La situación del país es absolutamente desastrosa y se avecina en el horizonte un gran estallido social, que ya se vislumbra en la ola de saqueos y disturbios ocurridos recientemente. En los últimos cuatro años la economía se ha contraído en alrededor de un 40%, y desde el año pasado nos enfrentamos a una brutal hiperinflación. Las perspectivas para este año son aún peores a las de 2017. Esto ha sumido a millones de personas de los sectores obreros y populares en la miseria. Los salarios están totalmente destruidos, el salario mínimo ronda los 5 dólares mensuales. El hambre azota a millones, ya es común ver a numerosas personas deambular por las calles y hurgando en la basura en búsqueda de alimentos. Hasta organizaciones como la FAO, que anteriormente saludaban la política alimentaria oficial basada en la ficción de la bonanza petrolera, ahora difunden informes donde constatan el crecimiento acelerado del hambre y la desnutrición. Todo este dramático cuadro es el que generó protestas en diciembre por las tramposas promesas de distribución de bolsas de Clap, de perniles y de bonos navideños, y que en los primeros días de este año viene propiciando numerosos saqueos y protestas populares en los estados Bolívar, Zulia, Anzoátegui, Distrito Capital, Portuguesa, Trujillo, Miranda, Nueva Esparta, Guárico, Sucre, Yaracuy y otros. Los trabajadores cementeros y eléctricos en Anzoátegui, los trabajadores del Metro de Caracas, los petroleros de Petrocedeño, y otros sectores de la clase trabajadora también empiezan a movilizarse, realizar cascazos, huelgas de brazos caídos y otras acciones de lucha. La situación es explosiva.

El desastre se profundiza, la mortalidad materna e infantil alcanzó niveles no vistos desde la década de 1960 e incluso en algunos rubros de los años treinta. Epidemias de difteria, paludismo, tuberculosis, sarampión y de otras enfermedades que se daban por superadas décadas atrás, castigan a los sectores más humildes. Los hospitales y centros asistenciales no cuentan con presupuesto ni recursos para atender el desastre. El gobierno oculta criminalmente todas estas cifras, niega las dimensiones de la crisis, incluso, habla de “victorias” en el sector salud y de un inexistente Sistema Público Nacional de Salud. En el ámbito de la educación, la deserción crece vertiginosamente. Los servicios públicos se encuentran en franco deterioro, afectando el acceso al gas doméstico, la energía eléctrica, el transporte y el agua a millones de venezolanos y venezolanas.

Toda esta crisis ha sido generada por un gobierno indolente que saqueó una renta petrolera milmillonaria durante más de una década en la que Hugo Chávez ejerció la jefatura del Estado, en medio de la cual se presentó la mayor fuga de capitales y los más elevados índices de corrupción en nuestra historia. La corrupción se manejó sistemáticamente como un modo de configuración de alianzas y de solidificación de lealtades políticas en el gobierno. Y ante la caída de los precios petroleros, se viene aplicando un paquetazo mucho más terrible que los aplicados por los gobiernos antipopulares del período puntofijista. Se ha recortado de manera drástica las importaciones de medicinas y alimentos, privilegiando los pagos de una deuda externa fraudulenta. El vicepresidente Tarek El Aissami en reunión con tenedores de bonos, a fines de octubre del año pasado, ratificó la voluntad de seguir pagando la deuda externa y admitió que el gobierno pagó más de $73 mil millones en 36 meses. Maduro incluso ha creado un nuevo mecanismo de distracción y endeudamiento a través de la supuesta criptomoneda “Petro”, intentando generar un boom con pretensiones de panacea, la cual le da un tiro de gracia a nuestro signo monetario. Y, con la aparente creación de un nuevo tipo de cambio oficial, buscan además de ponerle la mano a las remesas que envían migrantes venezolanos a sus familiares. Mientras tanto, con la asignación estatal de dólares a 10 bolívares se saquea la renta petrolera y se alimenta la acumulación de capital en sectores emergentes (la llamada boliburguesía) y tradicionales de la burguesía.

El gobierno ha perdido la base social de la que gozó durante muchos años. El descontento popular es mayoritario, como se expresó en el voto castigo del año 2015 y en centenares de protestas populares desde entonces. La respuesta del gobierno ha sido huir hacia adelante, imponiendo un cambio autoritario en el funcionamiento del régimen político, con la imposición de una ilegitima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que avanza en la restricción de los derechos democráticos, como se evidencia en la llamada “Ley contra el odio”, al tiempo que profundiza el entreguismo con la aprobación de una ley para normar el saqueo del Arco Minero del Orinoco y una ley de protección y promoción de inversiones extranjeras. El gobierno ha creado perversos instrumentos de control político, como el “carnet de la Patria” y la distribución de alimentos a través de los CLAP, con el expreso objetivo de arrodillar, humillar y someter a la población, como lo recomienda la asesoría cubana. Otro cambio en el régimen lo ha constituido el otorgamiento de mayores cuotas de poder a una cúpula militar corrupta y sobre la cual existen señalamientos de participación en negocios turbios, que además de los recursos asociados a las cuestiones militares y del contrabando de gasolina y alimentos a través de las fronteras, ahora administra Pdvsa, tiene un canal de televisión, una empresa minera y petrolera (Camimpeg), y está a la cabeza de los principales ministerios, así como de numerosas gobernaciones y alcaldías.

Por la unidad de acción de los trabajadores y amplios sectores populares, por la construcción de una oposición de izquierda

El modelo económico, político y social del chavismo no es socialista ni antiimperialista, ni de izquierda, como la propaganda oficial afirma engañosamente y algunos sectores de la sociedad venezolana creen, sino que representa la degeneración corporativista a niveles nunca antes vistos del capitalismo semicolonial y extractivista, basado en el saqueo de nuestro principal recurso, el petróleo, por parte de transnacionales extranjeras. Modelo hoy expresado en las empresas mixtas entre el Estado y empresas yanquis, chinas, rusas, europeas, japonesas, iraníes y de otros países. Por su parte, la oposición patronal y reaccionaria agrupada en la MUD es profundamente antipopular, electorera y proimperialista, que respalda abiertamente las amenazas y propuestas de intervención militar extranjera en el país. En vez de ser consecuentes en el acompañamiento a las protestas populares contra el hambre como ocurrieron el año pasado, jugaron a su desgaste dejándola a su suerte, actuando como verdaderos tránsfugas cuyo único propósito es medrar y compartir cuotas de poder del Estado y la renta petrolera, con la cúpula gobernante. Ahora apuestan a la presión y a la injerencia extranjera, en el marco de sus negociaciones conciliatorias con el gobierno, en jornadas como las que se desarrolla en República Dominicana. Su conducción comprometida únicamente con los intereses de capitales nacionales y extranjeros, le convierte en un obstáculo para que los sectores populares y obreros se sumen a las protestas para derrotar al gobierno en las calles. Aunque muchos de sus voceros se abstienen de decirlo abiertamente, el programa de la MUD ante la crisis pasa por privatizaciones, liberalizaciones y la continuidad del entreguismo chavista ante las transnacionales, el extractivismo y el clientelismo.

Las organizaciones y activistas de izquierda que nos oponemos al gobierno y rechazamos a la MUD y otros sectores de la oposición patronal, que cerramos filas única y exclusivamente con el pueblo que vive de su trabajo, que reivindicamos el derecho a la protesta popular y repudiamos la criminalización y persecución de los que luchan, ¡quienes protestamos no somos terroristas! Defendemos la necesidad de que los trabajadores y demás sectores populares se movilicen para derrotar el ajuste económico y en defensa de sus derechos, violentados sistemáticamente. Denunciamos los dispositivos represivos como la OLHP, que institucionalizan las ejecuciones extrajudiciales, igualmente a los grupos armados paraestatales autodenominados colectivos que son utilizados para sembrar el terror y asesinar en las localidades populares del país. Defendemos el derecho a la huelga en las empresas públicas y privadas, así como el derecho a la organización sindical y popular autónoma. La lucha social actualmente es una defensa de la sobrevivencia misma.

Postulamos un programa alternativo ante la crisis, entre cuyos elementos se encuentran la denuncia del pago de la deuda externa, una deuda odiosa cuyos pagos se le cobran al pueblo trabajador en la forma de recortes a las importaciones, recortes a la seguridad social y los salarios, todo lo cual se traduce en más miseria y más hambre. Exigimos dejar de pagar la deuda e invertir esos recursos en la recuperación de la producción nacional y la industrialización, el restablecimiento de las importaciones de alimentos y medicinas mientras no se produzcan en el país, el aumento del salario mínimo real afín de que cubra la canasta básica, la realización de una reforma agraria, la concreción de una reforma tributaria progresiva y la recuperación de las empresas básicas. Exigimos la nacionalización de la industria petrolera, sin empresas mixtas ni transnacionales, para que se pueda disponer de esos cuantiosos recursos que actualmente son saqueados afín de la transformación socioeconómica de Venezuela. Denunciamos los acuerdos entreguistas de las zonas económicas especiales y el Arco Minero del Orinoco y llamamos a rescindir dichos contratos. Y, además, darle un giro de ciento ochenta grados al extractivismo que ha sumido en la monoproducción y en el atraso al país. Consideramos que es indispensable repatriar los capitales fugados en el festín corrupto de los últimos años, capitales que fueron a parar a paraísos fiscales como Andorra, así como confiscar las cuentas y bienes de las empresas que sobrefacturaron millones de dólares en importaciones.

Las organizaciones y activistas que suscribimos esta declaración, extendemos el llamado a coordinar esfuerzos a todos los luchadores sindicales, comunitarios, estudiantiles, campesinos, del movimiento de mujeres, ecologistas, de defensa de los derechos de la comunidad sexodiversa, defensores de los animales no humanos y de todos los sectores populares comprometidos con el impulso de una salida obrera y popular a la crisis. Incluso llamamos a los sectores de las fuerzas armadas descontentos ante el hundimiento del país y que no estén dispuestos a seguir jugando un rol represivo y manchándose las manos con la sangre del pueblo, a sumarse a las filas de los más humildes de nuestra sociedad que hoy protestan. Nuestro llamado urgente es a avanzar unitariamente en acciones concretas para enfrentar las políticas del gobierno de manera autónoma, mientras realizamos una discusión democrática que respete la diversidad de los sectores que conformamos la oposición de izquierda. Tal es el sentido de la coordinación que estamos construyendo.

Firman organizaciones políticas y sindicales, activistas y luchadores sociales.