Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ha seguido de cerca el surgimiento del Arco Minero del Orinoco. Teran concibe esta nueva serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. En esta entrevista, sostiene que hay alternativas a una economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.

CPM: Existe una trágica falta de conocimiento sobre el Arco Minero en Venezuela. ¿Puede, muy brevemente, decirnos algo sobre cuándo comenzó el proyecto, su escala, alcance e impacto ambiental?

ETM: El Arco Minero fue propuesto no hace mucho, en 2011, por Hugo Chávez. Pero me gustaría agregar lo siguiente: en realidad, lo que sería posteriormente el Arco Minero surgió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en el cual hubo un conflicto ambiental que resonaría en la opinión pública a finales de los 90. Fue entonces cuando Caldera presentó un decreto que desregulaba la Reserva Forestal Imataca para introducir la minería allí. Es donde están hoy las minas de oro que son el foco principal de la minería en el Arco Minero. La movilización en contra fue tal que ese decreto se mantuvo de alguna manera neutralizado. No fue derribado, pero si neutralizado. No pudieron completarlo. Es con Chávez que este decreto finalmente se formaliza, lo que permitiría llevar a cabo la minería en esa reserva forestal.

Es importante contar esa historia, porque proviene de toda una lógica de (re)colonización del Sur, una lógica que ha sido parte de los proyectos de desarrollo contemporáneos en Venezuela durante mucho tiempo. De hecho, todos los proyectos desarrollistas y progresistas recientes (como el proceso bolivariano) siguieron esa lógica.

En 2011, en el gobierno de Chávez, se anunció el Arco Minero de Guayana o el Arco Minero del Orinoco. Luego se habló de incluso un proyecto conjunto, el Plan Estratégico conjunto con la Faja Petrolífera del Orinoco, que ahora añadía una serie de proyectos mineros en toda la extensión del territorio al norte del estado Bolívar. Estamos hablando de una extensión de 111.800 kms cuadrados, 12 por ciento del territorio nacional, que es aproximadamente del tamaño de Cuba, para tener una idea de la escala. Los proyectos propuestos son la extracción de oro y diamantes, coltan, bauxita y hierro.

Esto implica reabrir y dar un nuevo impulso a minas ya existentes. No es que todas las minas serían nuevas. Minas ya existentes recibirán un nuevo impulso (como las dos grandes minas de oro), pero todo esto también va implicar el abrir nuevas minas. Por ejemplo, la extracción de coltán es totalmente nueva en Venezuela y significa penetrar el bosque de Parguaza y abrir grandes minas de coltán allí. También se abrirían nuevas minas en Imataca para la extracción de oro, formalizar minas de diamantes en el oeste del estado Bolívar y expandir la extracción de bauxita y hierro, que es antigua en Venezuela.

CPM: El Arco Minero del Orinoco implica una nueva legislación que, en efecto, coloca a la zona fuera del estado de derecho y la Constitución. Incluso se podría hablar de un régimen de excepcionalidad, desterritorialización y pérdida de soberanía. ¿Puede decir algo sobre el conflicto entre la soberanía popular y las necesidades de la acumulación capitalista global?

ETM: Eso es muy importante. Al principio, para el gobierno de Chávez, la Faja Petrolífera del Orinoco y lo que hoy conocemos como Arco Minero del Orinoco fueron iniciativas dirigidas a superar el agotamiento del modelo tradicional de acumulación rentista petrolera. Antes de Chávez, el enfoque era fundamentalmente la extracción de crudos livianos y medianos en el estado Zulia (frontera occidental) y en oriente del país, pero esos pozos están en franco declive. Entonces, dentro del modelo extractivista, con Chávez hay un cambio que le da mayor presencia a la extracción de petróleo no convencional en la Faja Petrolífera [también en el oriente del país]. Esto, por supuesto, tiene un impacto ambiental mucho mayor y un mayor costo. Por lo tanto, el Arco Minero sigue la misma lógica, dando nueva vida y oxigenando a un modelo en crisis.

Digo esto porque, si durante el gobierno de Chávez el Arco Minero tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, una especie de reformulación del modelo extractivista, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la naturaleza de una política de ajuste. Es un ajuste radical, aunque no es el típico ajuste macroeconómico, que trataría de redistribuir los excedentes monetarios de abajo hacia arriba.

Este ajuste tiene que ver directamente con la territorialización –es decir, con la apropiación, intervención, modelamiento y administración de los territorios del país– y la penetración radical de la soberanía nacional basada en varios mecanismos. Primero, desde 2016, Venezuela ha estado bajo un estado de excepción formal y declarado, de hecho y de derecho. Este estado de excepción se encuentra en el contexto de una ‘emergencia económica’.

Luego, hay otro instrumento: las Zonas Económicas Especiales. Siguen el formato del neoliberalismo chino, una forma de desregulación radical de los territorios, en la que se elimina cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital: impuestos, aduanas, permisos, leyes laborales, restricciones ambientales, lo que sea. Este estado de excepción incluso significa asignar un tipo de gobernador ad hoc al territorio en cuestión.

El Arco Minero del Orinoco fue finalmente formalizado, en su encarnación actual, en febrero de 2016 con el Decreto Presidencial 2.248. Fue declarado Zona Económica Especial (o llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional). Como tal, se constituye como un territorio de desregulación total, de modo que el capital pueda desarrollarse libremente a cualquier precio. Eso presupone la eliminación de derechos de todo tipo: consulta democrática, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a un medio ambiente limpio y sano, etc.

El régimen de excepción se implementó de la mano de una zona militar especial. Entonces, el Arco Minero es tanto una zona minera especial como una zona militar especial. Tiene un régimen militar especial. El Decreto 2.248 establece que los grupos que se oponen a él se oponen a los "intereses nacionales", y al oponerse a los intereses nacionales ejercerían en una especie de crimen contra el propio Estado. Eso se dice muy claramente en el Decreto 2.248.

Ahora, cuando se observa esto desde el punto de vista de las consultas populares y consultas previas, lo cual, en un proyecto de esta magnitud, debe hacerse no sólo porque está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino también (en el caso de las consultas a los pueblos indígenas) por el derecho internacional, el proceso se ha llevado a cabo de forma muy irregular, con mucha manipulación y cooptación. Para dar un ejemplo, indígenas se han quejado de las apariciones en televisión de capitanes cooptados que no los representan, y estos jefes cooptados estaban respaldando el proyecto minero.

Adicionalmente, los estudios de impacto ambiental están notablemente ausentes. Han sido anunciados, pero nadie sabe dónde están. Nadie sabe nada de ellos. Agrega a esto que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el carácter y el alcance de los acuerdos que se han hecho, pero siguen siendo un misterio total. Toda la información que tenemos se basa en las promesas gubernamentales del ecosocialismo y la supuesta "minería ecológica", pero sabemos, basado en estudios académicos y la experiencia acumulada en América Latina, que la mega-minería es una de las actividades industriales más devastadoras de todas. Así que, claramente el Arco Minero representa un régimen de excepción siguiendo una política de ajustes del tipo más radical, un camino neoliberal muy radical.

"Si durante el gobierno de Chávez el A.M.O. tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la naturaleza de una política de ajuste"

CPM: Claramente, como mencionó anteriormente, los megaproyectos con este tipo de impactos deben someterse a procesos participativos y ratificación democrática. Sin embargo, muchos de los pueblos que viven en el Arco Minero son los menos capaces de hacerse escuchar en los centros de poder. Esto parece aún más trágico ya que tales pueblos a menudo tienen culturas y formas de vida sostenibles que podrían ser tanto más importantes para formar y conformar una sociedad postcapitalista viable.

ETM: Las personas que viven en el Arco Minero son diversas. No son solo indígenas. Debemos recordar que hay ciudades como El Callao, que tiene una tradición minera desde el siglo XIX.

Respecto a los indígenas, lo que has dicho es clave. Los pueblos indígenas no son un sujeto que esté separado de nosotros. Es cierto que, geográficamente, ese ha sido en general el caso, pero política y antropológicamente hablando, los pueblos indígenas son constitutivos de nuestra identidad, ya que la identidad venezolana es pluricultural. Venezuela es en realidad una república constituida por culturas muy diversas, no sólo culturas campesinas sino también culturas indígenas que nos conforman en cuanto a nuestras tradiciones y hábitos y nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de comer, vestirnos, etc. Todo lo que es parte de nuestra identidad. No es que debemos estar agradecidos con los indígenas, es que sencillamente es parte del nosotros.

En sus formas de vida, su cosmovisión, encontramos indicios o pistas para concebir otras formas de vida, una alternativa al modelo que existe en el momento presente. Estas no son cosas que están en un futuro lejano o pasado remoto, sino que tienen que ver con las prácticas existentes en este momento. Estas por ejemplo, incluyen la propia concepción de "Buen vivir" que tienen los Yekwana, pero también formas de trabajar la tierra, prácticas medicinales, prácticas sociales.

No creo que sea bueno romantizar a los pueblos indígenas, ya que han sido agredidos culturalmente y muchos ahora se han involucrado con la minería. Es simplemente un hecho. Han sido sometidos a un largo proceso de colonización, aunque también es cierto que en la Revolución Bolivariana sus derechos fueron reconocidos constitucionalmente. Pero, con la cooptación de los líderes y la creación de burocracias indígenas, sus derechos constitucionales fueron en los hechos anulados.

Cuando hablamos de una repetición de la colonización y la territorialización, podemos señalar dos factores graves. Primero está el tema de la salud. El estado de salud de varios pueblos indígenas nos señala un serio peligro de que algunas comunidades puedan desaparecer en un tiempo no muy largo, ya que varios están muriendo de sarampión, malaria y otras enfermedades que se han propagado rápidamente, debido, entre otras cosas, a la deforestación y al estancamiento de aguas provocada por la minería ilegal, o a las extraordinarias deficiencias en el acceso a los medicamentos.

Hay una idea planteada desde el discurso oficial, que dice que la solución al problema de la minería ilegal es la minería a gran escala. Es cierto que desde mediados de la última década, la minería ilegal creció exponencialmente. Pero Chávez en primera instancia respondió a eso desarrollando programas y proyectos para que las personas tuvieran otras alternativas económicas, como la Misión Piar o los planes de reconversión minera. Hoy, con la excusa de organizar la minería, esos programas fueron abandonados y se propone la instalación de la megaminería con corporaciones transnacionales, mientras que con la expansión territorial de la minería, bueno, naturalmente, los grupos indígenas pierden espacio para sus economías locales y fuentes de ingresos como las que adquieren por el turismo. Este es el caso del pueblo Pemón, que ha visto caer dramáticamente el turismo y, por lo tanto, muchas comunidades se ven obligadas a recurrir a la minería en sus territorios.

Y así se hace realidad esta idea de que la gran minería corporativa es la única opción. ¿O no? Realmente, formalizar la devastación ambiental que causa la mega-minería industrial no puede ser la única opción.

El otro problema con la minería ilegal es que esta no está necesariamente fuera del Estado, porque parte del Estado colabora con el proceso. No es posible que diez o quince toneladas de oro puedan ser sacadas de contrabando fuera del país cada año, que es lo que han dicho altos funcionarios públicos, y que no se puede hacer nada al respecto. Por ejemplo, en El Caura, para sacar el oro de ahí y para meter la gasolina para las motobombas y los implementos tienes que pasar por puestos de control militar. Así que estamos hablando de una participación de sectores del Estado en un proceso que está desangrando el país.

Adicionalmente, la minería ilegal, entre otras cosas, deja charcos gigantes en el proceso. Utilizan chorros de agua a alta presión para hacer deslizamientos de tierra para acceder al oro. Grandes piscinas son abandonadas donde se reproducen los mosquitos, y lo que vemos ahora es que Venezuela tiene el peor índice de malaria en América Latina, según la Organización Mundial de la Salud. La situación está afectando primero a los mineros y a la población local, con consecuencias devastadoras, pero el fenómeno se está extendiendo hacia el norte por todo el país.

CPM: ¿Quiénes son los grandes actores involucrados en el Arco Minero?

ETM: En el Arco Minero, las operaciones a gran escala aún no han comenzado. Básicamente, estamos en la primera etapa de una iniciativa a gran escala: atraer inversionistas. Para decir lo obvio, la situación venezolana es de alta vulnerabilidad política (se considera volátil) y esto hace que los grandes inversionistas desconfíen de hacer inversiones que podrían generar pérdidas.

Lo que ha estado sucediendo es que el Estado ha iniciado una especie de proceso de subasta, ofreciendo mejores y mejores ofertas, mejores y mejores concesiones a las corporaciones extranjeras. De ahí la creación de las Zonas Económicas Especiales y, más recientemente, la exoneración de pagos de impuestos sobre la renta [en el marco del llamado Plan de Recuperación Económica] y la concesión de otras ventajas para grandes intereses corporativos.

El gobierno habló inicialmente (en 2016) sobre el involucramiento de unas 150 compañías de más de 30 países. Muchos de los acuerdos han sido negociaciones verbales, otros han sido memorandos de entendimiento, que es cuando dos partes firman un documento que indica que las partes se reunieron para negociar, pero no es un acuerdo formal, todavía.

La minería en el AMO ha comenzado a concretarse con la canadiense Gold Reserve de Canadá, una empresa que en el gobierno de Chávez fue echada del país en 2009, debido al impacto ambiental de sus proyectos en la Reserva Forestal de Imataca. Ahora le han sido re-asignadas las grandes minas de oro del país en esa reserva. Además, se han concretado algunos acuerdos con empresas chinas. Esto en realidad ocurre de la siguiente manera: cuando Venezuela solicita una reprogramación de sus pagos de deuda con China, entonces, como compensación, China solicita la ampliación de concesiones. Así es como las cosas tomaron forma para los proyectos de compañías chinas como Yankuang Group, para la operación en la misma zona de oro mencionada. La empresa anuncia que está operando desde 2015.

Las corporaciones que han iniciado las operaciones son empresas mineras junior. Una empresa minera junior es como un peón en el ajedrez. Básicamente, inician negociaciones y abren un camino para que, una vez que la situación se estabilice y se consolide el acuerdo, puedan ingresar las grandes corporaciones como Barrick Gold. Gold Reserve y las otras corporaciones que van entrando son, básicamente, mineras junior.

Otros actores clave y altamente problemáticos en el Arco Minero son las compañías militares. Estas están compuestas por militares que forman compañías que entran en negocios conjuntos (como parte representante del Estado venezolano). CAMIMPEG es una de esas empresas, pero hay otras. Esto es, de hecho, un renacimiento del tipo de concesiones petroleras que Juan Vicente Gómez dio a principios del siglo XX: pequeños grupos de amigos que dividieron la torta de ofertas estatales.

"En lugar de abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos naturales’"

CPM: Una posición radicalmente anti-extractivista parece injusta. ¿Cómo avanzarán las naciones del Sur Global cuando, a corto y mediano plazo, sus únicas posibilidades de desarrollo parecen ser la extracción de materias primas? Muchos países del Norte Global pasaron de las economías extractivas a las industriales en los tiempos modernos. Entonces, ¿no sería injusto negar esa posibilidad a las naciones del Sur Global? ¿No es injusto hacer que las naciones del Sur Global soporten la carga de la crisis ambiental del planeta?

ETM: No estoy seguro de estar de acuerdo con algunas de esas afirmaciones. Primero, los últimos quince años de gobiernos progresistas en América Latina se han caracterizado por una lógica más bien de profundizar el extractivismo. Estas no fueron decisiones tomadas por la gente; la decisión vino desde arriba. Los vimos jugar esa carta, como si no hubiera otras opciones.

Repasemos uno de los argumentos típicos: "Necesitamos abrir esta nueva mina, necesitamos abrir un nuevo pozo de petróleo, necesitamos iniciar nuevos proyectos de monocultivo de soja". ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos divisas para el desarrollo.

Uno de los problemas aquí es que no hay ninguna discusión sobre cómo distribuir el excedente ya existente. Las razones para abrir nuestro territorio a la minería son las mismas: se necesita captar divisas. Pero si observamos los diez años anteriores a 2014 (ese año bajó el precio de las materias primas), en esos diez años de auge, unos 500 mil millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado venezolano. Entonces, antes de abrir una nueva mina, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó con todo ese dinero?

Para entender el capitalismo rentista venezolano, se debe entender la arquitectura de la distribución de la renta del petróleo. Esa arquitectura da forma a toda la economía nacional. La distribución de la renta petrolera determina las estructuras de poder y las diversas formas de consumo doméstico. En otras palabras, si por ejemplo el Estado tiene un subsidio eterno a la gasolina, como es el caso de Venezuela, eso fomentará un tipo específico de consumo. Va a determinar la forma en que las personas van de un lugar a otro y promoverá la práctica generalizada de importar vehículos.

Además, cuando hablamos de distribuir las ganancias del petróleo, también tenemos que hablar de impuestos. Según datos de la CEPAL, Venezuela y Chile son los países del continente donde los ricos pagan menos impuestos. En Venezuela, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto regresivo, que además ha aumentado y cae sobre los hombros de los pobres.

¿Cómo podemos conectar esto con el extractivismo? Te voy a dar un ejemplo. Uno de los mayores debates sobre el extractivismo en América Latina fue sobre el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Si aumentara en un 1,6 por ciento el impuesto sobre las 200 empresas más grandes y las familias más ricas del país, eso traería a las arcas del Estado la misma cantidad de dinero que aportaría 25 años de extracción de petróleo en la reserva de Yasuní.

Este es el caso de cualquier país latinoamericano. En lugar de abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos naturales’: abrir nuevos campos, nuevas minas, etc. Luego, cuando los precios de las materias primas bajan, entonces este discurso más bien se engrandece: más iniciativas extractivistas deben impulsarse porque hay una crisis y, por supuesto, la única solución es extraer o perforar más pozos, minas, etc. Sin embargo, resulta que nos metimos en la crisis actual entre otras cosas porque la lógica extractivista estuvo inflada durante la última década y media.

Adicionalmente, conviene decir que actividades como la minería tienen un impacto en otros tipos de sectores económicos, ya que afecta por ejemplo la generación eléctrica. En Venezuela la mayor parte de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. La minería que ocurre en Bolívar afecta los cauces de los ríos, lo que en el caso del río Caroní afecta sensiblemente la potencia de su caudal, siendo el río que alimenta la represa Guri, la principal fuente de electricidad en el país. Así se ha afectado la generación de electricidad. Eso tiene un efecto adverso en la economía, incluso en las refinerías de petróleo existentes y otros sectores de la industria petrolera.

Desafortunadamente, los debates sobre minería y extractivismo son silenciados. Entonces, resulta que el Arco Minero va a terminar afectando adversamente la productividad y la vida en Venezuela, y eso incluye la propia producción de petróleo, que es la que genera los principales ingresos para la nación.

CPM: ¿Qué pueden hacer las personas que quieren monitorear, protestar o simplemente mantenerse informados sobre el Arco Minero?

ETM: Es necesario volver a movilizar a las personas, y esa movilización debe ser autónoma e independiente. Estamos ante un gobierno que se ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra.

Hay una crisis ambiental muy grave en Venezuela y la agenda ambiental debe ser asumida por todos, centrándose particularmente en la lucha contra esta nueva forma de extractivismo de ajuste que se ha vuelto dominante. Hay alternativas, y el movimiento popular tiene que forjar un proyecto: un camino diferente al de la actual devastación que estamos presenciando en Venezuela. Eso, a su vez, requiere un proceso de construcción y debate autónomos, que nos permita superar la lógica actual de devastación social y ambiental.

Entrevista original en inglés: https://venezuelanalysis.com/analysis/14092?fbclid=IwAR1QMcmrWiTO7vHRqvJ8lnQMeNRwMfL6sCbYKyZtera2fzeU7_tTpfxTmdo

* Emiliano Teran Mantovani estudió sociología en la Universidad Central de Venezuela de Caracas. Está cursando un doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental en la Universitat Autonoma de Barcelona. En 2015, su libro "El fantasma de la Gran Venezuela" recibió una mención honorífica en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico.