¿Cuál es el análisis que pudiera compartir sobre la situación del país y las últimas decisiones del CNE?

Digamos que el contexto venezolano tiene ya varios años deteriorándose severamente, y si uno se mueve en los términos más académicos, se puede decir que Venezuela viene caminando claramente desde hace algún tiempo hacia un régimen de tipo dictatorial y totalitario. Hubo un deterioro muy fuerte del gobierno sobre esas tendencias militaristas, autoritarias, ya con la muerte del presidente Chávez y la entrada de Nicolás Maduro.

Pero lo que pasa el 20 de octubre es como un salto cualitativo en esa marcha que ya tiene muchos años hacia un régimen de tipo autoritario, porque el Consejo Nacional Electoral toma una decisión producto de unas decisiones de unos tribunales penales de las regiones del país. Hay que recordar que esos tribunales penales no tienen competencia en materia electoral. Ellos suspenden en sus estados el 1% que ya había reconocido el CNE, y para sorpresa, el CNE, sin mostrarse, o estar en cadena, emite un comunicado diciendo que obedecen lo que dicen estos tribunales.

No hay ningún razonamiento legal que pueda justificar la decisión tomada. El propio CNE da un golpe a su propia decisión. Es un momento de quiebre que deja huérfanos a los venezolanos en su derecho a votar. Es decir, si cualquier tribunal puede suspender el derecho de los venezolanos a votar, entonces quiere decir que el Estado de Derecho está vuelto trizas, y la base de la democracia, que es el derecho a participar en las decisiones públicas, a través del sufragio universal directo y secreto está prácticamente en entredicho en Venezuela.

Esta situación venezolana, ¿a qué otro capítulo de la historia latinoamericana se parece?

Bueno, yo creo que el caso más similar tiene que ver con Nicaragua que ha ido erosionando y destruyendo la institucionalidad de la democracia liberal en ese país, hasta el punto de que ya tiene cerrada también la Asamblea Nacional (su legislativo); creo que el caso de Perú con Fujimori también. Son típicas señales de gobiernos que entran ya en una fase dictatorial. A veces se produce un golpe militar y se entra en una dictadura, pero en este caso venezolano se trata de un gobierno civil que se hizo crecientemente militar, que progresivamente comenzó a destruir las instituciones de la democracia representativa venezolana, y continuó en la erosión de los derechos civiles y políticos de los venezolanos; prácticamente tiene una hegemonía comunicacional: nuestro derecho a ser informado y a tener acceso a la información de calidad están bastante deteriorados. Estos derechos, junto al de la libertad de expresión son otra de las bases importantes de la democracia, y el gobierno los ha venido deteriorando.

En ese sentido, lo que tenemos allí es un maquillaje de un civil en el gobierno, pero en la práctica estamos bajo un régimen de carácter militarista. Fíjate que prácticamente nosotros no tenemos vida cotidiana civil: brincamos de operativo en operativo, de emergencia en emergencia, de marchas, cuarteles, épicas de guerra… No nos queda la vida civilizada de una república. Solo trizas.

La palabra “dictadura” asusta porque evoca los gobiernos dictatoriales latinoamericanos de otras épocas. Sin embargo, hay unas dictaduras denominadas “de los nuevos tiempos” o “modernas”, ¿qué características tienen?

La palabra dictadura, en estricto término, tiene que ver con la concentración del poder en una sola persona, que se erige en un dictador porque ejerce por encima de la Constitución y las leyes y concentra todo el poder decisorio. Tiene una larguísima historia en el orden político de la humanidad… quizá los primeros que hicieron una legislación sobre eso fueron los romanos que tenían el dictador para momentos de emergencia, que se ceñía justamente cuando Roma se enfrentaba a una guerra, y en estos casos el senado podía designar a una persona que durante seis meses tomara todas las decisiones, y había que obedecerle. De allí viene un poco el origen de la palabra dictadura.

En América Latina los dictadores se han erigido fundamentalmente tras golpes de Estado, y una de sus características, que está en la memoria de América Latina, es ser muy sanguinario, como el caso de Juan Vicente Gómez, de Marcos Pérez Jiménez, que son los más recientes y, por eso, los más presentes en la memoria colectiva. Entraron a Miraflores por la fuerza, se quedaron en Miraflores, concentraron todo el poder, y aplicaron una persecución muy fuerte a sus adversarios: en el caso de Juan Vicente Gómez se prohibieron los partidos políticos; en el período de Pérez Jiménez también: esa fue una de las primeras decisiones que tomó esa dictadura, además de suspender elecciones y llevarlas a plebiscito.

Entonces, en Venezuela ha habido reticencia a usar el término “dictadura” , porque, en principio, no se le ve con ese cariz de golpe militar, sino que llegó por sufragio; ha tenido una composición civil importante, pero su lógica en realidad ha sido militarista o crecientemente militarista. Yo diría que después del Golpe de Estado y el paro petrolero de 2002, 2003, el gobierno de Chávez se enfiló por la vía militarista. Sin embargo, en estricto sentido, esto es una dictadura desde hace rato: hay concentración del poder en manos de una sola persona, no hay independencia de los poder públicos, no están garantizados los derechos civiles y políticos de la población en igualdad de condiciones sino que están determinados por su afiliación o no al chavismo. Este último se evidencia en el empleo público: en una democracia todos tenemos derecho al acceso al empleo público independientemente de nuestra posición política. En Venezuela está muy claro que si tú no eres leal al chavismo, o te tienes que quedar muy callado para que no se te note, o sencillamente te quedas sin ese empleo.

¿Qué le pediríamos al ciudadano de a pie, cuáles es la actuación que debería asumir la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, etc. frente a este gobierno que hemos categorizado como dictadura, y en general a la crisis por la que atravesamos?

Todos los actores políticos y sociales cumplen roles distintos: para los partidos políticos, el ejercicio del poder porque están concebidos y organizados para llegar al poder y desarrollar un proyecto político. En el caso de las organizaciones sociales, es otra la dinámica: su foco son los derechos de los ciudadanos, exigir el cumplimiento de los derechos que ya existen o luchar por el reconocimiento de nuevos derechos. No aspiran al poder.

En momentos tan delicados como estos, cuando, posiblemente se está viviendo la crisis más profunda de la historia contemporánea de Venezuela (recuerden que estamos montados sobre un contexto social y económico catastrófico), todas las organizaciones de la sociedad se tienen que poner en atención, en consciencia y en movilización para tratar, con el esfuerzo de todos desde las dimensiones de cada uno, de encontrarle una solución a la crisis.

Los bazos comunicantes de la sociedad, del ciudadano común, con aquellos que están, por ejemplo en la Asamblea Nacional, que es el sitio donde se expresan los intereses de la sociedad, tienen que ser más vigorosos. Tiene que haber una fluidez entre la sociedad y esos actores políticos, de manera que le diga a estos últimos, por un lado, cuáles son los deseos, las aspiraciones, los propósitos que guían al ciudadano común, y por otro, para que les de la fuerza para actuar contra un poder que se ha erigido por encima de la Constitución y las leyes.

En ese sentido, cada quien tiene una responsabilidad. En el caso del ciudadano de a pie, pues, debe estar informado, debe tratar de incidir sobre las decisiones políticas desde su lugar, debe exigir sus derechos, siendo uno de ellos el derecho fundamental a participar en las decisiones para solucionar la crisis, y el derecho a ser informado sobre la real situación, que se diga la verdad sobre lo que estamos atravesando, porque, si algo a caracterizado al gobierno de Maduro es que nos miente todo el tiempo: tiene un discurso doble, hipócrita, mentiroso adentro y afuera del país. Ante esto, el ciudadano común tiene que exigir la verdad, y asimismo, debe apoyar al fortalecimiento de las organizaciones porque en colectivo tiene más fuerza que en el plano individual.

Mientras más organización y más tejido social tengamos, habrá más confianza en que podremos salir de esto de una manera pacífica y democrática. En este momento nos necesitamos todos, y de alguna manera tenemos que converger, desde el ciudadano común con sus derechos y sus deberes, hasta las organizaciones sociales que, desde su autonomía, deben responsablemente buscar hacer plataforma para que haya más fortaleza del tejido social, y al mismo tiempo encontrar canales hacia los actores políticos que son los que en definitiva tienen más noción de cómo salir de esta situación crítica en la que hay una disputa por el poder. De igual manera, los partidos políticos tienen la inmensa responsabilidad de oír a la sociedad, de poner el oído en tierra, y de no irse a lo conciliábulo, a decidir cosas que pudieran ir a contracorriente de las aspiraciones de la mayoría.

Historiadora, investigadora, doctora en ciencias sociales, miembro de la Asamblea de Provea