Cuando en diciembre de 1998 Chávez ganó las elecciones, la mayoría de los venezolanos venían de una conflictividad social contra las cúpulas corruptas adeco-copeyanas, lo cual costó muertes, desapariciones, asesinatos selectivos, represión, allanamiento a universidades, masacres como Yumare, El Amparo, Cantaura y el “caracazo”, encarcelamientos y hasta fusilamientos por parte de brigadas de “cazadores” a estudiantes universitarios, como el caso del estudiante Domingo Salazar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes. Es bueno recordar que también eran calificados de “terroristas”. La ola de protestas en aquel entonces estaba encabezada por una izquierda insurgente que venía de la lucha armada y la protesta estudiantil, inmersa en una conspiración cívico-militar en la cual los militares terminaron infiltrando cada célula rebelde y absorbiendo los principales cuadros políticos, secuestrando todo un ideario que luego se transformó en el llamado “socialismo del siglo XXI”.
En 1989, la olla de presión popular en Venezuela necesitaba de un catalizador y en el imaginario colectivo gravitaba la figura del “gendarme necesario”. Para ello, fue oportuna la asonada del 4 de febrero de 1992, cuando un grupo de militares, quebrantando el principio de subordinación al poder civil y el criterio de “profesionalismo militar”, catapultó con un “por ahora” a un teniente coronel desconocido en la sociedad civil, pero apuntalado en la sociedad militar como el próximo “héroe” para culminar, por un lado, con la pacificación de la izquierda y, por otro, con la continuación de la reforma del Estado -iniciada con la COPRE- y la consolidación del paquete neoliberal aplicado por CAP II. De allí en adelante, tanto la derecha como la izquierda se dividieron, pero también, una buena parte de ellas, se plegó a un liderazgo militar que terminó controlando y corrompiendo a una izquierda insurgente, así como a una derecha conspiradora.
Al llegar al poder político, Chávez convocó a una Asamblea Constituyente –derivada- donde se congregó tanto a la izquierda como a la derecha para terminar aprobando en referéndum una constitución de corte neo-liberal –hoy defendida por ambos sectores como un “modelo” constitucional- donde, entre otras cosas, se lograba dar rango constitucional a uno de los objetivos centrales del capital industrial y financiero: La privatización de los recursos energéticos a través de las empresas mixtas. Los demás deberes y derechos formaban parte de una andamiaje que reeditaba los rasgos esenciales de un Estado Liberal, pero con todos los elementos necesarios para profundizar a un capitalismo de Estado, bajo farsa ideológica del “socialismo del siglo XXI”.
La contraofensiva de la clase política “desplazada” (léase adecos y copeyanos no-chavistas, porque hubo otros blancos y verdes se vistieron de rojo) del aparato burocrático estatal se tradujo en marchas, protestas, paros y sabotajes que sólo sirvieron para atornillar a quienes detentaban el poder, como ocurrió con el paro petrolero que le permitió al gobierno tomar control de PDVSA o el paro patronal que llevó a la quiebra a empresas privadas y a la expropiación (indemnización) de aquellas empresas en proceso de quiebra inminente.
Sin embargo, más allá de las consecuencias políticas, jurídicas, sociales y económicas del gobierno de Chávez, hubo un resultado mucho más nefasto que todos los anteriores: la partidización del componente militar. Con ello, el rasgo político de la fuerza armada nacional como parte fundamental del ESTADO quedaba reducido a un partido militar al servicio, por supuesto, de un sector político de la sociedad, mas no de la nación. Con ello, se contrariaba el principio constitucional relativo al profesionalismo castrense y se creaban las condiciones, paradójicamente, para una desmilitarización del elemento militar. Luego con la creación de las milicias y la formación de cuerpos paramilitares al servicio del gobierno el “monopolio de la violencia” por parte del Estado ha ido cediendo ante la creciente ola de violencia social.
Por otra parte, la aprobación de la Ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo –versión criolla del Act Patriot USA- llevada a cabo con el beneplácito de la oposición y el oficialismo, cuando todavía la Asamblea Nacional era “roja rojita” ha dado al gobierno de turno, así como a quienes están por sentarse en Miraflores, un garrote para criminalizar y aplastar cualquier intento de subvertir el “orden”, como cualesquier acto de protesta social. Es decir, ante un eventual gobierno de “derecha”, dicha Ley contiene los elementos fundamentales no solo para reprimir al “terrorismo” interno (léase protesta social), sino también para justificar cualquier intervención militar extranjera, bajo el principio de la “extraterritorialidad”, lo cual dado lugar a las llamadas “guerras preventivas” en Medio Oriente y “guerras de cuarta generación” en América Latina.
El escenario en el cual se encuentra atrapada la conflictividad social en Venezuela, donde prevalece el no-reconocimiento de las partes y un diálogo de sordos, la intolerancia y la mutua criminalización de los sectores en pugna, ha llevado a acorralar al “bravo pueblo” en medio de unos mercenarios de “derecha” y de “izquierda”, expuesto a ser víctima de aquellos que han venido rompiendo el hilo constitucional sistemáticamente. Es decir, de aquellos que calificarán de “terroristas” a quienes protesten contra el continuado paquete neoliberal, a quienes se rebelen contra la entrega de los recursos energéticos, a quienes se levanten contra el hambre y la corrupción, a quienes se subleven contra cualquier injerencia extranjera –yanqui, rusa, china o cubana-, a quienes denuncien la violación de los derechos humanos, a quienes se nieguen a pagar la deuda externa, en fin, a quienes “atenten contra cualquier estructura política, económica y social, a nivel nacional o internacional”.
Pero es bueno saber que el verdadero terrorismo ha sido el terrorismo de Estado, causa real y originaria, de la violencia política y social. Terrorismo de Estado como el practicado por los Estados unidos desde Hiroshima y Nagasaky hasta los últimos bombardeos a Siria, como terrorismo de Estado puesto en marcha por el Estado colombiano desde el asesinato de Gaitán hasta las postreras masacres campesinas por parte de las Autodefensas uribistas, como el terrorismo de Estado ejecutado por la URSS cuando invadió a Checoslovaquia o Afganistán, terrorismo de Estado fue la represión del Ejército Rojo en la plaza de Tiananmém, así como terrorismo de Estado es y será todo uso del Ejército, Guardia Nacional, policía u otra forma de violencia estatal y paramilitar contra la población civil.
Por ello, no hay Estado de “izquierda” ni gobierno de “derecha”. TODO ESTADO es reaccionario, represivo e instrumento de dominación.

1.- Para mayor información sobre esta Ley, véase: “Ley patriota de los Estados Unidos”. Disponible en: http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/US-Patriot%20Act.htm . Por su parte, al igual que la mencionada Ley estadounidense, la “Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo”, contiene el principio de extraterritorialidad el cual contempla la intervención o injerencia extranjera en asuntos internos. Al respecto, véase: https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf
Ebert Cardoza Sáez
*Historiador. Profesor de la Escuela de Historia (ULA)
ebertcar4@gmail.com