayago fue detenida por una Brigada de Inteligencia de la policía estadal, por compartir la imagen de una orden para realizar pruebas de coronavirus en su estado de WhatsApp, se encuentra en prisión domiciliaria. Por publicar una imagen crítica contra Nicolás Maduro en el mismo medio, fue detenida por el CICPC Andreína de los Ángeles, residente del Hospital de Cabimas, quién fue acusada de incitación al odio y ofensa al presidente, abriendo un proceso judicial en su contra.

El 17 de marzo de 2020 aprehendieron a lxs trabajadorxs de la salud Carlos Carmona, Julio Molino, y Maglys Mendoza del estado Monagas por denunciar pésimas condiciones de trabajo y falta de insumos en sus respectivos hospitales y localidades en los estados Táchira y Monagas. A Molino dirigente del gremio salud en Monagas lo imputaron por incitación al odio, zozobra a la comunidad y agavillamiento (actualmente bajo régimen de presentación). Durante la persecución el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) al no encontrar en su residencia a Maglys Mendoza detuvieron a su nieta de 17 años junto a una amiga con la que se encontraba de 16 años, como medida de presión. Las menores fueron liberadas a altas horas de la noche. Tanto Carlos Carmona como Maglys Mendoza no han sido detenidxs pero siguen bajo acoso policial.

En el marco del “Plan de distribución y valorización de gasolina”, el gobierno a través de los cuerpos policiales realizó una serie de detenciones a periodistas por documentar y registrar las opiniones de los usuarios en las estaciones de servicio entre las que se encuentran:

Douglas José Ramírez y Jorge Amado Cortez productor radial y exconcejal en Ciudad Ojeda respectivamente. Trabajan en un espacio radial de la emisora Mágica 93.3. Fueron detenidos el 1 de junio por grabar una cola de gasolina en una estación de servicio ubicada en el sector Las Morochas, Ciudad Ojeda. Para ese momento se divulgó que los imputarán por los delitos de instigación al odio y alteración del orden público.

Carlos Ríos Villamizar y Karelys Arroyo Carrasquel funcionario público adscrito al Fondo Nacional de Tranporte urbano (Fontur) y trabajadora de prensa en el canal IVC Networks. La pareja difundió un vídeo en donde se muestral a un grupo de personas protestar las irregularidades y trato preferencial que recibían funcionarios en la estación de servicio Texaco de la avenida Villa Heroica, estado Miranda. Son acusados de instigación al odio, terrorismo, descalificación de las instituciones policiales y críticas destructivas al sistema de abastecimiento de combustible establecido por el gobierno de Nicolás Maduro,

Carol Romero es detenida en El Junquito en Caracas 4 de junio, cuando grababa una protesta de usuarios en una gasolinera. Familiares denuncian que "brutalmente golpeada" por oficiales de la Guardia Nacional. Se le ha impuesto arbitrariamente el silencio judicial.

También hemos registrado denuncias de decenas de campesinxs que han sido detenidxs en Yaracuy, Barinas, Zulia, Portuguesa, Lara y Mérida, en el contexto del despojo de tierras efectuados por cuerpos policiales, miembros del gobierno y hacendados. Al mismo tiempo que se negociaba el indulto presidencial, 6 campesinos fueron detenidos mediante falsos positivos comprobados del FAES, pertenecientes a la Comuna Máximo Vizcaya, de la Comunidad de la Virgen en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy. Fueron procesados de manera inmediata sin respetar los derechos procesales, recibiendo una condena de 5 años, sus familiares acusan al grupo Ebenezer (productor avícola) de ser favorecido con la persecución de los campesinos.

El régimen de impunidad en el que actúan los cuerpos policiales y militares, ha permitido que constantemente se realicen detenciones extra-judiciales e ilegales, con el fin de intimidar e incluso extorsionar a quienes ejercen la protesta para defender sus derechos. La violencia policial se ha convertido en una realidad cotidiana en todo el territorio nacional, de la mano con el fortalecimiento de cuerpos policiales que actúan bajo mecanismos para-institucionales, delincuenciales y violentos, en donde se destaca la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El sistema de justicia está podrido
El actual gobierno demuestra pérfida premeditación en el uso de la justicia, demostrando que la violación de los DDHH es la norma. Lxs trabajadorxs y las organizaciones sociales, comunales y los pueblos en lucha no podemos esperar nada del sistema de justicia. Debemos articularnos en las luchas y en la defensa de nuestros derechos. Estos nos obligan al encuentro, de todos los factores que sumen las luchas populares.

Alegres de la liberación de todxs lxs presxs beneficiadxs con la medida presidencial y del levantamiento de cargos que permite la actuación pública a otrxs de lxs incluidxs en el indulto. Sin embargo, todxs lxs presxs políticxs hoy tienen en sus procesos judiciales, causas suficientes para su liberación inmediata sin acudir al indulto o a la amnistía, queda de nuestra parte la presión social y decidida para lograr su libertad. Aspiramos siempre a un restablecimiento de los derechos procesales y de un sistema judicial que los garantice.
Nuestro compromiso es unir las luchas
Esta iniciativa hace un llamado incluyente, a los sindicatos de base, las organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas, a las corrientes y grupo sindicales y de trabajadorxs, a las organizaciones gremiales, movimientos de jubiladxs, organizaciones indígenas y campesinas a integrar los esfuerzos por lograr la libertad plena de quienes luchan por la vida, el salario, el territorio y su dignidad.

Hacemos un llamado al uso de todas las redes sociales, de la prensa escrita, a los plantones de calle y desarrollar una contundente campaña por la libertad plena para todxs lxs detenidxs, sin distingo políticos o ideológicos.

Se trata de defender a las y los presos que son nuestros, del pueblo, por ellxs y nosotrxs, hacemos un llamado a romper el silencio.

Mostremos en nuestra lucha que podemos arrancarlos del secuestro al que los han sometido el gobierno y las preferencias de los partidos patronales a guardar silencio. Ahora se hace más visible el cerco que sobre estos ha tendido el gobierno de Nicolás Maduro.

Para nosotrxs, solo con movilización y organización, podemos imponer la libertad plena.

Basta de detenciones arbitrarias y de violaciones de los DDHH, constitucionales y procesales de los detenidxs.

Rompamos el silencio contra la complicidad y la indignación selectiva.

Exigimos que liberen a todos lxs presxs políticxs

Exigimos la liberen a todos lxs trabajadorxs presxs

Abajo firmantes:

* Organizaciones:

1. Organización Intercultural Indígena Wainjirawa. Venezuela
2. Laguarura.org Venezuela
3. Corriente, Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (Ccura) CCURA. Venezuela
4. Las Comadres Púrpuras. Venezuela
5. Campaña #RompamosElSilencio
6. Ruptura universitaria. Mérida - Venezuela
7. Fotógrafos revelados
8. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, Universidad de Los Andes, Mérida- Venezuela
9. Cátedra de DDHH de la universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Venezuela
10. SINTRAUPTAFBF, La Victoria Edo. Aragua-Venezuela
11. Comité pro defensa CERRO LA VIEJA. Sarare Lara
12. La Libertaria- Estado Lara Venezuela
* Individualidades:

1. La Rosa, Juan Carlos. Venezuela
2. Marcos, Robzayda. Venezuela
3. Chirino, Orlando, coordinador nacional de la corriente sindical C-cura. Venezuela
4. Bodas, José, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) Venezuela
5. García, Marcos, trabajador universitario, secretario de Relaciones y Propaganda de SinatraUCV. Venezuela
6. Hernández, Miguel Angel, dirigente nacional del Partido Socialismo y Libertad (PSL) Venezuela
7. Espinoza, Antonio, Universidad Politécnica Territorial del estado Aragua, dirigente del PSL. Venezuela
8. Guerra, Armando, profesor de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, dirigente del PSL. Venezuela
9. Gaitán, Rolando, profesor de la Universidad de Carabobo, militante del PSL. Venezuela
10. Linares, Oscar, delegado sindical de Sirtrasalud, Distrito Capital. Venezuela
11. Denis, Miguel. Venezuela
12. Gomez, Darío. Venezuela
13. Mora, Alcedo. Nueva Esparta-Venezuela
14. Valecillo Yuri. Venezuela
15. Freitez, Nelson Barquisimeto, Venezuela
16. Useche, Corina. La Victoria Edo Aragua. Venezuela
17. Sutherland, Manuel. Venezuela
18. Pacheco, Oswaldo. (PSL - Venezuela)
19. Parra Queipp, Edgar/Edo/Zulia.
20. Parra, José. Sarare estado Lara Venezuela.
21. Gilly, Rodríguez Claudia Caracas - Venezuela
22. Rengifo, Sathya. Venezuela
23. Quintero Weir, José Angel. México

(Puedes suscribirte al presente documento como organización, grupo, colectivo, expresión social o individualidad)
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