1.- Una aproximación teórica

En las ciencias políticas existe un área de investigación sobre las condiciones necesarias y las consecuencias de los procesos de transición de regímenes políticos. En la inmensa mayoría de las ocasiones, los politólogos que se han especializado en la definición de concepciones interpretativas generales, estudios comparados y reflexiones académicas de casos particulares restringieron y restringen su enfoque analítico al cambio de un régimen político autoritario a un régimen político propio de la democracia formal y electoral. Desde esa perspectiva, esos investigadores de las ciencias políticas desestiman un análisis del aparato del Estado en tanto una expresión institucional de las relaciones sociales dominantes, y solo focalizan su mirada en el régimen político (las normas, procedimientos y principios que regulan el acceso y el ejercicio de las competencias de la institucionalidad estatal). Entonces, su objetivo es ofrecer recomendaciones generales para que en las diferentes experiencias históricas ocurra una transición negociada y ordenada de régimen político, que impida una crisis del aparato del Estado y de las relaciones sociales dominantes que pueda derivar en una revolución socialista o en una rebelión popular que pueda condicionar al nuevo sistema político.

Los estudios académicos sobre las transiciones de regímenes políticos obtienen centralidad en los años 70 y 80 del siglo XX, con las crisis más o menos conflictivas de las dictaduras fascistas de Francisco Franco en España y Antonio Salazar en Portugal, las dictaduras contrainsurgentes y pro-estadounidenses en América Latina, y las dictaduras estalinistas en Europa oriental. Un contexto histórico que terminó signado en Latinoamérica y en el este europeo por transiciones que desembocaron en el establecimiento de democracias formales y electorales, ajustadas a la permanencia e implantación de una institucionalidad estatal al servicio de los intereses y requerimientos unilaterales de los capitales transnacionales y locales, el llamado tradicionalmente como neoliberalismo. Claro, al ocurrir esos cambios políticos de un modo ordenado y negociado fue imposible una modificación progresiva de las correlaciones de fuerzas entre las clases fundamentales y los sectores políticos antagónicos, que al menos impusiera la necesidad de incluir en la agenda del aparato del Estado a las necesidades de las clases populares.

En la mencionada bibliografía académica especializada en transiciones de regímenes políticos se explican las cuatro condiciones generales que se necesitan para que se inicien y desarrollen esos fenómenos históricos: 1.- Un bloque opositor que demuestre la capacidad para dirigir y conservar el orden en el nuevo sistema político, y se constituya en la élite encargada de la definición de las estrategias internacionales y nacionales adecuadas para concretar la transición ordenada y negociada; 2.- La ruptura o división del bloque gubernamental para que surja un sector que asuma la necesidad de una transición negociada y tenga la fuerza al interior del bloque gubernamental que le garantice imponer al otro sector oficialista la transición ordenada.; 3.- Un apoyo internacional al bloque opositor que impulsa el cambio político, y eso supone una presión extranjera al bloque gubernamental para que acepte la transición ordenada y negociada; y 4.- Un proceso de movilización ciudadana que delimite sus demandas a la recuperación de las libertades democráticas y los derechos civiles. Ese movimiento ciudadano le debe otorgar legitimidad al bloque opositor y aumentar los costos políticos al bloque gubernamental cuando utiliza la represión estatal.

Entre esos mismos politólogos existe un debate acerca de lo que podemos llamar el enfoque de élites o el enfoque ciudadano, que se resume en el hincapié que efectúan en la importancia para la transición ordenada y negociada por un lado de los dirigentes del bloque opositor y del sector negociador del bloque gubernamental (la élite política), y por el otro lado en la movilización ciudadana (la llamada sociedad civil organizada). Los adscritos al enfoque de élites privilegian como factores indispensables a las capacidades políticas de la dirección del bloque opositor y a la presión extranjera de organizaciones internacionales multilaterales o de otros Estados, por ello a las protestas ciudadanas las conciben como totalmente secundarias. Los académicos del enfoque ciudadano denotan la importancia de la movilización de la denominada sociedad civil organizada para elevar los costos de la represión del Estado, pero sobre todo con la finalidad de legitimar al bloque opositor e incrementar la justificación de las presiones extranjeras al bloque gubernamental. Incluso, desde su posición, las acciones ciudadanas deben estar subordinadas o canalizadas por los dirigentes opositores. Al final de cuenta, son dos caras de la misma moneda, solo con diferencias tácticas al interior de una misma estrategia: la transición ordenada y negociada.

Las transiciones ordenadas y negociadas tienen tres consecuencias generales, que se derivan de las condiciones necesarias para que ocurran y de su objetivo. Primera, al buscar un cambio político que conserve la institucionalidad del Estado y restablezca su legitimidad, la primera consecuencia es la subordinación y desmovilización de las clases populares. En ese sentido, la interpelación de los miembros de las clases populares como ciudadanos permite diluirlos en una aparente comunidad que es la ciudadanía o la llamada sociedad civil, donde todas y todos sin importar su condición de clase son formalmente iguales a partir de la lucha por las libertades democráticas y los derechos civiles. Se bloquea la constitución de las clases populares en tanto un sujeto político con intereses propios y organizaciones autónomas, que pueda impulsar una movilización obrera y popular que lo convierta en una alternativa política, al enarbolar de manera articulada demandas por libertades democráticas y que reflejen sus necesidades materiales particulares.

Segunda, al necesitar la fractura o división del bloque gubernamental, la dirección opositora le debe ofrecer y garantizar al sector oficialista que acepte negociar e impulsar la transición ordenada: impunidad penal y resguardo del patrimonio que obtuvieron a través de la apropiación ilegal de recursos estatales. Entonces, quedan totalmente impunes y sin castigo, los crímenes cometidos en el ejercicio de la represión estatal como la violación de derechos humanos básicos y la corrupción administrativa de un sector o la totalidad del bloque gubernamental. En términos operativos, esto lo logran a partir de la declaración legal o ejecución de facto de amnistías generales o parciales, o estableciendo una jurisdicción especial para juzgar con penas menores o simbólicas a los dirigentes del bloque gubernamental, la llamada en los últimos tiempos justicia transicional. Tercera, al requerir el apoyo y la presión extranjera para la transición ordenada y negociada, el nuevo gobierno surge con una política económica y exterior alineada a los dictámenes o a la asesoría de los organismos multilaterales y de los Estados que fueron sus aliados. En consecuencia, mantienen y ejecutan un conjunto de medidas económicas que benefician al capital transnacional, por ejemplo la aplicación de un ajuste macroeconómico regresivo, planes de privatización de activos estatales, entrega de bienes comunes naturales, reformas para precarizar las relaciones laborales y continuidad del pago de la deuda externa heredada. En las experiencias históricas eso ocurrió a partir de las condicionalidades aceptadas para recibir financiamiento externo proveniente de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que son justificados en las inversiones dirigidas a la recuperación de la economía y a la organización de la llamada gobernanza democrática.

2.- Contexto histórico (2015-2018)

En el 2015, la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) focalizó todos sus esfuerzos en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de ese año, donde obtuvo una contundente victoria política, que implicó el control de la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional (AN) con 115 diputadas y diputados. Ese resultado electoral evidenció un incremento considerable del rechazo popular al gobierno de Nicolás Maduro, una consecuencia del inicio de un proceso de depauperación de las condiciones de vida y de los salarios de la clase trabajadora venezolana. Ya en esa coyuntura eran palpables los efectos inflacionarios de la contracción de la oferta de mercancías, que era y es producto de la disminución unilateral de los dólares asignados por el aparato estatal a las importaciones de bienes de consumo productivo y final, con el objetivo de dirigir esos dólares al pago de la deuda externa del gobierno nacional y de Pdvsa.

Al controlar la mayoría absoluta de la AN y constituirse en la opción electoral que canalizaba el rechazo al gobierno nacional, la MUD comenzó el 2016 con los debates internos sobre el procedimiento para acelerar el cambio gubernamental pero a partir de una vía institucional, que incluyera una transición ordenada y negociada: un referéndum para revocar el mandato del Presidente Nicolás Maduro, una reforma o enmienda constitucional que recortaría el período presidencial, o la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de legislar una nueva Constitución y desplazar al bloque gubernamental chavista de los cargos de dirección de los diferentes poderes de la institucionalidad estatal. Al final, prevaleció la estrategia que permitía un mayor nivel de negociación y gradualidad en el proceso de cambio político: el referéndum revocatorio. No obstante, el bloque gubernamental chavista no se encontraba dispuesto al inicio de una transición ordenada y negociada, por ello decide utilizar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para bloquear la convocatoria del referéndum revocatorio y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para emitir un grupo de sentencias que suprimen la mayoría absoluta de la oposición de derecha en la AN al aceptar una impugnación de los diputados del estado Amazonas de la MUD, declaran inconstitucionales todas las leyes legisladas por la AN, y finalmente definen en desacato a la AN.

Ese cierre de facto del poder legislativo nacional supuso el comienzo de una crisis institucional al interior del Estado, que garantizó al aparato militar obtener una mayor centralidad porque fue el factor decisivo en la resolución de esa diatriba en favor del bloque gubernamental chavista. En otras palabras, el deterioro del respaldo popular del presidente Nicolás Maduro convirtió en su principal sostén a los jerarcas militares que conducen a la Fanb. Por ello, desde el 2016 hasta la actualidad, los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) han recibido un conjunto de privilegios: la ampliación de su control de la distribución de alimentos con la Gran Misión Abastecimiento Soberano; la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas; la designación en cargos estatales importantes como la Presidencia de Pdvsa; la asignación a la Contraloría General de la Fanb las competencias exclusivas para la fiscalización administrativa del propio aparato militar, entre otros. A pesar de ese claro rechazo oficialista a la posibilidad de una transición ordenada y negociada, en mayo de 2016 los máximos dirigentes de la MUD por recomendaciones del Vaticano, los Estados Unidos (EEUU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) deciden iniciar un proceso de diálogo con representantes del gobierno nacional. De ese modo, desestimaron el impulso de la movilización ciudadana para defender a la AN, y prefirieron focalizar sus esfuerzos en una negociación de élites que según sus cálculos erróneos permitiría alcanzar el referéndum revocatorio, que desembocaría en un cambio gubernamental enmarcado en los procedimientos de la institucionalidad estatal.

A finales de marzo de 2017, el TSJ emite dos sentencias para asumir competencias de la AN, entre ellas la aprobación de los contratos de interés público, que son necesarios para la concesión estatal de bienes comunes naturales al capital transnacional y local. Ese hecho permitió que los dirigentes de la oposición de derecha promovieran un conjunto de movilizaciones ciudadanas en defensa de la Asamblea Nacional. Esas movilizaciones canalizadas por la MUD fueron desbordadas a partir del surgimiento de un conjunto de protestas en los barrios populares y el establecimiento de focos insurreccionales por jóvenes en urbanizaciones de sectores medios, que en algunas ocasiones cometieron acciones violentas en contra de simpatizantes chavistas. La respuesta del gobierno ante esa rebelión popular fue una gigantesca represión estatal y paraestatal que dejó un saldo de más de 140 muertos. El aislamiento político por la claudicación de la dirección opositora y el desgaste humano por la violencia estatal y paraestatal logran derrotar a la movilización anti-gubernamental. El presidente Nicolás Maduro convoca de manera unilateral una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que asuma las competencias de la AN, y la MUD responde con la convocatoria de un plebiscito. Detrás de ese escenario institucional, ya estaban organizando un nuevo proceso de negociación entre el gobierno y los líderes de la oposición de derecha. En ese sentido, los partidos de la MUD aceptan un diálogo en República Dominicana con los jerarcas del bloque gubernamental chavista y participan en las elecciones regionales de octubre de 2017. Y, al final, la mayoría de los gobernadores electos de la oposición de derecha se terminan juramentando en la ANC.

En los primeros meses de 2018, representantes de la MUD y del gobierno estuvieron instalados en República Dominicana en una infructuosa negociación de élites. La oposición de derecha insistía en su único objetivo: una transición ordenada y negociada que suponía un cambio gubernamental institucional a partir de las elecciones presidenciales. Al contrario, los jerarcas chavistas tenían claro que el resultado de ese diálogo sería su continuidad en la gestión estatal, porque desmovilizaban la protesta anti-gubernamental y desprestigiaban a la dirigencia del bloque opositor. Como era de esperarse, no hubo ninguna concesión a la MUD, entonces los dirigentes de la oposición de derecha tuvieron que en su inmensa mayoría abstenerse de participar en las elecciones presidenciales, producto del reclamo de sus propias bases políticas, la presión del gobierno de los EEUU y sus aliados regionales, y el desinterés generalizado y el rechazo popular hacia un evento electoral estructurado solo para adornar con una falsa legitimidad electoral al gobierno. Sin embargo, paralelamente empezó un proceso de luchas obreras y populares que asumieron demandas como el acceso a los servicios públicos y aumentos salariales que fijaran el salario igual a la canasta básica. Esas protestas obreras y populares franquearon la polarización partidista y colocaron en agenda la autonomía de las clases populares con la creación de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV), pero no desembocaron en la constitución de una alternativa política a los dos grandes polos partidistas, porque privó la ausencia de una coordinación nacional, la proliferación de posiciones ideológicas conservadoras en medio de una campaña anticomunista y neoliberal, el miedo a la represión oficialista, y la ausencia de una convicción en las propias fuerzas de las clases populares.

3.- Un análisis de la estrategia de la oposición de derecha

La estrategia de los dirigentes de la oposición de derecha es la transición ordenada y negociada, buscan provocar una ruptura al interior del bloque gubernamental chavista para que surja un grupo de jerarcas civiles y militares oficialistas que acepten negociar el inicio de un gobierno de unidad nacional, que recupere la legitimidad del aparato del Estado y restablezca el proceso interno de acumulación de capital en la economía. No quieren que la movilización popular se constituya en el factor fundamental en el derrocamiento del gobierno reaccionario de Nicolás Maduro, porque eso implicaría la constitución de una situación de fuerza más favorable para las clases populares y condicionaría al futuro sistema político.

En ese sentido, en el segundo semestre del 2018, los dirigentes de la oposición de derecha consumieron sus esfuerzos políticos en acciones diplomáticas para incrementar la presión extranjera en el bloque gubernamental chavista y mantener la dirección del bloque opositor con la declaración de sus aliados hemisféricos como única institución legítima del Estado venezolano a la AN. En esa injerencia extranjera, fue central el rol predominante del gobierno de los EEUU como creador del llamado Grupo de Lima y promotor de las acciones de la OEA y su secretario general, Luis Almagro. Siguiendo ese misma orientación, el 13 de noviembre de 2018, la AN emite un proyecto de acuerdo parlamentario para impulsar una solución política a la crisis nacional, donde se plantea la necesidad de “la construcción de una transición ordenada e inmediata” con el objetivo de establecer “un gobierno de reconciliación nacional”. El 11 de diciembre de 2018, un grupo de organizaciones no gubernamentales expresan su apoyo al referido pronunciamiento de la AN, y describen la realidad venezolana como una emergencia humanitaria compleja, ofreciendo al mismo tiempo la justificación para mayor injerencia extranjera y un respaldo político a la oposición de derecha que controla el parlamento nacional. Según la errada apreciación de esas ONG, la crisis en Venezuela es eminentemente política y se resuelve con un cambio gubernamental, por lo tanto desestiman un necesario cuestionamiento al capital transnacional y local que se beneficia del pago de la deuda externa, la explotación de bienes comunes naturales como los ubicados en el llamado Arco Minero del Orinoco, la entrega de activos estatales y los salarios depauperados.

El 4 de enero de 2019, en la misma ruta el Grupo de Lima anunció que desconocía la futura juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial y reconocía como una institución legítima a la AN. En concordancia, el 5 de enero en la designación de la nueva junta directiva de la AN, ese órgano declara la usurpación del cargo presidencial por parte de Nicolás Maduro, y plantea que se inicie un proceso de transición ordenada y negociada, que implica: renuncia de Nicolás Maduro, gobierno de unidad nacional y convocatoria de elecciones presidenciales. Desde ese momento, las acciones del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, están enmarcadas en su estrategia: 1.- Dividir al bloque gubernamental chavista ofreciendo amnistía a los militares y civiles incursos en crímenes cometidos en funciones represivas estatales y en actividades administrativas (corrupción), que se subleven en contra de Nicolás Maduro. Son reiterados los llamados de Juan Guaidó a la acción de los militares en el restablecimiento del denominado orden constitucional. Por supuesto, eso supone una penosa impunidad penal y el resguardo del patrimonio robado por los jerarcas oficialistas que decidan negociar. 2.- La organización de un conjunto de concentraciones y marchas ciudadanas con la convocatoria de los llamados Cabildos Abiertos y la actividad del 23 de enero. Eso para promover una movilización ciudadana que restrinja sus demandas a la recuperación de libertades democráticas y derechos civiles, donde los participantes no incluyan reclamos imbricados a las clases populares como salario igual a la canasta básica, acceso a alimentos y medicinas, respeto a los contratos colectivos, garantía de servicios públicos de calidad. Por ello, a pesar de las luchas de los docentes en todo el país, hasta ahora no hemos visto la convocatoria de un Cabildo de Trabajadoras y Trabajadores del Sector Educativo, ni un Cabildo de Trabajadoras y Trabajadores del Salud a pesar de la significativa huelga de enfermeras del 2018. Claro, esas movilizaciones estrictamente ciudadanas intentan a unificar a los manifestantes bajo la igualdad formal de una supuesta comunidad: la ciudadanía. Esa movilización ciudadana subordinada por la dirección de la oposición de derecha tiene tres objetivos imbricados: legitimar a la junta directiva de la AN como el único liderazgo del bloque opositor, justificar más injerencia extranjera para presionar al bloque gubernamental chavista, y evidenciar una capacidad de convocatoria que pueda ayudar a la ruptura de la unidad del bloque gubernamental chavista y al inicio de la transición ordenada y negociada. Al final, la consecuencia de ese tipo de movilización ciudadana, sin un programa y consignas ajustadas a las necesidades de las clases populares, es la continuidad de una correlación de fuerzas regresiva que defina la conservación de medidas económicas reaccionarias beneficiosas para el capital transnacional y local.

4.- ¿Cuál debería ser la política de las organizaciones de la oposición de izquierda?

Después de un año 2018, donde hubo centenas de protestas obreras y populares con cierto nivel de autonomía e independencia política, ahora entramos en un escenario en el que retornar las movilizaciones anti-gubernamentales pero convocadas o influenciadas por la agenda de la oposición de derecha. Eso no puede ocasionar un inmovilismo de la oposición de izquierda, entonces presento algunas recomendaciones desde la militancia cotidiana:

Reconocer que las protestas anti-gubernamentales son producto del enorme rechazo popular que padece el gobierno reaccionario de Nicolás Maduro, entonces son totalmente legítimas, sin importar la convocatoria o la influencia de la agenda de la oposición de derecha. Por ello, con una independencia política que se demuestre en un programa y unas consignas ajustadas a los intereses de las clases populares, debemos acompañar e intentar dirigir las protestas anti-gubernamentales.
Denunciar la estrategia de la oposición de derecha y el gobierno de los EEUU y sus aliados regionales: la transición ordenada y negociada. Cuestionar la posibilidad de un golpe de Estado, una negociación de élites o una intervención militar extranjera.
Continuar participando y apoyando a las protestas obreras y populares por salario igual a la canasta básica y acceso a los servicios públicos. En la actualidad, las desarrolladas por las trabajadores y los trabajadores del sector educativo.
Seguir levantado un programa y consignas que reflejen los intereses de las clases populares, tales como: derrotemos a Maduro con la movilización popular; ni negociación ni traición es hora de la movilización popular; y ni derecha oficialista ni derecha gubernamental, es el pueblo trabajador que debe gobernar. Además, insistir en el establecimiento de un plan nacional de importaciones de bienes de consumo productivo y final para abastecer la economía interna e incrementar el salario real de la clase trabajadora, que podría ser financiado con la suspensión del pago de la deuda externa, la repatriación de los miles de millones de dólares fugados y robados por empresarios y altos funcionarios estatales, una reforma tributaria progresiva, un reordenamiento del presupuesto que elimine y reduzca los gastos suntuarios y represivos, y la estatización de la totalidad de la industria petrolera.