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Desde el Comité de Familiares y Amigxs por la Libertad de lxs Trabajadorxs Presxs, debido a la grave situación de salud de la trabajadora Rosa Mota de Millán, exigimos atención médica y una medida sustitutiva a la privación de libertad como arresto domiciliario o régimen de presentación tal y como lo establece la ley.
Fotografía antes de su detención
Su vida está en riesgo, con un disminuido estado físico y sicológico, en situación de desnutrición ya que ha rebajado 50 kilos desde el momento de su reclusión el 26 de febrero de 2019.
Rosa Mota, de 58 años de edad, en este momento está susceptible a cualquier forma de descompensación, e incluso puede sufrir un infarto, ya que los informes médicos recientes indican un severo cuadro: con una hemoglobina en 3,8 g/dl (siendo que los valores estables para la mujer son 12,1 a 15,1 g/dl), hematocritos en 11.5 % (siendo que los valores normales son de 36.1% a 44.3%), plaquetas en 85,000 (siendo que los valores estables están entre 150,000 a 400,000), y así sucesivamente, la mayoría de sus valores se encuentran alterados.
Rosa Mota tiene 3 años privada de libertad y desde el inicio de su detención, su derecho a la presunción de inocencia, al juzgamiento en libertad, a la celeridad procesal, a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en general han sido permanentemente vulnerados. Actualmente está detenida en el INOF, sin posibilidad de acceso oportuno a atención médica y sin una dieta adecuada. Sin poder recibir visitas o ayuda de su familia, ya que viven en Maturín, estado Monagas, con escasos recursos para asumir tal situación.
Es trabajadora de PDVSA desde hace 28 años, y denunció hechos de corrupción meses antes de ser privada de libertad.
Es acusada de supuestos delitos cometidos en el año 2008: malversación de fondos, peculado doloso y asociación para delinquir, pero en el expediente no existen pruebas que demuestren que sea culpable de dichos delitos. Es tan absurda la acusación, que es la única persona supuestamente implicada en los hechos pero entre los cargos está el delito de asociación para delinquir.
La CRBV y el marco legal de la nación establecen el respeto a la vida, a la integridad física y sicológica, con atención médica y sustitución de la medida de privativa de la libertad, en caso de que una persona detenida lo requiera por gravedad de salud. Nuestras leyes deben ser respetadas y asumidas por un Estado garante de los derechos humanos de todas y de todos.
Exigimos al Ministerio Público atienda está grave situación de vulneración a los derechos de Rosa de forma inmediata. Al tribunal que lleva su causa que agilice las medidas que permitan a Rosa gozar de una medida sustitutiva, al Ministerio de Servicios Penitenciarios el acceso de las medicinas y alimentos qué Rosa requiere y a todas las instituciones competentes y a las personas responsables dar una oportuna respuesta.
Pedimos a la ciudadanía en general, ser solidaridarios ante esta grave situación, por la vida de una trabajadora honesta que se ganó muchos enemigos al denunciar corrupción a lo interno de PDVSA y que hoy es víctima de mafias.
¡Que lo injusto no te sea indiferente!