¿Dónde queda el ambiente y la naturaleza en el Acuerdo de Barbados?

Venezuela es un país que vive actualmente una compleja crisis multidimensional, no solo económica, sino también social, política y lamentablemente también de carácter ambiental. Una crisis que ha mostrado la erosión total del modelo social construido desde hace 100 años. La naturaleza, la gran sacrificada por este modelo, enfocado en el extractivismo y rentismo petrolero, con apoyo de alguna actividad minera a gran escala como la del hierro y la bauxita, sigue quedando afuera del radar político. Esto es grave, pues los efectos que ha causado no son pequeños, el más visible ha sido la continua y ya escandalosa degradación del Lago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica; el desplazamiento de pueblos indígenas y la crisis hídrica en varios estados del país, incluyendo la capital.

El discurso político habla de solucionar problemas, se enfoca en los servicios públicos para hablar de la energía eléctrica o el agua; pero nadie se atreve a revisar el modelo que nos ha llevado al colapso de los mismos. Nadie se pregunta porque Caracas debe beber agua de dos estados y de zonas tan lejanas como Camatagua, con el gasto energético y de infraestructura que implica. Problemas graves, que desde la dimensión humana nos afectan de forma sensible, que desde la dimensión natural está provocando una enorme tragedia en la pérdida de la biodiversidad, que nos afecta también, pero más a largo plazo.

Negociaciones Políticas

Actualmente, se llevan a cabo importantes negociaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2024. No nos adentraremos a analizar los resultados y devenires de las mismas, en el contexto político, sino que nos enfocamos en sus efectos hacia la naturaleza y los derechos ambientales de los venezolanos. Especialmente como nos afectará en el futuro a los venezolanos, en un país donde a sus ecosistemas se les hace cada vez más complicado para sostener la vida.

Parte de los acuerdos llegados son el alivio de los sectores petrolero y gasífero de Venezuela; entre esto la compra de algunos bonos soberanos, deuda y acciones de PDVSA. También se permiten transacciones financieras de ciertos bancos venezolanos, necesarias en el negocio del petróleo y el gas. Pero además, las sanciones también son aliviadas para la empresa MINERVEN principal, donde, de acuerdo a Bloomberg, el gobierno norteamericano no tiene la intención de sancionar a ninguna persona por únicamente operar en el sector del oro.

Esto es bastante grave, pues en el primer lugar, implica mayor presión sobre el Lago de Maracaibo, donde continuamente se observan derrames petroleros, además de la salinización producto de la apertura de la barra del lago, que permite a los buques petroleros de gran calado entrar al lago. Si prosperan estas medidas, implica un aceleramiento en el deterioro del Lago de Maracaibo, con el aumento de la extracción de petróleo. A nivel global implica mayor acceso al norte global a hidrocarburos para ser quemados y aumentar las emisiones de CO2, incidiendo en el calentamiento global y el actual cambio climático.

Con respecto al sector aurífero, ya es evidente los problemas que generará, pues la empresa estatal podrá ahora intervenir directamente en el mercado del oro extraído en la Amazonía venezolana, lo que internacionalmente implicaría el reconocimiento y aceptación del Arco Minero del Orinoco y las desgracias humanas y ambientales que hay de por medio. Las implicaciones de la reactivación de Minerven, en el actual contexto venezolano son un duro golpe para las políticas de protección de la selva amazónica y de la cuenca del Orinoco.

Sin embargo, ningún grupo político se ha pronunciado por las implicaciones de estas sanciones, ni en sus dimensiones humanas o en sus dimensiones ambientales. Algunos hablan que el levantamiento de estas incidirán en mejorar la situación del país; como si esto abrirá el grifo a nuevas inversiones y aumento de las importaciones. Pero ignoran que se trata fundamentalmente del sector petrolero y minero, lo que agravará la situación ambiental y climática. No se habla sobre la violación de los derechos humanos al sur del Orinoco, la degradación de la cuenca del Caroní y sus implicaciones para la producción de energía eléctrica para el país. No se habla de lo grave que será esto para la preservación de la Amazonía en su conjunto, menos para los pueblos indígenas que la habitan y la biodiversidad que se ve amenazada con la expansión minera sin freno.

El discurso se ha centrado en la coyuntura política y la posibilidad de elecciones libres, que ayudarían aliviar la crisis sociopolítica del país, en el contexto autoritario en el que se vive. Pero a sacrificio del futuro y la habitabilidad en estos territorios.