La Red de Derechos Humanos del Estado Lara ante las graves violaciones que organismos de seguridad del Estado cometen en la entidad a raíz de las movilizaciones de la población desde el pasado 23 de enero, expresa con suma preocupación las siguientes consideraciones y denuncias:

1. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desde el pasado mes de agosto del año 2018 ha ejecutado en la entidad en supuestos enfrentamientos y sin investigación, a más de 100 jóvenes en zonas populares. Desde inicios del presente año se ha dedicado abiertamente a labores de represión realizando allanamientos masivos de residencias sin orden judicial y ejecutando a personas participantes en actividades de protesta pública, con saldo hasta el presente el asesinato de 5 jóvenes en la ciudad de El Tocuyo y 2 personas en la ciudad de Carora el pasado día 25 de enero.

2. Este ente, que presenta antecedentes de alta letalidad en sus actuaciones diarias y actúa en sus operativos con armas largas, rostros cubiertos de sus funcionarios con pasamontañas y sin ninguna identificación personal, allanó el pasado 10 de enero sin orden judicial y en forma masiva y violenta a más de 20 residencias de la Urbanización Sucre en Barquisimeto, después de varios días de mantener un acoso a sus habitantes con alcabalas y requisas permanentes, aterrorizando a sus habitantes.

3. El día 25 de enero en las ciudades de El Tocuyo y Carora, las FAES en procedimientos caracterizados igualmente por su altísima violencia y con el patrón de actuación descrito, ejecutó a 7 personas, generando una real conmoción en esas poblaciones que venían expresando en cabildos y concentraciones sus aspiraciones de cambio de la actual situación del país. Debemos subrayar que las personas ejecutadas eran fundamentalmente jóvenes, a quienes se les sometió y se les ejecutó en muy rápidos procedimientos sin ninguna consideración sobre su derecho a la vida, tal como han ejecutado a más de un centenar de personas en la entidad desde el 2do semestre del año 2018.

4. Estos hechos configuran un conjunto de gravísimas violaciones a los derechos humanos de la población. Representan la más alta escala de delitos que conllevan responsabilidad individual, administrativa y penal, tanto de los ejecutores directos como de los mandos que ordenan tales procedimientos. Ayer, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH Michel Bachelet señaló en una declaración oficial desde su oficina en la sede de este organismo con respecto a la situación del país y la actuación de cuerpos represivos

“Cualquier incidente violento que resulte en personas muertas o heridas tiene que ser investigado de manera independiente e imparcial para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por las autoridades, o si el crimen fue cometido por miembros de grupos armados, ya sean pro-gubernamentales o no…es vital prevenir una repetición de los patrones de represión que fueron documentados por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2017,como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias generalizadas, restricciones a la libertad de reunión y de expresión y allanamientos y ataques indiscriminados en contra de viviendas…”

5. Las actuaciones de las FAES no van a quedar impunes. Muy pronto ingresará al país una Misión de Expertos de esta Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas que, con la documentación y múltiples testimonios de familiares y vecinos que se recaba y que ya viene siendo recopilada por esta Oficina, identificará a los responsables. Tal como ha ocurrido en diversas partes del mundo, serán objeto de sanciones y severos castigos por violar derechos humanos y aterrorizar a la población, configurando delitos que pueden ser catalogados de lesa humanidad por su letalidad y masividad. Por eso esta alta funcionaria señaló

“El uso excesivo, desproporcionado o indiscriminado de la fuerza está clara e inequívocamente prohibido por el derecho internacional”.

6. La Red de Derechos Humanos del Estado se solidariza con las familias de las personas ajusticiadas. Exigimos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus obligaciones y abra investigaciones sobre estos graves hechos. Su inacción, negligencia y complicidad también configura delitos objeto de sanciones penales y administrativas.

7. Reiteramos que el derecho a la manifestación pública está contemplado en nuestra Constitución Nacional. Protestar no es un delito y la población está en todo su derecho de exigir cambios en una situación nacional que afecta seriamente su calidad de vida y sus derechos a decidir sobre su presente y futuro

En Barquisimeto, a los veintiséis días del mes de enero del año dos mil diecinueve

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO LARA