En Túnez, siete años después de la revolución de 2011, comenzó una nueva revuelta en
enero de 2018. Las masas tunecinas, cuyas exigencias económicas y sociales no han
cambiado en modo alguno pero que sus condiciones de vida se han deteriorado cada vez
más desde la revolución, han vuelto a las calles con el lema "trabajo, pan y una
vida digna" contra los planes de austeridad que el Gobierno de Unidad Nacional está
tratando de poner en marcha en el marco del acuerdo con el FMI sobre el pago de la
deuda y el aumento de los precios y los impuestos.

El año pasado, al firmar con el FMI un acuerdo por cuatro años, el gobierno del día
aceptó el programa de pago de la deuda y la limitación del gasto público. Después de
la revolución, la deuda aumentó un 56% en siete años debido a que los gobiernos
acordaron pagar la deuda de la derrocada dictadura de Ben Ali. En el país donde el
déficit comercial alcanzó los 6.500 millones de dólares, el dinar tunecino perdió su
valor debido a la elevada inflación. Las cifras oficiales de desempleo han seguido
aumentando. La tasa de desempleo ha aumentado al 16 %. La tasa de desempleo entre
los jóvenes titulados ha alcanzado el 30%. Los precios de los productos de consumo y
la gasolina subieron un 9% el pasado mes de diciembre. Así pues, se dieron las
condiciones para una nueva revuelta espontánea de trabajadores tunecinos pobres.

Más allá de este marco, hay otros tres factores que han levantado la ira del pueblo
tunecino. La primera es la ley adoptada el pasado mes de septiembre por iniciativa
del gobierno para conceder la amnistía a los funcionarios implicados en la
corrupción del régimen de Ben Ali. Como resultado de esta legislación, la mayoría de
estas personas corruptas regresaron a sus trabajos y algunos de ellos fueron
asignados a empleos "tecnócratas" en el gobierno. El segundo factor que provocó el
descontento del pueblo tunecino fue el hecho de que todos los gobiernos que llegaron
al poder después de la revolución utilizaron ampliamente uno de los instrumentos más
importantes de explotación del antiguo régimen, a saber, la corrupción y el
nepotismo. Recientemente, los comentarios del presidente Essebsi sobre que el poder
ejecutivo del gobierno debería fortalecerse revisando la constitución de la
revolución y restableciendo el sistema presidencial fueron un ataque fundamental a
las libertades adquiridas de la revolución de 2011.

Todos estos factores han impulsado la movilización espontánea de los trabajadores,
mujeres y jóvenes tunecinos. La muerte de una persona como resultado de una violenta
intervención policial y militar ha llevado a la propagación de manifestaciones en
más de diez ciudades. Hasta la fecha, más de 800 manifestantes han permanecido bajo
custodia policial. Las dos organizaciones simbólicas del movimiento obrero y la
izquierda tunecina, la UGTT y el Frente Popular, han demostrado una vez más su
carácter reformista. La UGTT, recientemente galardonada con el Premio Nobel por su
papel en la "transición democrática" post-revolucionaria, simplemente pidió al
gobierno que tomara medidas económicas contra la pobreza en lugar de movilizar su
propia base durante las manifestaciones. El Frente Popular, que desde la revolución
se ha limitado a defender las libertades conquistadas, que ha aplazado la
transformación económica y social, que sigue reivindicando aún una revolución por
etapas, a pesar de haber llamado a las masas a salir a la calle con el lema "Túnez
salva su revolución", ha preferido, en lugar de proponer un programa de lucha para
salir de la crisis económica y conquistar el poder, intentar empujar al gobierno
hacia atrás y hacer que retroceda.

El gobierno, para salvar la situación, al declarar que iba a aumentar el presupuesto
para las familias de bajos ingresos en $70 millones y proporcionar atención médica
gratuita a los ciudadanos afectados por la crisis económica, pretende calmar a las
masas y reprimir las manifestaciones. Pero estas medidas distan mucho de ser
suficientes para satisfacer las demandas de los trabajadores tunecinos que llevan
siete años luchando por "trabajo, pan y una vida digna".

Libertades democráticas sin pan, ¿cómo hacerlo?

En primer lugar, cabe señalar que la insurrección revolucionaria 2011 comenzó con el
mismo lema que ahora:"trabajo, pan y una vida digna". Tras la brutal intervención de
las fuerzas policiales del dictador, la insurgencia tomó un carácter
antigubernamental. Se intenta ahora detener la lucha en la etapa de conquistas
democráticas, aunque desde el inicio siempre ha sido una lucha contra el capitalismo
y la política neoliberal. La causa principal de esta situación es el hecho de que la
izquierda tunecina y las organizaciones sindicales no han propuesto un programa que
vincule las reivindicaciones democráticas y sociales para salir del sistema.

En este contexto, los siete gobiernos que han estado en el poder desde la
revolución, mientras colaboraban con el imperialismo, han hecho hincapié en la
"transición democrática" pero siguen gobernando para las multinacionales y los
acuerdos con el FMI. Y siguen usando la represión contra el pueblo. Continúan con
las privatizaciones y otras formas de ataques sociales, prepararon la destrucción de
las condiciones de vida. Y cuando pensaron que eran lo suficientemente poderosos,
también intentan atacar las libertades democráticas. Es en este contexto donde deben
abordarse la corrupción, el retorno de los antiguos funcionarios del régimen
dictatorial y el debate sobre el sistema presidencial.

Pero las condiciones de vida del pueblo tunecino se han deteriorado tanto que la
vida se han hecho insoportables. En un país en el que la gente está completamente
abrumada por el desempleo, la pobreza y el hambre, la “democracia” no puede ser
construida por los responsables del antiguo régimen. Los que quieren "salvar" la
revolución tunecina deben enfrentarse a esta realidad. La revolución tunecina
solamente podrá salvarse si se apoya en sus verdaderos protagonistas: los
trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Los cambios de fondo vendrán con la
instalación de otro gobierno, un gobierno de los trabajadores, la juventud y los
sectores populares que rompa con el FMI, con las multinacionales y las
privatizaciones y gobierne para los de abajo. La tarea más urgente es proponer un
programa de lucha que vincule las reivindicaciones democráticas y sociales, que
apunte a la construcción de una economía planificada al servicio del pueblo y que,
para ello, proponga el establecimiento de comités locales coordinados para organizar
la lucha en todo el país. Por esto exigimos:

¡La cancelación inmediata de todos los acuerdos con el FMI!

¡La suspensión urgente del pago de la deuda! ¡Utilizar las fuentes de financiación
para crear empleos, mejorar la educación y la salud!

¡La nacionalización sin compensación de todos los establecimientos públicos ya
privatizados!

¡La explotación de las tierras agrícolas no urbanizadas del estado por los
trabajadores de la región!

¡Volver a abrir bajo control obrero las fábricas e instalaciones de producción
cerradas!

¡El establecimiento de comités populares e independientes para luchar contra la
corrupción!

¡Llevar las personas involucradas en corrupción ante los tribunales bajo la
supervisión de estos comités!

¡Libertad para todos los presos políticos!