Antes de que se conociera sobre las masacres de Cariaco (Sucre) y de Barlovento (Miranda), en las cuales 22 personas murieron a manos de militares que participaban en la polémica Operación de Liberación del Pueblo (OLP), desde el Ministerio Público (MP) se venían haciendo llamados a revisar y replantear la última iniciativa del Gobierno para combatir el crimen y motivos no faltaban, pues, hasta el 15 de octubre pasado, ese organismo estaba investigando a 926 policías y uniformados por presuntamente ajusticiar a 476 personas.

La información la suministraron a Crónica.Uno fuentes judiciales, las cuales indicaron que 65 % de los funcionarios objeto de averiguaciones son agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), es decir, unos 604; mientras que apenas 8 % (77) eran uniformados del Ejército o de la Guardia Nacional.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 112; y las estadales en su conjunto, con 108, ocupan el segundo y tercer lugar como los cuerpos de seguridad con más funcionarios sospechosos de ajusticiar a personas, de acuerdo con los datos manejados por el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz.

“Nadie se salva, todos los organismos están salpicados”, explicaron en predios judiciales, donde agregaron: “La OLP, ciertamente, fue concebida por militares y es ejecutada por militares, pero desde hace unos meses el papel de otros organismos, en particular el Sebin o la Policía Nacional, es mayor”.

La participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la lucha contra el crimen está prohibida por la Constitución, la cual en su artículo 322 establece claramente que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los Derechos Humanos, sin discriminación alguna” y solo permite, en algunos casos, su intervención para restablecer el orden interno.

Una víctima diaria

Desde que el pasado 12 de julio, el Gobierno ordenara a decenas de guardias nacionales, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de otros organismos intervenir en el capitalino barrio de La Cota 905 —donde nueve personas perdieron la vida—, para desarticular a las bandas criminales que allí actúan; el MP ha abierto 332 averiguaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales abarcan a 476 personas.

Estas cifras arrojan que una persona ha muerto diariamente desde que las OLP se vienen ejecutando.

En comparación con el primer balance que hizo el despacho de Luisa Ortega Díaz sobre esta iniciativa en febrero pasado, donde anunció que investigaba 245 presuntos casos de ajusticiamiento, el número anterior representa un aumento de 94 %. Pero si se le suman las víctimas conocidas y confirmadas de Cariaco y de Barlovento, superan 100 %.

Carabobo, Caracas y Bolívar son los tres estados donde más víctimas se han registrado. Sobre estas, los datos que manejan en el Ministerio Público revelan que 95 % de las asesinados son mayores de edad, mientras que solo 5 % (26), son adolescentes.

Las espeluznantes cifras oficiales palidecen con las que manejan organizaciones de Derechos Humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la cual aseguró que hace semanas registran 850 casos de presuntos ajusticiamientos.

Estos datos ponen de manifiesto la gravedad del problema venezolano, el cual fue reconocido por el MP durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que fue sometido el país en noviembre pasado y donde la vicefiscal Alix Boscán reveló que entre 2011 y 2016, 1.775 funcionarios civiles y militares fueron acusados por estar presuntamente implicados en violaciones a los DDHH. De este número, 786 fueron acusados por homicidio y 989 por tortura, trato cruel e inhumanos.

Días después de conocida la masacre de Barlovento, donde 12 campesinos fueron detenidos ilegalmente, desaparecidos, torturados y asesinados; Ortega Díaz, por segunda vez en meses, llamó al Ejecutivo a revisar la OLP:

“Si bien es cierto que es necesario realizar actividades para combatir la criminalidad, estas no pueden desarrollarse de manera compulsiva, de manera violenta contra toda una población y sobre todo contra los más vulnerables, contra los más indefensos, porque estaríamos en una situación muy grave como sería criminalizar a los más pobres y además eso propicia más la violencia. Estas operaciones ejecutadas en esta forma no ayudan a la paz, no contribuyen ni fortalecen la tolerancia, por el contrario, exacerban la violencia”.

Sin embargo, hasta las autoridades no han escuchado la petición de la funcionaria, pese a que el caso de Barlovento amenaza con agravarse, pues hasta ahora el MP investiga ocho nuevas denuncias de desapariciones forzadas.

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Fuente: Juan Francisco Alonso en Crónica.Uno