El Ejecutivo Nacional desde el inicio de las protestas populares en el mes de abril del presente año 2017, ha establecido un entramado judicial para reprimir toda manifestación de rechazo a su gestión, esta política arroja el saldo lamentable de dos centenas de fallecidos, miles de detenciones, de heridos y centenares de periodistas agredidos y saqueados sus equipos de trabajo. En esa dirección ha impuesto el código militar para juzgar a civiles violando sistemáticamente los DDHH consagrados en la vigente CRBV.

A raíz de los eventos sucedidos en el cuartel Paramacay en el Estado Carabobo se ha multiplicado una política de terrorismo contra la población civil, al actuar con el modus operandi de justicia express se imputa al ciudadano a partir de tribunales militares, para luego el SEBIN y cuerpos de seguridad del estado, irrumpir violentamente en las viviendas y apresar los acusados, quienes son extraídos en algunos casos esposados y semidesnudos de sus hogares y en presencia de sus familiares, para luego ser recluidos en lugares infrahumanos donde los jóvenes anteriormente detenidos por protestar, han contraído numerosas enfermedades. Aún cuando el deber del Estado es proteger a los ciudadanos, no humillarlos ni maltratarlos.

En lugar de establecer los derechos constitucionales del debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juicio en tribunales civiles, para que sean investigados debidamente los acusados, se procede mediante el terrorismo policial a amedrentar a la población, estableciendo como señuelo la humillación a representantes gremiales y sindicales, sometidos al escarnio público en cadenas mediáticas de difusión nacional.

Los involucrados en el Estado Carabobo, Julio García, Presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo y profesor de la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ciencias de la Salud y Rosmary Di Pietro presidente del Colegio de Contadores y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, son integrantes del Bloque Intergremial y participes del Frente de Trabajadores en Defensa de la Constitución y la Democracia del Estado Carabobo, en segundo lugar Omar Escalante es presidente de Fetracarabobo, filial de la CTV, todos firmantes de Manifiestos y posiciones públicas en rechazo a la fraudulenta Constituyente Comunal.

En el contexto de esa razzia de resentimiento y venganza se ha detenido igualmente a Omar Vázquez Lagonel, quien preside la Asociación Nacional de Jubilados y conductor de numerosas luchas en defensa de los Jubilados y Pensionados, con similares prácticas de detención que violentan los DDHH, orientadas a suprimir a todo el mundo sindical y gremial.

Desde la UNASSGV en el Estado Zulia rechazamos la violación permanente de los DDHH, reafirmamos nuestra solidaridad con los compañeros detenidos, a quienes se le niega el derecho a la defensa y a ser juzgados en tribunales civiles, por tanto exigimos su inmediata libertad, sean procesadas las acusaciones en las instancias judiciales correspondientes. Por tanto llamamos a todo el movimiento sindical y gremial en Venezuela a realizar campaña de solidaridad a nivel nacional e internacional ante el terrorismo de estado.

Maracaibo, 18-08-2017

Firman : Los integrantes de la Coordinación de la UNASSGV

Coordinador : Ildemaro Cardozo e integrantes de la Coordinación : Froilan Barrios, Golfredo Davila Arnaldo Montes, Ivan Basabe, Asdrubal García, Laura Bolla, Mauricio Lombardo, Hania Salazar, Tito Salas, Rafael Zambrano, Luz Marina Pacheco, Albert Geovo, J. Luciani, J. Morales, Carlos Petit, William Paz, Minerva Romero, siguen firmas…..