8 años de impunidad | Alcedo Mora y los hermanos Vergel siguen desaparecidos

Se cumplen 8 años de la desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora y de los campesinos Esneider y Eliézer Vergel, y aún las autoridades venezolanas no han dado una respuesta clara a sus familiares, sobre el paradero de estas personas.

Según los allegados de las víctimas, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) serían los presuntos responsables de la desaparición de los dirigentes socialees.

Meses antes de su desaparición, Alcedo Mora había realizado de manera pública, y ante varias instituciones, una serie de denuncias sobre hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) referidas a posible contrabando de gasolina.

Además, como luchador social Mora acompañaba a comunidades del estado Mérida en procesos de exigibilidad de sus derechos y asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales.

A los pocos días de la desaparición los hijos de Alcedo Mora y otros familiares presentaron la denuncia ante las autoridades respectivas.

El Ministerio Público inició algunas investigaciones preliminares. Sin embargo, durante meses la investigación se paralizó a pesar que familiares y amigos realizaron reclamos públicos y formales ante esa institución.

En noviembre de 2017 el Ministerio Público llamó a declarar a algunas personas que anteriormente habían dado su testimonio.

Ese reinicio de las actuaciones tuvo una explicación: el gobierno venezolano fue notificado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que los hijos de Alcedo Mora con la asesoría de Provea habían presentado una denuncia en esa instancia internacional.
211 desapariciones forzadas en 21 años

Desde el año 2000 y hasta el 2021 Provea registró 211 casos de desaparición forzada, casi en su totalidad impunes.

Al repertorio represivo mostrado por la dictadura de Nicolás Maduro, se ha sumado en los últimos años el aumento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, desconocen el paradero o las condiciones de reclusión y respeto a la vida e integridad de las personas detenidas.