El 30 de junio de este 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos, procediendo en una agenda reaccionaria y negacionista; emitió una sentencia que dispone que la Agencia de Protección de Medio Ambiente (EPA) no podía establecer regulaciones y normas para las centrales productoras de energía de carbón, que tienen a cargo la producción del 20% de la energía eléctrica. Por como funciona el derecho norteamericano, esta decisión podrá ser utilizada de forma equivalente en otros casos para otras fuentes energéticas contaminantes, las cuales podrán apelar e impugnar cuantas regulaciones le sean impuestas desde las agencias gubernamentales.

Varios gobernadores y políticos norteamericanos venían presionando por la desregulación ambiental para avanzar con proyectos extractivistas, contaminantes y la generación basada en el carbón e hidrocarburos. Una noticia terrible, que consterna no sólo a los estadounidenses, sino al mundo entero. Ya es difícil que los países del mundo se pongan de acuerdo en la urgente necesidad de tomar medidas para frenar el Cambio Climático, para perder a uno de los países más importantes e influyentes. El efecto general en la política mundial será devastador, pues dará impulso a las tendencias negacionistas y extractivistas, que tienen las ganancias a corto plazo por encima de la vida y la supervivencia de la especie.

Esta desregulación viene en ascenso desde los bloqueos al Plan de Energías Limpias intentado por Obama en el 2015. Luego con el ascenso de Donald Trump, negacionista del Cambio Climático, quien implementó un Plan de Energía Limpia Asequible, que además limitó la acción de la EPA para regular las emisiones en la producción de energías eléctricas. Así vemos que incluso con los títulos de energía limpia, ya el gobierno anterior, venía frenando cualquier tipo de medidas orientadas a controlar las emisiones. Algo muy parecido a lo que vivimos en Venezuela, con leyes y acciones que se titulan como ecologistas, pero que promueven todo lo contrario.

Así lo más probable será observar un avance en las emisiones de CO2 en el país del norte, lo que estimulará posiblemente a los mercados de carbono, donde ya se ha visto un amago en el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien invitó al Presidente de Estados Unidos a negociar sobre las emisiones de su país.

Para quienes no estén familiarizados, los mercados de carbono son una modalidad surgida a raíz del Protocolo de Kioto, en la cual empresas, personas o países, compran bonos de carbono que representan las emisiones de CO₂ que están soltando en el ambiente. El dinero utilizado en esa compra, se supone se utiliza para proyectos “sostenibles” o para construir los llamados sumideros de carbono y demás iniciativas ambientales.

Pero, aquí vemos un problema fundamental, las implicaciones de seguir emitiendo y el impacto real de los proyectos financiados por los bonos, que no alcanzan a mitigar el daño realizado por el comprador. Además de la inexistencia de auditorías sobre el empleo del dinero de los bonos y la real y concreta efectividad de los proyectos financiados.

Repercusiones Nacionales

Ya hemos visto el discurso venezolano “ambiental”, sostenido por sectores afines al gobierno pero también del campo político opositor y algunos académicos, que solapa una vena desarrollista encubierta por un supuesto decolonialismo. Así como en el 2° Encuentro de la Madre Tierra, celebrado en 2021 en Caracas, en donde señalan que se le quiere poner “freno al desarrollo” según ellos bajo el pretexto de la Crisis Ambiental y el Cambio Climático. Esto revela una intencionalidad a saltarse las medidas de protección de la naturaleza para impulsar proyectos extractivistas, como los que actualmente se impulsan.

¿Cuál será la respuesta del gobierno venezolano? que de por sí, se salta todas las normas ambientales nacionales y es poco transparente a nivel internacional sobre su política ambiental. Es posible que, en su discurso “anti-imperialista” o contestatario, refuerce esa idea de no detener el “desarrollo” nacional, cuando en el norte, que sigue emitiendo más gases de efecto invernadero, avanza hacia una desregulación.

En el actual marco de guerra entre Rusia y Ucrania, derivada en una crisis de abastecimiento energético en Europa, se ha promovido el incremento del uso de combustibles fósiles. En nuestro caso, se ha visto una flexibilización de las restricciones comerciales al petróleo venezolano, tanto por parte de Estados Unidos como de líderes europeos. Lo que augura un seguro aumento de producción petrolera, apoyada además por esta desregulación de emisiones. La decisión es básicamente un espaldarazo para redituar el extractivismo petrolero.

Los lobbies mineros y petroleros norteamericanos presionan fuerte para tener oportunidades de inversión en Venezuela, aprovechando la progresiva desregulación venezolana y la modificación de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Es posible suponer que puede abrirse un nuevo ciclo de explotaciones petroleras, aunque no en las escalas que se vivieron en años previos al inicio de la crisis económica que asoló el país.