El domingo 21 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones regionales en el país. Del proceso destacan dos datos: la alta abstención que raya el 60%, y el triunfo del partido de gobierno en la mayoría de las gobernaciones y la alcaldíade Caracas. Hasta ahora estaría confirmado el triunfo del Psuv en 19 gobernaciones, faltando por definirse la gobernación de Barinas. La oposición patronal aseguró 3 gobernaciones (Zulia, Cojedes y Nueva Esparta). Correspondiendo 2 a la MUD y 1 a Fuerza Vecinal.

El elemento central que reflejan los resultados es que se mantiene el repudio generalizado del pueblo venezolano al gobierno: 60% de abstención, en el marco de una migración masiva (casi 6 millones de personas). Y la erosión progresiva del voto al partido de gobierno, que gana la mayoría de las gobernaciones con apenas un 19% del padrón electoral total. Incluso, el acumulado de los votos de todos los candidatos y partidos de oposición es superior al voto al Psuv y sus candidatos. Con un 41,80% de participación, que representa alrededor de 8 millones de votantes, el Psuv obtiene 3.719.673 votos (45,7%), mientras que todos lo que votaron en su contra suman 4.429.137 (54,3%). Si algo hay que sacar en claro de estas elecciones es que Maduro y el Psuv ya no cuentan con el respaldo popular.

Gana el gobierno de Maduro pero, como ya decíamos, con el trasfondo de una gran abstención, y por la extrema debilidad y crisis de la oposición patronal, que participó dividida en la mayoría de los estados.

La abstención refleja el rechazo también a la oposición patronal, a Capriles, Guaidó, Leopoldo López, a su corrupción, sus políticas golpistas y proimperialistas.

El partido de gobierno gana pero en medio de un proceso electoral fraudulento como han sido las anteriores elecciones. Este carácter se ampara en el ventajismo del gobierno, con la utilización discrecional de los recursos del Estado, favoreciendo al Psuv y sus candidatos; apelando a la presión hacia los trabajadores y trabajadoras del sector público, chantajeando en las comunidades a los sectores populares con las bolsas Clap; con trabajadores y dirigentes políticos presos o con medidas cautelares, otros inhabilitados, exiliados y perseguidos; con partidos ilegalizados, como es el caso del nuestro. Es decir, que fue un proceso sin plenas garantías democráticas. Estas irregularidades fueron ratificadas por el informe preliminar presentado por la misión de observación de la Unión Europea.

Estas elecciones se produjeron en el marco de un acuerdo entre el gobierno y la mayoría de los partidos de la oposición patronal, incluyendo al G4 y a dirigentes como Henrique Capriles. Este acuerdo es producto de las reuniones de México pero también de las negociaciones previas entabladas entre ambos sectores. Las mismas contaron con el aval de Estados Unidos y la Unión Europea, esto último se reflejó en la participación de observadores de la ONU, Unión Europea y Centro Carter.

El objetivo de este acuerdo fue lograr la participación electoral de la oposición patronal que contó con mínimas garantías. Sobre la base de avanzar de forma conjunta en un giro cada vez más pronunciado de apertura de la economía, promoviendo el ingreso de inversiones extranjeras, de acercamiento a la empresa privada nacional y a las transnacionales; con la eliminación impositiva para los importadores. Para esto ya se aprobaron sendas leyes, como la antibloqueo que brinda facilidades a los inversores extranjeros, y la de Zonas Económicas Especiales.

En ese marco el gobierno de Maduro busca profundizar sus negocios, presentarse ante el imperialismo como garante de las inversiones y los negocios capitalistas, avanzando en la entrega de los recursos naturales del país, pero manteniendo el doble discurso de falso socialismo. Y en ese contexto tratar de lograr que el imperialismo elimine o suavice las sancione económicas.

El gobierno se afianza políticamente en el marco de ese acuerdo con los partidos patronales, acuerdo que objetivamente ha sido fraguado contra el movimiento de masas. Así como por el gran reflujo en la lucha de clases, propiciado por la derrota de la rebelión del 2017, así como por el desgaste y derrota de los movimientos de la clase obrera que se produjeron entre el 2018 y 2019 (huelga de enfermeras, movilizaciones docentes y de petroleros, huelga de Sidor).

Sin embargo, mientras persista la profunda crisis económica y social, y el repudio de la mayoría del pueblo trabajador a Maduro y su gobierno, sigue abierta la posibilidad que se produzca un cambio en la correlación de fuerzas, y se concrete un ascenso del movimiento de masas que empalme con la situación de rebelión que se vive en el continente.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) seguiremos llamando al pueblo trabajador a que se movilice por sus reclamos más urgentes, como salarios dignos, contratos, servicios públicos, pero también por libertades democráticas. Llamamos a enfrentar en la calle el paquetazo brutal de ajuste con el cual el gobierno de Maduro pretende descargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador, mientras aprueba leyes favorables a los intereses empresariales y transnacionales.

Por ello, en la perspectiva estratégica de lograr un gobierno de los trabajadores y el pueblo, seguimos planteando la necesidad de pelear por un Plan Obrero y Popular alternativo al ajuste gubernamental.

¡Por un salario igual a la canasta básica! ¡Por una renta de cuarentena para los trabajadores y trabajadoras informales! ¡Por un impuesto progresivo a los capitalistas, banqueros y transnacionales! suspensión de los contratos de empresas mixtas, ¡petróleo 100% estatal sin transnacionales!, eliminación de las sanciones económicas imperialistas y recuperación del dinero apropiado por EE.UU. y las potencias europeas, confiscación de bienes de corruptos e importadores fraudulentos, ¡no pago de la deuda externa!, suspensión de gastos militares, y con todos esos recursos conformar un ¡Fondo Social de Emergencia para enfrentar la terrible crisis social!, impulsar un plan masivo de adquisición de alimentos, medicinas e insumos sanitarios para dotar a los hospitales.

El PSL plantea que hoy más que nunca debemos organizarnos en las comunidades, fábricas, universidades y empresas para movilizarnos, y pelear por nuestros reclamos y contra los planes capitalistas de entrega de nuestros recursos al capital privado y transnacional que adelanta el gobierno a través del Arco Minero del Orinoco, la ley de Zonas Económicas Especiales, la ley Antibloqueo, la entrega de Pdvsa, todo avalado por el memorando 2792. Y luchar por plenas libertades democráticas, y libertad de las trabajadoras y trabajadores presos, quienes están en esa condición por reclamar reivindicaciones y denunciar la corrupción.

24 de noviembre de 2021