El pasado 20 de febrero, el Presidente Nicolás Maduro activó el proceso para la preventa de la criptomoneda venezolana ‘Petro’, la cual es considerada un ‘criptoactivo soberano’ respaldado por 5.342 millones de barriles de petróleo provenientes del campo I del bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco. El Petro cumpliría una función de posibilitar una fuente alternativa de financiamiento para el Gobierno nacional, que no estaría directamente atada a los grandes centros financieros globales, dado que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain), abierta a la participación directa de los ciudadanos. También ha sido anunciado el próximo lanzamiento del ‘Petro-oro’, respaldado en este importante mineral metálico.

El anuncio del Petro ha generado un debate en el cual promotores y detractores resaltan fundamentalmente las potencialidades o desventajas económicas que conllevaría su aplicación. Muy poco se habla de a quiénes se le cargarán los costos socio-ecológicos de esta nueva propuesta de financiarización de la naturaleza y de usos masivos de energía eléctrica para alimentar esta economía virtual. Aunque las criptomonedas parezcan un asunto fundamentalmente de ‘economía inmaterial’, es esencial recordar que se sostienen siempre sobre la devastación de la naturaleza –tómese en cuenta que entre el 60 y el 70% de la minería de bitcoin del mundo, que se encuentra en China, se alimenta del carbón de Australia, Indonesia y la misma China. Así que nuevamente toca insistir en salir del encierro de la economía crematística, que sigue pensando básicamente en flujos monetarios y de trabajo, para tratar de visibilizar también cómo se pone en juego la imperante preservación de los ecosistemas y medios de reproducción de la vida ecológica en el país.

Proponemos tomar en cuenta en este debate nacional estos aspectos, resaltando por lo menos dos factores:

Granjas de minería devoradoras de electricidad y la crisis energética en Venezuela

Ya se ha dicho que el Petro, como una criptomoneda, se basa en la tecnología de cadena de bloques, que registra las transacciones por medio de un trabajo colaborativo que garantiza la confiabilidad y validación del sistema de datos. Este formato colaborativo es el que engloba la minería de la criptomoneda, en la cual los mineros compiten unos con otros por la resolución de problemas matemáticos para así ampliar el “libro de contabilidad” público de dicha criptomoneda, a cambio de una recompensa remunerada en estos mismos valores.

Aunque aún no queda claro cómo se desarrollarían los procesos de minería del Petro luego de la preventa y oferta inicial, diferentes voceros del Gobierno nacional –incluyendo al Presidente Maduro– han anunciado la creación de granjas de minado en todos los estados y municipios del país (en liceos, universidades, cárceles, etc), estableciendo los primeros Laboratorios de Minado y prácticas de campo en granjas, donde se minarían no solo Petros, sino todas las criptomonedas existentes. En el ‘White Paper’ del Petro, se expresa el propósito de crecimiento y desarrollo tecnológico del sistema, con especial énfasis en la cadena de bloques.

Es importante resaltar que los procesos de minería de criptomonedas utilizan numerosas máquinas con potentes procesadores que están las 24 horas del día sistematizando datos y creando nuevas cadenas de bloques, y por tanto exigen de una enorme cantidad de energía eléctrica. Varios estudios han sido publicados en los últimos años mostrando esta problemática [1] [2], generando un debate sobre la sostenibilidad de las criptomonedas, al menos con el algoritmo dominante (proof of work).

Para que se tenga una idea de cuánta energía estamos hablando, podemos examinar algunos ejemplos, tomando en cuenta el crecimiento acelerado del Bitcoin. Según el Bitcoin Energy Consumption Index (2018), se estima que el consumo eléctrico de todas las redes de esta criptomoneda​ es de 42,3 TWh/año, lo que equivale al consumo de energía de Perú. En varios análisis se ha mostrado cómo la cantidad de energía eléctrica que consume el Bitcoin supera ya la de muchos países en el mundo. Las tasas de crecimiento de las operaciones de la red Bitcoin por segundo (hash rate) suben muy aceleradamente, sobre todo en los últimos años. Algunas proyecciones llegan a proponer que para 2020 el Bitcoin va a estar consumiendo tanta energía como los Estados Unidos, e incluso otras más alarmistas señalan que superará el consumo mundial de 2017.

Es claro que el Petro tiene otras dimensiones y condiciones políticas y geopolíticas. Pero conviene preguntarse a qué escala e intensidad se propone hacer crecer la creación de granjas de minería y sus grandes máquinas conectadas a la red, que suelen funcionar por la lógica de competencia y recompensa. Y sobre todo, ¿quiénes van a ser los sacrificados para que eso se pueda realizar, ante las graves deficiencias y problemas energéticos del país?

La severa crisis eléctrica que se vive, tanto en la generación como en la capacidad de distribución, se ha evidenciado con crudeza en los últimos años (recordemos la última crisis del Guri en el primer semestre de 2016), al punto de dejarnos ante la posibilidad de agudos racionamientos y con la existencia de permanentes apagones en toda Venezuela, junto con la afectación de las actividades económicas más esenciales (como la petrolera y la del sector comercio). En el corto/mediano plazo esto podría añadir otro elemento detonante para agravar la situación y afectar todo el sistema de generación y distribución eléctrico del país, con importantes consecuencias sociales y económicas. Finalmente, invita nuevamente a re-pensar el propio modelo de desarrollo planteado y sus preocupantes tendencias a la insostenibilidad socio-ambiental y al colapso sistémico.

La mercantilización y financiarización de la naturaleza

El impulso del Petro representa, a nuestro juicio, una escalada más en los mecanismos de mercantilización y financiarización masiva de la naturaleza que están siendo impulsados por el Gobierno nacional como forma de recuperar su afectado flujo de caja y enfrentar la extraordinaria crisis económica que se vive. Es necesario recordar que, en el marco de una serie de políticas de flexibilización económica que se están llevando adelante, al menos desde 2014, se ha impulsado, por ejemplo, la certificación de todas las reservas mineras del país (Proyecto Magna Reserva Minera) o el ofrecimiento de pago de deuda con commodities (que ya no sería únicamente petróleo, sino también carbón, como se propuso a las corporaciones interesadas para proyectos de Carbozulia). El Petro inscribe a la naturaleza y los territorios, enmarcados como garantía, en la codificación del capital financiero (e-commodity), y compromete petróleo, oro y diamantes que ni siquiera han sido extraídos a estas dinámicas financieras internacionales de despojo.

Aunque ofrezca mayor autonomía, las operaciones no dejan de estar en relación y función respecto a los procesos globales de acumulación y flujos de capital en y desde el país. A su vez, de la misma forma en que ha ocurrido con los bonos de PDVSA, los compradores del criptoactivo pueden ser también buitres del mundo especulativo, lo que puede comprometer la soberanía sobre los territorios y ecosistemas.

El Petro y su expansión se vincula y opera en torno a la configuración de un extractivismo ampliado y flexibilizado, y a un hipotecamiento de la naturaleza y sus ciclos, factores que nos atan con mayor profundidad a los esquemas coloniales de dependencia y devastación ambiental que caracterizan a nuestro modelo de desarrollo.

Toda esta lógica es fundamentalmente neoliberal. Desde los años 80 hasta la actualidad se ha venido desarrollando a escala planetaria un proceso de mercantilización y financiarización de todo los aspectos de la vida (como uno de los dispositivos principales de la globalización). El antecedente más reciente en Venezuela fue precisamente en la década de los años 90, cuando prevalecía un neoliberalismo más ortodoxo y surgían propuestas en el país para pagar la deuda externa con naturaleza (de ahí el interés de Rafael Caldera de abrir la minería de oro en la Sierra de Imataca, cosa que lamentablemente terminaría de efectuarse y consolidarse en el Gobierno de Hugo Chávez).

La severa crisis actual difícilmente se podrá afrontar hipotecando el futuro socio-ecológico de la población existente y por venir. Quedan abiertas las interrogantes sobre el destino de los dineros públicos obtenidos en años anteriores (una auditoría ciudadana de todas las cuentas públicas es imperiosa), así como sobre la carencia de espacios para alternativas socio-económicas que garanticen, en primer lugar, la soberanía alimentaria, la participación popular y la sostenibilidad socio-ambiental. Sigue siendo vital recuperar los viejos debates sobre la teoría de la desconexión, que revivieran cuando se hablaba de ALBA TCP, Banco del Sur y el Sucre.

Foto: Petromoneda.Net