5.315 protestas registradas en el primer semestre. 30 protestas diarias

84% de las protestas por derechos sociales

12 muertos en protestas por alimentos y servicios básicos
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 5.315 protestas durante el primer semestre de 2018, equivalente a un promedio de 30 diarias

En el primer semestre de 2018 se registró un aumento de 8% en comparación al primer semestre de 2017

Junio fue el mes con mayor índice de protestas.

La mayoría de las protestas (84%) se caracterizó por la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Ante la falta de políticas públicas efectivas que atiendan los problemas urgentes de salud, alimentación y servicios básicos, los ciudadanos protestan a diario y estas son las manifestaciones que destacan por encima de las protestas políticas.

Del total de protestas, en 2.045 se exigieron distintos derechos simultáneamente, lo que se denomina protestas combinadas. Esto representó el 38% del universo registrado entre enero y junio de 2018.

Estados con más protestas

Pese a los riesgos y amenazas, la población venezolana ha alzado su voz de protesta a lo largo y ancho del país. Distrito Capital, Lara y Bolívar repuntan en las demandas

Las protestas se caracterizaron por:

El sector laboral reclama salarios dignos, infraestructura e insumos.
Salud en emergencia: profesionales de la salud y usuarios de centros hospitalarios acompañados de familiares tomaron las calles para exigir un sistema de salud que garantice la vida.
Crisis universitaria: profesores y empleados mal pagados, insuficiencias en providencias estudiantiles y deserción.
Protestas por alimentos y medicinas.
Se agrava el colapso en los servicios básicos y transporte público.
Cierres de calle y concentraciones como las principales modalidades de protesta.

La protesta social como protagonista en 2018

A diferencia del año pasado que las protestas tuvieron carácter político, las necesidades que atraviesan las familias venezolanas, debido a la crisis económica y emergencia humanitaria compleja, han sido el epicentro de las protestas de 2018. En enero, repuntaron las exigencias por alimentos y a lo largo del año se han distribuido entre derechos laborales, salud y servicios básicos.

En la medida que el gobierno no tome acciones, las protestas se agudizan y potencia la conflictividad social.

5 derechos más exigidos en 2018

Durante el primer semestre los derechos más exigidos han variado pero manteniendo el énfasis en los aspectos sociales

Conflictos laborales

La preocupación de la fuerza laboral va más allá de los aumentos de salarios. Pese a cuatro ajustes que ha sufrido la remuneración básica en los primeros seis meses, bonos para quienes posean el Carnet de la Patria, incentivos de las empresas privadas para retener el talento; las 2.019 protestas por derechos laborales acumuladas en el mismo periodo, equivalente a 11 protestas diarias, evidencian la preocupación de un sector que exige condiciones de calidad y estabilidad.

El tejido empresarial del país está representado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, sin embargo, sus condiciones de operatividad se han visto cada vez más limitadas en medio del entorno económico en el que les ha tocado sobrevivir, con una hiperinflación que les obliga a reiventarse o desaparecer.

Esto ha traído como consecuencia desasosiego, desmotivación y preocupación entre los trabajadores de distintos sectores, toda vez que no cuentan con los suficientes recursos para atender sus necesidades básicas.

Desde marzo, los trabajadores han protagonizado acciones de protestas para visibilizar la crisis que vive el sector, representado por unas 13 millones de personas según la última información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2016.

Desde el OVCS, alertamos que la crisis en la que está sumida el sector laboral tiende a agravarse, en vista de que no se observan correctivos en la política económica nacional.

No es descartable la paralización de actividades de algunos sectores, por insuficiencia de salarios que compensen sus necesidades; proliferación de actividades cada vez más informales como alternativa de otras fuentes de ingresos y el crecimiento de la migración forzada, dejando al país desasistido de mano de obra calificada.

Actualmente, los trabajadores del sector salud y estudiantil han sido los más activos en las protestas. Al momento de la presentación de este informe, radicalizaron sus acciones y se declararon en un paro extendido por varios días, como medida de presión ante los bajos salarios que devengan los profesionales y personal obrero. Sin contar las condiciones de trabajo a las que son sometidos por falta de insumos, infraestructura, salubridad, dotación y seguridad de los centros hospitalarios a nivel nacional.

En el caso del sector universitario, insuficiencias presupuestarias y fallas en las providencias estudiantiles son parte de las causas de la deserción de estudiantes, profesores y empleados universitarios, quienes difícilmente pueden asumir los costos de transporte, comida, útiles escolares y matrícula.

Los sindicatos, federaciones y representaciones gremiales se han mantenido activas y en alianza para fortalecer las protestas sociales, a pesar de las amenazas y las condiciones vulnerables en sitios de trabajo. Ha sido el caso del sector universitario y salud.

Otros trabajadores de empresas públicas y privadas, así como transportistas, también han estado al frente de las protestas para exigir condiciones de trabajo, insumos, materia prima.

Clasificación de las protestas laborales por sectores

Protestas de los jubilados en 2018

Los jubilados y pensionados realizaron 204 protestas en el primer semestre de 2018. A lo largo del año, se han ido involucrando en las manifestaciones para expresar el malestar que los afecta.

Es de destacar que este sector congrega a un gran número de adultos mayores que ven desmejorados sus derechos, producto de la emergencia humanitaria compleja que crece en Venezuela, incluyendo el derecho a la seguridad social. Los jubilados y pensionados tienen solo un día al mes para el cobro de la pensión. La mayoría de los adultos mayores dependen de esos ingresos para cubrir necesidades básicas y medicinas.

Colapso de servicios

La falta de luz, agua y gas en el territorio nacional han desencadenado acciones de protestas, cada vez más marcadas por cierre de principales arterias viales.

En lo que va de año, el OVCS ha evidenciado el detrimento de los servicios básicos, para un total de 1.391 protestas documentadas en seis meses o lo que equivale a decir 8 protestas al día.

Cortes eléctricos sin previo aviso y fallas en el suministro de agua se han convertido una cotidianidad este año, afectando la continuidad de las operaciones de la industria, atención de los servicios de salud, comercio, educación y actividades domésticas.

El Gobierno ha sido indolente ante una crisis que ha ido erosionando la calidad de vida de sus ciudadanos y la productividad que demanda el país, al no implementar los correctivos a tiempo y atribuir responsabilidades que le son propias a terceros, ya que de él depende la administración de las empresas prestadoras de los servicios públicos.

El OVCS exhorta a las autoridades a cumplir con lo establecido en el capítulo V, relativo a los derechos sociales y de las familias, de la Constitución, de garantizar las condiciones de vida necesarias de sus ciudadanos, así como en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure los servicios sociales necesarios”

Lo que ocurre en el sector de servicios públicos obedece a la falta de mantenimiento y planes de prevención, afectando negativamente a todos las personas.

Crisis de transporte público

Dentro de las protestas por servicios, hay que hacer especial mención a una situación que también está afectando a los ciudadanos y al sector productivo, como es la falta de transporte.

El parque automotor del transporte público se encuentra desprovisto de unidades por falta de repuestos o por el alto costo que implica su reposición, incluye tanto a líneas privadas como públicas. Adicionalmente, se combina la exigencia de los transportistas del aumento de pasaje.

Esta afectación del servicio de transporte ha trastocado la regularidad de las actividades de trabajadores, estudiantes, comunidad en general. Algunos han tenido que abandonar sus responsabilidades por imposibilidad de traslado, empresas y academias han flexibilizado sus horarios, incluso en algunos casos han asumido los costos operativos de un servicio de transporte privado; otros se exponen a caminar a riesgo de lo que les pueda ocurrir e incluso toman transportes improvisados, en los que se han registrado el fallecimiento de personas por sus condiciones inadecuadas.

Se mantienen las protestas por alimentos

La inseguridad alimentaria persiste en Venezuela. A pesar de que los establecimientos se han visto más abastecidos con respecto a comienzos de año, se mantiene la escasez de alimentos básicos y carestía de productos. Además, esto ha generado el incremento de enfermedades relacionadas con la nutrición en especial a grupos vulnerables: mujeres embarazadas; niñas, niños y adolescentes; adultos mayores; bebés recién nacidos, entre otros. Existe escasez de complementos alimentarios y vitaminas

De las 5.315 protestas registradas en 2018, 772 estuvieron relacionadas a la crisis alimentaria. Hasta 4 protestas se documentaron diariamente por comida.

Enero se estrenó como el mes con más reclamos, luego se fue regularizando con la importación de alimentos para ser distribuidos por las “bolsas CLAP”.

Pese a la reducción experimentada continuamente desde marzo, el OVCS resalta que la crisis alimentaria no ha sido superada. No hay el suficiente incentivo hacia el aparato productivo interno para cubrir las demandas de la población y los salarios son insuficientes para alcanzar la velocidad con la que crecen los precios de los productos. De hecho, durante el segundo trimestre, el foco de atención giró en torno al bajo poder adquisitivo de los venezolanos para cubrir los rubros de la cesta básica.

La mayoría del presupuesto de una familia va orientado a la compra de alimentos y, aún así, no logra adquirir la canasta básica. El reflejo de esta problemática se ve plasmado en cambios del patrón de consumo, ciudadanos desnutridos, desmejoras en la salud y rendimiento, alta dependencia de los programas sociales de alimentación del Estado.

Saqueos e intentos de saqueo en casi todo el territorio nacional

En el primer semestre se registraron 226 saqueos o intentos de saqueos en casi todo el territorio nacional, producto del hambre, desesperación e impunidad.

Enero se caracterizó por registrar el mayor número de casos, con 141 saqueos o intentos relacionados con alimentos, línea blanca, medicinas y otros productos que luego pueden ser intercambiados o vendidos. Estos hechos son una realidad latente ante la agudización de la emergencia humanitaria. Desde el OVCS condenamos cualquier tipo de manifestación de carácter violento que en nada contribuye a resolver los problemas del país.

Sector salud en emergencia

En el primer semestre de 2018 se documentaron 583 protestas para exigir el derecho a la salud. Durante este semestre, enfermos crónicos y familiares han tomado las calles en reclamo de un sistema de salud humanista que defienda y garantice el derecho a la salud y la vida.

La escasez de medicinas, vacunas, reactivos y altos costos para acceder a tratamientos médicos, promueven la propagación de epidemias endémicas, dificulta la recuperación de padecimientos y genera muerte de pacientes.

De igual manera, trabajadores de la salud realizaron 838 protestas. En conjunto suman unas 1.421 cifra que representa el 27% de todas las protestas registradas. Evidenciando la gravedad de la crisis que atraviesa el sector salud en Venezuela.

Sistema de represión como respuesta a las protestas sociales

En los primeros seis meses de 2018 fueron asesinadas 12 personas en el contexto de manifestaciones. Todos los casos ocurrieron durante protestas para exigir Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

El 75% de las muertes ocurrió en protestas por alimentos.

11 personas fueron asesinadas por heridas de bala y una de las víctimas con un objeto contundente. Familiares y testigos denuncian a funcionarios del Estado como responsables de cinco de las muertes y a civiles armados como responsables de las otras siete.

Dentro de las víctimas se encuentran dos mujeres y dos menores de edad.

En el estado Mérida se registró el 40% de los asesinatos (5). El resto ocurrió en: Zulia (2) Trujillo (1), Barinas (1), Portuguesa (1), Anzoátegui (1) y Sucre (1).

La creciente represión en protestas sociales es un indicador más del progresivo colapso en Venezuela. El gobierno está trasladando el sistema de represión que usaba fundamentalmente contra protestas políticas de oposición a la protesta social, donde tradicionalmente se encontraba su base de apoyo electoral.

Al cierre de la redacción de este informe semestral, el 05.07.18, se registró el asesinato de un menor de edad identificado como Luis Fernando Tabata (16) en una protesta por alimentos y medicinas en el estado Anzoátegui. Familiares y testigos responsabilizan a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Tabata es la víctima número 13 en lo que va de 2018.

En la página web del OVCS puede acceder a nuestro Sistema de Información Geográfico de Conflictos (SIGCO) para conocer detalles sobre la ubicación y reseña de cada caso.

OVCS exige cooperación humanitaria internacional

En el primer semestre de 2018 observamos cómo se agudizó la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Se documentó el colapso en el que está sumergido el país, producto de las medidas políticas que se han venido implementando desde el Gobierno, cuyos resultados han sido negativos para los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Y ha ocasionado una ola migratoria de personas que huyen del país en la búsqueda de alimentos, medicinas y condiciones mínimas que le permitan vivir dignamente.

La creciente conflictividad laboral, acompañada del colapso de los servicios públicos, altos índices de criminalidad y violencia, la inseguridad alimentaria y ausencia del derecho a la salud, se acentuarán en la medida que no exista voluntad gubernamental para reconocer los errores y trabajar para solucionarlos.

Hasta ahora, la respuesta del gobierno ha sido mínima, insuficiente, parcial y represiva. El interés político y la permanencia en el poder han prevalecido sobre lo social y sobre el respeto a la dignidad humana.

En distintos espacios, nacionales e internacionales, las autoridades venezolanas han preferido negar la grave situación humanitaria. Las acciones o respuestas han sido de forma discriminatoria y no universal, al segregar a una parte de la población de ciertos beneficios. No conforme, han mantenido la criminalización de la protesta, haciéndola cada vez más represiva por la cantidad de muertos, heridos y detenidos en el marco de las manifestaciones.

Como hemos dicho en los informes anteriores, el Gobierno venezolano debe reconocer la magnitud de la crisis y entender que la cooperación humanitaria internacional es justa y necesaria. De mantenerse el rumbo actual reiteramos que los daños serán irreparables. El país está sumido en la pobreza. Y la única respuesta del gobierno actual es la indolencia.

Descarga el informe completo AQUÍ