No cederemos a los ataques contra defensores del medio ambiente en medio del cierre militarista de COVID-19 en Filipinas

18 de mayo de 2020

Nosotros, en la Red Popular de Kalikasan para el Medio Ambiente (Kalikasan PNE) solicitamos su apoyo en la lucha en contra de la ola continua de violaciones de derechos humanos dirigidas a los defensores de la tierra y el medio ambiente filipinos en medio de la pandemia COVID-19.

Estas violaciones se producen en medio del creciente descontento público por la falta de soluciones médicas y asistencia económica. Las Naciones Unidas ya expresaron su preocupación por la respuesta altamente militarizada de Filipinas a la pandemia. Es uno de los países citados que está utilizando medidas represivas para implementar bloqueos. Una tendencia alarmante es que los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que participan en respuestas humanitarias a la crisis de salud pública están siendo atacados.

El 19 de abril de 2020, el ex representante de la lista del Partido Anakpawis, Ariel Casilao, junto con otros seis socorristas fueron arrestados y presentados con cargos falsos después de intentar entregar productos de ayuda humanitaria a comunidades campesinas remotas involucradas en luchas por la tierra en la ciudad de Norzagaray, provincia de Bulacan.

El representante Casilao defendió los derechos de los pequeños agricultores, trabajadores agrícolas y pescadores durante su período en la Cámara de Representantes en el Congreso, presentando varias medidas legislativas progresivas, como la prohibición propuesta de actividades de recuperación de tierras en la Bahía de Manila y la investigación de asesinatos de tierras y defensores del medio ambiente.

A pesar de llevar un pase de alimentos emitido por el gobierno, equipado adecuadamente con equipo de protección personal y observar el distanciamiento físico dentro de sus vehículos, la misión de socorro todavía fue detenida supuestamente por violar las reglas de cuarentena. Ahora están en libertad bajo fianza.

El 30 de abril de 2020, dos hombres armados dispararon contra el activista Jory Porquia dentro de su casa en Barangay Santo Niño Norte, ciudad de Iloilo, donde murió en el acto. Porquia era el coordinador de la ciudad del partido progresista Bayan Muna y miembro del Movimiento Ecológico Madia-es, que jugó un papel fundamental en la aprobación de una prohibición minera de décadas en Capiz y en campañas exitosas contra la minería a gran escala, el poder del carbón plantas y grandes represas en toda la región.

También dirigió campañas de ayuda para las víctimas del súper tifón Haiyan en 2013, y posteriormente ayudó a organizar la organización de sobrevivientes del desastre Kusog Sang Pumuluyo para empoderar a las víctimas del desastre para exigir justicia por negligencia gubernamental. Justo antes de su muerte, Jory estaba en medio de operaciones comunitarias de cocina y socorro de alimentos en la ciudad de Iloilo en respuesta a la pandemia de COVID-19.

El 2 de mayo de 2020, 42 familiares y colegas de Jory Porquia fueron arrestados mientras se dirigían a colocar una corona de flores y encender velas en el lugar del asesinato de Jory, a pesar de las medidas de distanciamiento físico.

Entre las víctimas estaban Krisma Niña Porquia, hija de Jory; El p. Marco Sulayao de la Iglesia Filipina Independiente, presidente de la Promoción para la Respuesta del Pueblo de la Iglesia – Panay y conocido opositor a la minería a gran escala en las islas de Panay y Guimaras; y atty. Angelo Karlo Guillén, de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo – Panay, quien dirigió acciones legales en la campaña para la rehabilitación genuina de la isla de Boracay y las demandas de alivio económico de los trabajadores desplazados de Boracay en 2018. En la actualidad, han sido liberados bajo fianza.

El 11 de mayo de 2020, seis agricultores contra el acaparamiento de tierras y plantas de energía contra el carbón en la provincia de Batangas fueron arrestados. Los residentes locales informaron que al menos 17 vehículos del gobierno y dos camiones militares recorrieron la aldea de Coral ni López en la ciudad de Calaca, Batangas, para reunir a los activistas campesinos.

Samahan de Magsasaka sa Coral ni Lopez (Samacolo), líder y secretario de la aldea, Virgilio Vidal; su hermano Marcelo; concejal del pueblo Leovino Julongbayan, Doroteo Bautista; Julio Julongbayan; y Roilan Tenorio fueron los individuos arrestados en lo que la operación policial-militar conjunta afirmó ser una operación contra armas de fuego ilegales.

Samocolo ha estado luchando por una disputa de tierras desde la década de 1980 como beneficiarios de la reforma agraria. Han sido víctimas de lagunas en el Programa Integral de Reforma Agraria que permite al propietario Luis López recuperar el control de las tierras agrícolas. El movimiento campesino local también lidera la larga campaña contra la central eléctrica de carbón Calaca de 900 megavatios.

Los líderes de Samocolo eran en realidad parte de la distribución de asistencia monetaria del gobierno de la aldea a sus constituyentes afectados por COVID el día antes de que fueran arrestados.

El mismo día, se anunció en las redes sociales que el sacerdote católico p. Mark Ambray se ha convertido en sujeto de una campaña para etiquetarlo como objetivo a perseguir en línea junto con su ministerio que aboga por los derechos de los pueblos indígenas lumad y por la protección de sus tierras ancestrales en la provincia de Surigao del Sur.

El p. Ambray se desempeña como director del Centro de aprendizaje alternativo para el desarrollo de la escuela Lumad (Alcadev), una escuela alternativa galardonada para la juventud lumad. Alcadev ha estado a la vanguardia de la promoción de la defensa de las tierras ancestrales de su tribu en el Complejo del Valle de Andap. Junto al grupo MAPASU de Lumad, Alcadev también ha luchado contra la entrada de proyectos mineros de carbón y metal en sus tierras boscosas.

En estos proyectos participan cinco compañías, que consisten en la corporación Benguet Corp., propiedad de la oligarquía Romualdez, la Corporación Abacus Coal Exploration and Development, la Corporación Great Wall Mining and Power, propiedad china, la Corporación ASK Mining and Exploration y la Corporación Coal Black Mining. .

El 12 de mayo de 2020, circuló una alerta urgente sobre la intensificada campaña de desprestigio contra el líder indígena Igorot Windel Bolinget y la Alianza Popular de la Cordillera (CPA). Bolinget, presidente de CPA, junto con sus compañeros oficiales de CPA Bestang Dekdeken y Santos Mero, fueron objeto de publicaciones de acoso en las redes sociales que incluyen incluso a sus familiares más cercanos, un tabú grave en la sociedad indígena de la Cordillera.

Se observó que estos ataques se intensificaron después de que el CPA emitió un comunicado criticando la dispersión aérea de los folletos de la campaña de desprestigio por parte de dos helicópteros del Ejército de Filipinas en algunas partes de la región de la Cordillera el pasado domingo de Pascua, 9 de abril de 2020. Los panfletos atacaban las operaciones de socorro dirigidas por el CPA en respuesta a COVID-19.

CPA es una red indígena bien establecida con un historial de décadas de defensa de sus tierras ancestrales contra minas a gran escala, grandes represas y otros proyectos extractivos y destructivos. CPA ha estado a la vanguardia de la lucha contra la mina a gran escala de Lepanto, el posible proyecto geotérmico de una subsidiaria de Chevron y la Sta propuesta. Proyecto Clara Hydro en la ciudad de Tinoc, provincia de Ifugao, por nombrar algunos.

Finalmente, el 15 de mayo de 2020, la oficina de Kalikasan PNE fue objeto de un nuevo hostigamiento. Su puerta principal fue deformada con carteles con etiquetas rojas dirigidas a partidos progresistas y movimientos sociales con los que Kalikasan PNE ha trabajado.

Esta no fue la primera vez que la oficina, que comparte con el Centro de Asuntos Ambientales de Filipinas, ha sido objeto de amenazas e intimidación por parte de las autoridades estatales. El año pasado, las organizaciones recibieron varios informes de vigilancia constante y un intento de allanamiento en su oficina por parte de elementos de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), particularmente la Oficina de Policía de la Región de la Capital Nacional (NCRPO).

Las dos organizaciones también han sido etiquetadas / vilipendiadas directa e indirectamente, donde se implica que sus actividades forman parte de la insurgencia comunista armada en el país.

Es espantoso que estos ataques infundados y sin sentido contra organizaciones progresistas y orientadas a la causa, incluidos otros civiles bien intencionados en todo el país, que contribuyen a ayudar a la población a hacer frente a la pandemia, consuman las energías de la administración Duterte.

En lugar de responder a las demandas de pruebas masivas, asistencia médica y económica, más fondos para fortalecer los sistemas de atención médica desde el pueblo hasta el nivel nacional, el gobierno persiste en ignorarlos. Estas tendencias se ajustan a las crecientes críticas al tratamiento de la administración Duterte de la pandemia COVID-19 como un problema de paz y orden, en lugar de un problema de salud pública.

Instamos a todos los compañeros defensores del medio ambiente y los derechos humanos y a nuestros seguidores a que sigan presionando a las autoridades públicas filipinas para que tomen medidas. Apoyemos a nuestros defensores en Filipinas contra la represión y ayudémoslos a continuar su defensa del medio ambiente y la gente.

Le invitamos a enviar la siguiente Carta de preocupación que puede personalizar a su gusto, adjuntando esta alerta urgente, por correo, correo electrónico o fax:

Al Gobierno de Filipinas:

Hemos recibido la alerta urgente adjunta sobre las violaciones de derechos humanos en curso contra defensores ambientales en Filipinas en medio de la pandemia de Covid19.

Expresamos nuestra grave preocupación por la situación que enfrentan ciudadanos ejemplares que trabajan sólo para proteger los bienes comunes mundiales en beneficio de todos, especialmente en este momento de crisis. Por lo tanto, instamos al Gobierno de Filipinas a tomar medidas sobre lo siguiente:

El inmediato cese en los casos de acoso contra los defensores de Tulong Anakpawis – Sagip Kanayunan, la familia y colegas de Jory Porquia, y todos los defensores del medio ambiente amenazados;
La liberación inmediata de todos los presos políticos de la cárcel sobre la base del llamado de la ONU a descongestionar las cárceles que enfrentan la propagación de COVID-19;
La investigación inmediata sobre la continua campaña de la AFP de exponer como objetivos a defensores del medio ambiente y organizaciones a cargo de un organismo independiente;
La emisión inmediata de órdenes de cese y desistimiento de las compañías mineras a gran escala mencionadas anteriormente, particularmente sobre la base de la falta de debida diligencia de derechos humanos sobre violaciones relacionadas con sus operaciones;
Facilitar las directrices del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Enfermedades Infecciosas Emergentes (IATF-EID) y otras medidas restrictivas que afectan particularmente a los defensores involucrados en la respuesta humanitaria y otros trabajos de desarrollo y promoción que aborden la pandemia COVID-19;
Erradicar el programa de contrainsurgencia del Gobierno de Filipinas bajo la Fuerza de Tarea Nacional para Terminar el Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC) que alienta a las fuerzas de seguridad del Estado a amenazar, acosar, arrestar arbitraria e ilegalmente a los defensores etiquetados como ‘Enemigos del Estado’;
El gobierno filipino adherirá y respetará la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los principales instrumentos de derechos humanos de los que es parte y signatario.

Gracias y esperamos su acción inmediata.

Nombre del remitente

To the Government of the Philippines:

We have received the attached urgent alert regarding the ongoing human rights violations targeting environmental defenders in the Philippines amid the global pandemic.

We express our grave concern over the situation faced by exemplary citizens who work only to protect the global commons for the benefit of all, especially in this time of crisis. We thus urge you to take action on the following:

The immediate dismissal of harassment cases against the Tulong Anakpawis – Sagip Kanayunan defenders, the family and colleagues of Jory Porquia, and all threatened environmental defenders;
The immediate release of all political prisoners from jail on the basis of the UN calls for decongesting jails facing the spread of COVID-19;
The immediate investigation into the AFP’s continuing red-tagging campaign against environmental defenders and organizations to be conducted by an independent body;
The immediate issuance of cease and desist orders of abovementioned large-scale mining companies, particularly on the basis the lack of human rights due diligence over violations linked to their operations;
To ease Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Disease (IATF-EID) guidelines and other restrictive measures particularly affecting defenders engaged in humanitarian response and other development and advocacy work addressing the COVID-19 pandemic;
An end to the Philippine Government’s counter-insurgency program under the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) which encourages State security forces to threaten, harass, arbitrarily and illegally arrest defenders tagged as ‘Enemies of the State’;
The Philippine Government to adhere and respect the Universal Declaration of Human Rights and all major Human Rights instruments that it is a party and signatory.

Thank you and we hope for your immediate action.

Name of signatory

Puede enviar la carta a los siguientes funcionarios:

You may send your communications to:

H.E. Rodrigo Duterte

President of the Republic

Malacañang Palace,

JP Laurel St., San Miguel

Manila Philippines

Voice: (+632) 564 1451 to 80

Fax: (+632) 742-1641 / 929-3968

E-mail: op@president.gov.ph or send message through http://president.gov.ph/contact-us/

Ret. Maj. Gen. Delfin Lorenzana

Secretary, Department of National Defense

Room 301 DND Building, Camp Emilio Aguinaldo,

de los Santos Avenue, Quezon City

Voice:+63(2) 911-6193 / 911-0488 / 982-5600

Fax:+63(2) 982-5600

Email: info@dnd.gov.ph, webmaster@dnd.gov.ph

Hon. Menardo Guevarra

Secretary, Department of Justice

Padre Faura St., Manila

Direct Line 521-8344; 5213721

Trunkline: 523-84-81 loc.214

Fax: (+632) 521-1614

Email: communications@doj.gov.ph

Ret. Gen. Roy Cimatu

Secretary, Department of Environment and Natural Resources

DENR Building, Visayas Avenue, Diliman, 1100

Quezon City, Philippines

Tel. No. 926-3011,920-4301

Trunkline No. 929-6626 local 2258

IP Phone Trunkline No. 755-3330

local 1104, 1105

Email: osec@denr.gov.ph

Hon. Jose Luis Martin Gascon

Chairperson, Commission on Human Rights

SAAC Bldg., UP Complex, Commonwealth Avenue

Diliman, Quezon City, Philippines

Voice: (+632) 928-5655, 926-6188

Fax: (+632) 929 0102

Email: chairgascon.chr@gmail.com

Por favor envíenos una copia de su correo electrónico/correo/fax a los funcionarios, a nuestra dirección aquí abajo:

ALERTA PREPARADA POR:

Kalikasan People’s Network for the Environment (Kalikasan PNE)

#26 Matulungin Street, Barangay Central, Diliman, Quezon City

Tel.: 356-2166

Email: secretariat@kalikasan.net