CASO: La minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana (Amazonas)

intervención en las faldas del cerro Yapacana por la minería ilegal durante la pandemia de la COVID-19. Fuente: MAAP program of Amazon Conservation

EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA

Yapacana fue decretado como Parque Nacional (PN) el 12 de diciembre de 1978, para proteger áreas con valiosos recursos escénicos y científicos, que encierran importantes descubrimientos fitogeográficos, incluyendo además sabanas con vegetación pionera especializada, testimonio de la evolución de la vegetación con conexiones florísticas del paleotrópico y el neotrópico (República de Venezuela, 1979).

El Parque tiene una extensión de 320.000 hectáreas; el río Orinoco, marca los límites del parque al sur y al oeste; otro curso de agua, el Ventuari, marca los límites al norte. Además, el Caño Yagua, un pequeño río de aguas negras de aproximadamente 100 km de largo, drena en un área esencialmente plana de 3.320 km2 al este y sur del Cerro Yapacana, marcando parte del lindero (Huber 1995a). Los bosques nublados o nubosos del tope del cerro Yapacana son una isla de biodiversidad única en un “mar” de sabanas y bosques de tierras bajas. El parque también cumple funciones reguladoras importantes, las cuales ayudan a minimizar ciertos fenómenos y procesos impactantes de la biosfera como el desgaste de la capa de ozono, el calentamiento del planeta, las lluvias ácidas, la desertificación, la extinción de especies animales y vegetales, entre otros (Castillo y Salas, 2007). Todo esto convierte a Yapacana en un elemento de gran importancia biogeográfica, único en el Amazonas venezolano y en el país.

Los reportes publicados por García (1987) y Romero (2004) señalan que para el año 1976 el Parque Nacional Yapacana no se encontraba habitado por ninguna comunidad indígena. Los autores coinciden, además, que los asentamientos humanos permanentes en los alrededores al Cerro Yapacana se iniciaron con la actividad minera en la década de 1980. Sin embargo, el área que comprende al Parque Nacional ha sido reportada como parte del área tradicional de distribución de grupos indígenas como los Piaroa (MARN, 2001), además de los Maco, Puinave, Baniva y Curripaco (Bevilacqua et al, 2006; León-Mata et al, 2006).

La actividad turística recreacional está permitida en los caños y ríos de Yapacana, condicionada por una serie de normas cuyo objetivo es proteger el ambiente y respetar a las comunidades indígenas (República de Venezuela, 1990).

Los primeros reportes de la actividad minera en el PN evidencian que esta ya estaba presente desde mediados de la década de los 80, en unas dimensiones muy pequeñas. Inparques reportaba que en 1988 ya existían 9 minas, la mayoría localizadas bordeando al Cerro Yapacana. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la minería en la zona se inició en el año 2004 y tomó una pendiente muy alta a partir de 2012 y 2014. El área intervenida se incrementaría más del doble durante los bienios 2010-2012 y 2012-2014; y casi se duplicó en el bienio 2016-2018. Esto se produce al calor del incremento de los precios internacionales del oro, y posteriormente, con la agudización de la crisis económica en el país. Evidencias satelitales muestran que en la pandemia el área intervenida siguió creciendo notablemente, especialmente en los años 2021 y 2022.

Resultados presentados por León-Mata et al. (2006), obtenidos mediante la aplicación de encuestas a las comunidades, reportan que la problemática ambiental y social más grave dentro del Parque Nacional Yapacana y sus alrededores es la actividad minera. Según informe de RAISG (2018), el PN Yapacana tiene unas 2.000 hectáreas de su superficie bajo una minería aurífera ecocida, lo cual para los primeros años de la década de 2020 evidencia que se ha incrementado (más de 2.200 ha en 2020 según SOS Orinoco). Yapacana es no sólo el foco minero más grande en toda la Orinoquía-Amazonía, sino también, de acuerdo al informe de S.O.S. Orinoco (2019), es el que tiene mayor nivel de destrucción entre los 44 parques nacionales venezolanos. Si se compara en términos relativos con otros parques nacionales, como por ejemplo con el PN Canaima (3.000.000 has), el Yapacana (320.000 has) posee la mayor densidad de área minera por superficie total del Parque (6,36×10-3), superando ampliamente a Canaima (0,17×10-3). Al comparar ambos parques nacionales, Yapacana tendría un índice cerca de 37 veces mayor que el de Canaima y, en términos absolutos, una superficie afectada por la minería 4 veces mayor. Esto nos dice cómo la realidad de la minería en Venezuela, y en particular la del PN Yapacana, es la más alarmante de toda la región amazónica.

La minería en la zona ha causado graves daños ambientales, como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque amazónicos, alteración del curso de los ríos y la contaminación por mercurio. El impacto sobre sus ecosistemas no sólo ha sido en términos de superficie directamente destruida, sino además por el efecto radial y expansivo de los al menos más de 2.000 mineros que están ocupando el PN actualmente. A su vez, la actividad minera ha generado la incidencia de actividades ilícitas tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución y la trata de blancas, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal en el río Atabapo y en el Parque Nacional Yapacana, son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y pueblos indígenas.

Por su parte, los pueblos indígenas, sus tejidos sociales y sus tradiciones, han sufrido severos impactos. En términos de salud, al igual que ha pasado en otros territorios de la región Guayana azotados por esta actividad extractiva, se ha generado una afectación de la cadena alimentaria por la diseminación del mercurio (que termina afectando a los pobladores de la zona); y han proliferado diversas enfermedades endémicas como la malaria.

El aspecto fundamental para explicar la situación que existe en el Parque Nacional Yapacana, es que se trataría de un negocio dirigido y protegido por la guerrilla colombiana, fundamentalmente el ELN y de grupos supuestamente desafiliados de la FARC, actuando en coordinación entre ellos, por lo que se presume existe un “consorcio guerrillero” (SOS Orinoco, 2019; RAISG, 2018; Guarnizo, 2022). Yapacana se encuentra en una zona remota para el control del Estado formal y en la frontera con Colombia, lo que coloca a este Parque Nacional dentro del área de influencia del conflicto armado que aún se desarrolla en el vecino país. Zonas como las de la Reserva Nacional Natural Puinawai, y en general las de los ríos Inírida, Atabapo y Guainía en Colombia están bajo control de la guerrilla colombiana, sostenida fundamentalmente por la minería ilegal (Guarnizo, 2022). Es desde Colombia que se planifica y ejecuta toda la intervención en el PNY, y se estima que la mayor parte del oro extraído del lugar se comercializa a través del país neogranadino.

Los grupos armados que controlan la minería en la zona logran también ejercer un considerable control del territorio. Testimonios y evidencias revelan que existe algún tipo de complicidad con efectivos militares e instituciones de la región (SOS Orinoco, 2020), incluso lo habría revelado un informe del Ejército colombiano (Guarnizo, 2022); hay también un debate acerca de la relación del Gobierno venezolano (o sectores de este) con esta actividad minera ilícita. A pesar de que las autoridades venezolanas han realizado acciones de desalojo de los mineros, estas han venido cesando de forma paulatina y creciente. El Estado formal no ejerce control sobre la zona y buena parte del estado Amazonas, y según el exgobernador Liborio Guarulla, para 2018 el contingente guerrillero en esa entidad se estima en alrededor de 4.000 efectivos (Ebus, 2018). La desprotección territorial del PNY otorga un gran significado a este territorio no sólo para el sustento de las economías ilícitas, sino también para el desplazamiento de estos grupos hacia otras zonas más al oriente del país (como las zonas del llamado ‘Arco Minero del Orinoco’).

Diversos grupos se han movilizado ante los impactos mineros. Comunidades indígenas han realizado denuncias ante las autoridades competentes y se han organizado tanto es lo estadal (a través de las coordinadoras indígenas amazónicas) como en lo territorial, generando mecanismos de defensa del territorio y negociaciones con los actores de la minería. Del mismo modo, varias organizaciones sociales han denunciado a través de medios de comunicación el avance de la actividad en el PN, y la forma cómo esta está siendo controlada por actores del conflicto armado colombiano. Estas denuncias y protestas no han trascendido, más allá de incrementarse la presencia del tema en la arena mediática.

La compleja situación en el PN se viene agudizando cada vez más y se está tornando en un generador de situaciones indeseables, con radicales impactos más allá de las fronteras venezolanas. La zona está siendo severamente afectada por las dinámicas del conflicto armado colombiano, de economías criminales, así como por la crisis interna del país, que atraviesa al Estado venezolano y promueve considerablemente la corrupción en las instituciones oficiales. Esto hace de Yapacana un territorio configurado por otras gobernabilidades extra-legales, integrado a dinámicas transfronterizas muy conflictivas, que involucra recursos naturales.

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