A propósito del fallo de la Corte IDH a favor de Linda Loaiza compartimos esta nota de comienzos del año

Publicada el : mar, Feb 6th, 2018

Linda Loaiza expone hoy su caso en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Loaiza ha declarado que intenta ir hasta las últimas consecuencias en la búsqueda de justicia y sentar un precedente en la lucha contra la impunidad para animar a otras mujeres a vencer el miedo y denunciar la violencia de la que son víctimas. “Siento gran responsabilidad y un compromiso por alzar la voz de muchas mujeres que aún temen realizar sus denuncias y además por esas voces a las que las heridas o los maltratos las llevaron a una tumba y nunca pudieron hablar”, explicó recientemente.

Un caso emblemático de barbarie patriarcal

Corrían los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. El 27 de marzo de 2001, cuando contaba con solo 18 años de edad, Loaiza fue secuestrada por Luis Carrera Almoina. Casi cuatro meses estuvo cautiva, hasta el 19 de julio, cuando funcionarios policiales dieron con ella. Se encontraba amarrada en el apartamento de su secuestrador en Caracas. Había sido sometida a brutales torturas y abusos sexuales, sufrió fractura de maxilar, destrozos de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarre vaginal, lesiones en su páncreas y quemaduras de cigarrillo en la piel, entre otras lesiones por las que tuvo que someterse a quince operaciones y pasar más de un año hospitalizada.

Su familia había denunciado la desaparición de Loaiza, pero las autoridades no procesaron la denuncia durante largas semanas, los funcionarios respondieron no intervenían en “problemas de pareja”. Loaiza asegura que incluso Carrera Almoina fue informado de estas denuncias. Pese a la indignación generalizada que produjo la difusión del caso en los medios, el aparato judicial actuó para proteger al agresor.

El machismo debajo de la máscara del “feminismo chavista”

A las torturas sufridas se sumarían las vejaciones institucionales. Mientras que la víctima era de origen humilde y del interior del país, el “Monstruo de los Palos Grandes”, como se conoció popularmente al secuestrador Carrera Almoina, era un ganadero, hijo de un alto funcionario, Gustavo Carrera Damas, quien entonces fungía como rector de la Universidad Nacional Abierta. Su tío, Germán Carrera Damas, también es un escritor apreciado en círculos académicos. La condición burguesa del agresor le valió la protección de las autoridades. Hubo destrucción de evidencias y negligencia policial durante el proceso de instrucción del expediente. La Fiscalía incluso coaccionó a la víctima para que firmara una declaración cuyo contenido desconocía. La fiscal Capaya Rodríguez, responsable de esta actuación violatoria de los derechos de la víctima, fue posteriormente recompensada con un nombramiento como embajadora de Venezuela en Filipinas.

Durante los más de dos años que duró el juicio, el agresor gozó del privilegio de casa por cárcel. El juez que le otorgó el beneficio, Ángel Zerpa Aponte, llegó incluso a postularse como candidato a magistrado del TSJ en 2015 y luego nombrado en el cargo por la AN en 2017, aunque su designación fue revocada por el gobierno. En octubre de 2004, el “Monstruo de los Palos Grandes” fue absuelto por la jueza Rosa Cádiz, quien en cambio ordenó que se investigara a Loaiza y a su familia por supuestamente formar parte de una red de prostitución. Tal fue la nefasta argumentación empleada por la defensa de Carrera Almoina para desestimar las acusaciones de la víctima.

En agosto de 2004, Loaiza realizó una huelga de hambre de dos semanas ante el Tribunal Supremo de Justicia, denunciando el retardo procesal. Ni el Fiscal General, Isaías Rodríguez, ni el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, dieron respuesta adecuada a sus reclamos. Durante el proceso de apelación, 59 jueces se inhibieron, en una actitud de complicidad con el criminal, pero los jueces y fiscales denunciados por sus actuaciones incompetentes y de mala fe durante el proceso no fueron sancionados. Finalmente, en 2006, al culminar su segundo juicio, Carrera Almoina fue condenado a apenas seis años y un mes de cárcel, por lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad. Insólitamente, fue absuelto de los crímenes de violación, tortura e intento de homicidio, quedando demostrada una vez más la corrupción y el sesgo burgués y ultramachista del sistema judicial en tiempos de “chavismo”. Un año después Carrera Almoina fue liberado por cumplimiento de condena y se desconoce si ha cometido nuevos crímenes.

En diciembre de 2015, catorce años después de los hechos, y solo luego de que Loaiza recurrió a instancias internacionales, la Fiscalía solicitó anular las sentencias absolutorias. El TSJ, bajo un férreo control del chavismo, no respondió a esta solicitud.

El gobierno chavista se autodenomina “feminista” y en 2009 creó un “Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género”, con la finalidad de hacer propaganda y cooptar a activistas del movimiento de mujeres. Según las cifras del propio Ministerio Público del año 2014, menos del 1% de las denuncias de violencia contra la mujer llegan a sentencias judiciales. Aún no hay estadísticas oficiales que den cuenta del número de femicidios en el país.