A continuación compartimos un escrito elaborado y presentado por Revista Arpillera durante la Jornada Por La Tierra y Contra el IIRSA, celebrada el pasado domingo 6 de noviembre de 2016 en Santiago de Chile.

Hace dos días se cumplieron tres años y ocho meses del asesinato, por parte de mafias ganaderas y del Estado venezolano, del cacique yukpa Sabino Romero Izarra. Desde que llegué a Chile me ha impresionado notar que el interés de la izquierda e incluso de un sector del movimiento libertario -cuando se trata de Venezuela- se limita a asuntos de mera gobernabilidad en aquella región y pasan por alto cualquier atención sobre los movimientos populares o comunidades indígenas que resisten a aquellas políticas de gobierno enmarcadas en el más crudo capitalismo.

No es casual que suceda de este modo, pues dentro de las estrategias políticas que sostienen un proyecto macroeconómico como el IIRSA se encuentra el invisibilizar e incomunicar a las personas que constituimos territorios, para sobreponer a ellos todo el despojo planificado. Se sobrepone también un discurso latinoamericanista que enfoca su atención no en la integración de las luchas sino en la confluencia de políticas de gobierno. Y así, vimos elevarse y opacarse toda una corridilla de gobiernos progresistas que fueron los encargados de hipnotizar a las masas, empeñar los territorios en ese acuerdo firmado en el año 2000 y servir la mesa a gobiernos abiertamente neoliberales.

De este modo, en la región argentina o chilena siempre supimos quién era Chávez y cuántas canciones podía cantar en una alocución de dos horas, pero jamás nos enteramos de que existía una comunidad indígena en geografía venezolana que exigía autodemarcación territorial al gobierno de aquel militar y que por el sólo hecho de ejercer la acción directa y atreverse a recuperar parte de su territorio, estaba siendo criminalizada y aniquilada. Me refiero, por supuesto, a la comunidad yukpa que hoy agoniza en la Sierra de Perijá y que fue una de las primeras víctimas notorias de la puesta en marcha del IIRSA en Venezuela, pues el territorio que ocupan es la más grande fuente de carbón conocida en aquella geografía.

Asumiendo el llamado “Socialismo del siglo XXI”, el gobierno venezolano firmó, junto a los gobiernos del resto de Sudamérica, este macroproyecto para el nuevo modelo de acumulación capitalista que favorece a las burguesías nacionales y transnacionales. Tal determinación fue a su vez avalada en los planes nacionales y así el más concreto “legado de Chávez”, el Plan Patria, supuso en su tercer objetivo histórico “convertir a Venezuela en Potencia” gracias al despliegue de planes íntegramente extractivistas que desde ningún punto de vista podrían soportarse bajo el término lastimero de la minería ecosocialista. ¿En cabeza de quién cabe que pueda ser ecológica la extracción de oro con base en el uso de cianuro?

Hoy, los movimientos populares, golpeados por una sensación de derrota histórica y una crisis económica aguda, intentan hacer frente al Arco Minero del Orinoco, un proyecto igualmente hermanado a los planes de extracción de recursos que contempla el IIRSA y el Plan Patria de la Venezuela chavista.

El Arco Minero del Orinoco compromete el 12% del territorio nacional, unos 111.843,70 kilómetros (esto implica un proyecto casi 36 veces más grande que Pascualama) para el usufructo de diamantes, oro, coltán, bauxita y otros minerales, durante 40 años y para el beneficio de unas 150 empresas mineras entre las cuales destaca Barrick Gold. Y es que ante la caída de los precios del petróleo, el gobierno venezolano promete que este megaproyecto contribuirá a elevar los ingresos de la nación. Sin embargo, en lo concreto, sucede que para sacar adelante este proyecto, las empresas mixtas -ese armatoste creado por el gobierno y en las que confluyen capitales públicos, privados y transnacionales- deberán solicitar créditos y endeudarse.

La exploración de los territorios del Arco Minero incidirá de manera directa en los territorios indígenas de los pueblos yekuanas, piaroas, pemón, arawak, piapoco, entre otros. Muchos de ellos ya se han manifestado en contra el proyecto aprobado vía decreto presidencial, por considerar que estas explotaciones devastarían sus territorios. Si ya la minería artesanal trae consecuencias catastróficas para estas comunidades, la amenaza megaminera se impone como una sentencia de muerte.

Ante todo este panorama, corresponde fortalecer organizaciones dispuestas a la defensa territorial sobre la base de principios como la autonomía, la acción directa, la horizontalidad y el apoyo mutuo. Y es que una de las debilidades que hoy caracteriza a muchos movimientos populares por la defensa de los territorios es que suelen ceder ante liderazgos, se vuelven susceptibles al financiamiento de instituciones no gubernamentales que a su vez responden a los mismos intereses de las grandes empresas extractivistas. Esto se traduce no sólo en discursos empañados de ideología ciudadanista que apela a un extractivismo cuidadoso, responsable, ecológico, de beneficio social, etc. Sino más concretamente al quiebre de las luchas y más dramáticamente al asesinato de muchos activistas.

Si Sabino Romero no vive, fue también gracias al quiebre de su determinación por la organización autónoma, porque fue convencido por el discurso del ciudadano chavista, de que debía hacer parte de mecanismos estructurales dispuestos por el gobierno para poder ganar espacio y proyección de su voz. Cuando Sabino iba rumbo a entregar sus principios de autonomía, fue cercado por los disparos. La lección ha sido contundente para quienes conocimos de cerca la lucha yukpa.

Y es así como atendiendo a la necesidad de informarnos y resistir contra el Arco Minero del Orinoco, podemos sugerir un documental como “Extractivismo en Venezuela: Las venas continúan abiertas” bajo la férrea advertencia de que Provea -financista del documental- es una ONG que recibe a su vez financiamiento de Open Society, fundación encabezada por George Soros, uno de los principales accionistas de la Barrick Gold.

He querido ofrecer una breve perspectiva en relación con este tema que hoy nos convoca. Y sólo me resta invitarles a romper el cerco comunicacional que se nos impone y buscar fuentes de información no comprometidas con intereses gubernamentales y/o empresariales. Son pocas, pero son. Los compañeros de Gargantas Libertarias, con todas sus limitaciones materiales, hacen un esfuerzo desde las poblaciones más pobres de la región mirandina, capital venezolana, por difundir la necesidad de una organización verdaderamente autónoma y libertaria que haga frente a estas políticas mineras que encuentran en el despecho venezolano el mejor contexto para el despojo.