Detenciones arbitrarias, secuestro, pranización y militarización de la represión.

DETENCIONES ARBITRARIAS es la respuesta abierta del gobierno ante el auge de las movilizaciones pacíficas de protesta y los esfuerzos de responder ante las políticas estructurales del despojo en las últimas semanas.

Mary Fernández (yukpa) del Yaza en Machiques de Perijá, secuestrada por una acción irregular de particulares armados, luego “rescatada” por el CICPC y mantenida en reclusión en aislamiento. Su secuestro y reclusión en nade se justifica por supuestos sobre algunos de sus familiares que no han sido canalizados legalmente. el gobierno mantiene en la región la costumbre de justicia por mano propia para garantizar un orden de un territorio que solapadamente continua en disputa por el capital transnacional.

José Sargento Sabio (uwottuja) en Picatonal, Amazonas, detenido en medio de la agresiva operación militar consecuencia de los sucesos que en las inmediaciones de Picatonal, el pueblo donde reside la víctima, en los que un grupo irregular armado se enfrentó al ejército. Sus compañeros y vecinos de la comunidad multiétnica de Picatonal han declarado que las denuncias de presencia y control de zonas y negocios ilegales ese han hecho por años desde las organizaciones indígenas y no han sido escuchadas. Ahora tras los sucesos, ajenos a la comunidad, los resultados militares son ineficientes, pero la interrupción de la vida social de la comunidad es completa: vigilancia y represión contante, interrupción de el acceso a conucos y al monte donde se han parte fundamental de la vida según la economía, usos y costumbre indígenas. La detención arbitraria de Sargento Sabio se agrava con los días que pasan en desconocimiento de su paradero y ninguna comunicación con sus familiares y organizaciones, pese a los reclamos hechos por intermedio de instituciones regionales de derechos.

Y ahora Rubén Gonzalez y los obreros ferromineros detenidos camino de regreso de la marcha obrera y popular convocada por la Intersectorial el 28 de noviembre en Caracas, e imputados por ataque al centinela, un delito que lo lleva a ser procesado en tribunales militares, según se pudo saber, a través de los intentos de asistencia que hizo el Diputado Américo de Gracia.

Detenciones donde se violan todos los derechos procesales y donde se tiene el temor sostenido de la desaparición, ya que la incomunicación o aislamiento, el desconocimiento de lo que se imputa en la mayoría de los casos, y el no saber del lugar de reclusión son variables que se han hecho usuales.

Hay que decirlo y denunciarlo para que no se normalice.

Desplazamiento de población y control territorial por bandas armadas, sindicatos, en coordinación solapada con los cuerpos de seguridad y las instituciones del estado y la participación de estas en la administración de negocios de la exclusión y del hambre (minería, bachaqueo de productos CLAP, juegos de envite y azar, etc) Ya son una suma de irregularidades que pretenden imponer el control del miedo a la organización propia, acción popular y a las disidencias.

De la normalización de estos métodos represivos al sicariato y la tortura, hay un paso. Ya han sucedido amparados por la complicidad y el silencio.