La pandemia y el genocidio

En Abya Yala el nuevo coronavirus está llegando a los pueblos que ya sufren con la dominación colonial, la omisión, el abandono racista de los Estados y la invisibilización por parte de sociedades nacionales que siguen sin reconocer a los pueblos indígenas y negros como parte de sus naciones. Alertamos que, de no tomarse las medidas necesarias, nos enfrentamos a un nuevo e inminente genocidio que vendría a sumarse a la ya larga historia de muerte de pueblos indígenas y negros del continente americano.

En Brasil, donde está establecida una política de muerte por parte del gobierno autoritario de Bolsonaro, ya existen casos de contagio del nuevo coronavirus en comunidades indígenas, quilombos y favelas, sobre todo en los estados de Amazonas y Pará. El caso de los Kokama es sintomático de la desidia del estado: los mismos agentes de salud contagiaron a toda una comunidad donde hasta ahora ya hay más de 12 muertos (de entre los 77 muertos y 308 infectados indígenas en Brasil según datos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, en 12 de mayo) (1).

Muchas muertes siguen siendo negadas por el gobierno federal. São Gabriel da Cachoeira, región al nordeste de la Amazonía, con 90% de población indígena y más de 20 diferentes etnias, ya sufre la expansión desenfrenada del nuevo coronavirus y enfrenta la atención precaria del Estado, con más de 137 casos, 10 muertes y solamente siete respiradores.

Frente a esta situación, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil denunció en el manifiesto final de su asamblea general en el 09 de mayo una política de exterminio por parte del estado, la elite genocida y el racismo institucional (2). Los quilombos en Pará y Amapá presentan varias muertes denunciadas por la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), que ha lanzado el manifiesto Vidas Quilombolas Importan (3).

En Perú los pueblos indígenas demandan protocolos de protección para sus comunidades, en vista de que muchos de ellos fueron contagiados en el reparto de alimentos por personal de los gobiernos regionales. El gobierno respondió con mayor represión ampliando el toque de queda. El sistema de salud pública, ya deficiente, ha colapsado. Sin embargo, las industrias extractivas siguen operando al ser consideradas actividades esenciales, poniendo en riesgo a las comunidades cercanas, como sucede con los trabajadores de las minas Antamina y Toromocho que están contagiados. Las industrias extractivas continúan generando impactos, por ejemplo, un camión que operaba para la minera Shougang se volcó y derramó desechos tóxicos. En la región amazónica de Loreto hay contagios entre indígenas Quechuas, Matsés, Shipibos, este último con casos de muerte. En la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, 7 indígenas Ticunas han fallecido. El plan de emergencia para los pueblos indígenas no precisa medidas concretas ni incluye a las organizaciones indígenas en la gestión de la crisis. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas ejercen mayor control territorial.

En Ecuador los casos en pueblos indígenas empiezan a aparecer frente a una nula respuesta del gobierno de Lenín Moreno, que ni siquiera práctica tests para detectar el contagio. La nación Siekopai, que cuenta ya solo con una población de 700 personas después del etnocidio generado por la extracción petrolera, registra 2 ancianos fallecidos con síntomas asociados al COVID19 a quienes no se les practicó las pruebas para confirmarlo, y 15 contagiados con coronavirus (4). Se han confirmado 2 indígenas Chachi fallecidos y 18 contagiados con coronavirus, quienes fueron detectados por la gestión de la propia organización indígena, que obtuvo una donación de tests (5).

Además, los pueblos amazónicos han sido afectados por un derrame de alrededor de 15.000 barriles de crudo que afectó aproximadamente a 105 comunidades, principalmente de las nacionalidades Kichwa y Shuar quienes dependen de los ríos como fuente de alimento y agua. Este derrame llegó hasta los ríos del lado peruano sin que el estado ecuatoriano haga nada por remediarlo. Las actividades petroleras, mega-mineras y de extracción maderera no se han detenido, y se sabe de la presencia de trabajadores contagiados con coronavirus que circulan cerca de comunidades indígenas, poniéndolas en serio riesgo de contagio. La actividad maderera tampoco se ha detenido en el territorio de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane (6)

En Colombia, el gobierno de Iván Duque ha tomado medidas que benefician a las élites locales y a los poderes financieros nacionales e internacionales, al tiempo que afectan de forma sumamente negativa a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El ingreso sin aranceles de 2 millones de toneladas de cereales y el decreto que aprueba la entrada de maíz transgénico al país (decreto 523 del 7 de abril de 2020) afectan la producción local, los circuitos cortos de intercambio, y el sustento de les pequeños productores. La ausencia de medidas de protección social durante la cuarentena ha resultado en la agudización de los problemas de seguridad alimentaria a los que estaban ya expuestos al menos la mitad de los colombianos.

Especialmente preocupante es la situación de la Amazonía (en donde, según El Espectador, en una semana hubo un incremento de 213% de contagios y no hay una sola unidad de cuidados intensivos en el único hospital de la zona), del Pacífico, y del departamento del Chocó, tres territorios habitados principalmente por comunidades indígenas y negras y donde aproximadamente el 70% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional. Durante el periodo de cuarentena, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, ha repudiado el recrudecimiento de la violencia, y el asesinato a líderes sociales y los hostigamientos a comunidades indígenas por parte de los grupos armados (7). Así mismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ha denunciado no sólo la negligencia del gobierno sino además el ataque físico por parte de las fuerzas especiales contra quienes han salido a denunciar su situación de emergencia alimentaria y humanitaria y que al menos en el 80% de los territorios indígenas no han llegado las ayudas anunciadas por el gobierno (8).

En Venezuela, el 10 de mayo se confirmó oficialmente las primeras personas contagiadas con el nuevo coronavirus en el estado Amazonas, donde casi la mitad de la población es indígena. La situación de crisis y el conflicto político interno han dejado en una grave situación humanitaria a la población, siendo los pueblos indígenas el sector más vulnerado de todo el país tanto por la falta histórica de reconocimiento de la titularidad de sus tierras como por el impulso a la re-colonización de la Amazonía venezolana y de toda la Región Guayana en torno a la expansión de la minería de oro, diamantes y coltán concentrada en el mega-proyecto Arco Minero del Orinoco. El último impulso se dio ahora cuando, en plena cuarentena, el Gobierno nacional determinó como zonas estratégicas para la explotación de minerales ríos como el Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní, cuencas vitales para la Amazonía (Resolución No. 0010 del 8 de abril de 2020, Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526), sentando un enorme peligro para los pueblos indígenas. El rol intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos viene a agravar esta ya delicada situación.

Como Grupo de Trabajo reconocemos que la pandemia del COVID19 tiene su origen en un sistema de producción y consumo que destruye los ecosistemas y la vida humana, y denunciamos el efecto genocida de las políticas de muerte de la mayoría de estados latinoamericanos. Denunciamos además que, desde que empezó el confinamiento global, al menos 10 dirigentes sociales y activistas han sido asesinados en América Latina, seis de ellos solo en Colombia (9).

Apelamos a los pueblos de todo Abya Yala a denunciar este crimen y a unirse por la sobrevivencia común. Y demandamos a los estados que cesen el otorgamiento de nuevas concesiones para la extracción petrolera, mega-minera y maderera mientras dure la emergencia; que apliquen los protocolos de distanciamiento y confinamiento para los trabajadores de esas industrias, respetando además sus derechos laborales; que activen protocolos de prevención y atención para los pueblos indígenas y negros en estricto diálogo con las organizaciones que los representan, y con criterios de interculturalidad; que se tomen las medidas para garantizar el derecho a la salud de todas y todos sin distinción de clase social, raza, etnicidad ni procedencia nacional, y que cesen los ataques a dirigentes y dirigentas indígenas y negros.

Grupo de Trabajo
Ecología(s) política(s) desde el Sur/Abya Yala
14 de mayo de 2020

[1] Ver: http://quarentenaindigena.info/apib/
[2] Ver: http://apib.info/2020/05/10/carta-final-da-assembleia-de-resiste%cc%82ncia-indigena/
[3] Ver: http://conaq.org.br/noticias/manifesto-vidas-quilombolas-importam/
[4] Ver: https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/esta-la-historia-abuelos-secoyas-que-fallecieron-probablemente-covid-19
[5] Ver: https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2020-05/Alerta%2030.pdf
[6] Ver: https://ddhhecuador.org/2020/05/01/documento/alerta-28-se-incrementan-las-amenazas-y-vulnerabilidades-en-torno-la-zona
[7] Ver: https://www.cric-colombia.org/portal/pandemia-lo-que-hay-detras-de-las-cifras-y-los-decretos-del-gobierno/
[8] Ver: https://www.onic.org.co/comunicados-onic/3836-gobierno-de-ivan-duque-incumple-una-vez-mas-a-los-pueblos-indigenas-y-pone-en-riesgo-nuestra-pervivencia-fisica-y-cultural
[9] Ver: https://www.dw.com/es/sin-tregua-durante-la-pandemia-asesinatos-de-defensores-en-latinoam%C3%A9rica-no-cesan-en-cuarentena/a-53077770