El 17 de junio se conmemoró un día de infamia. Hace nueve años fue llevado a una de las cárceles de este país, en el que no se respetan los DDHH, las libertades democráticas y donde no existe justicia para los trabajadores, el compañero de Ferrominera del Orinoco, -FMO- Rodney Álvarez.

Desde esa fecha, (17.06.2011) los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impusieron un proceso de negación de justicia y violación del debido proceso, al compañero. El proceso judicial se ha caracterizado por la asignación y cambios de jueces afectando la continuidad del juicio, convocatoria y desconvocatoria de audiencias y encuentros o audiencias que se perdieron al no ser convocados los testigos, o no emitir la orden de traslado de Rodney a los tribunales. El sistema de justicia, muestra un rostro de irrespeto, falta de seriedad e impunidad total. Entre las últimas mofas, la jueza Paulette León Guevara, -actual encargada del caso- motivada por dilatar y crear perjuicio, pasó el expediente al Circuito Judicial Penal a fin de “hacer una consulta”. Es una medida ilegal y dilatoria, para consumir tiempo y prolongar el proceso. Por último, y de forma descarada miembros del equipo de la jueza presionan y fuerzan a que Rodney para que asuma la culpabilidad del caso.

La razón de ser del juicio fue el asesinato de Renny Rojas, hecho que ocurrió a la vista de una asamblea de trabajadores de FMO -09.06.2011-, grabado por el sistema de seguridad de la empresa y recogido por los periódicos de la región, evidenciando la cpmisión del hecho por Héctor Maican, integrante del sindicato de FMO y militante de PSUV, cuando disparaba contra la asamblea, hiriendo a dos trabajadores –Luis Quilarque y Agustín Lezama- y dando muerte a Renny Rojas.

Del control de las mafias del PSUV a la criminalización de las protestas

Las mafias políticas, sindicales y gerenciales del PSUV, se articularon desde las más altas esferas alrededor del exgobernador General Francisco Rangel Gómez, para dar forma al ardid con el que engañar a la masa laboral de Guayana. Su objetivo central era: afirmar su control sobre los sindicatos y los trabajadores, para desmovilizar y derrotar sus luchas. Un movimiento obrero combativo en torno a la defensa de sus contratos y derechos, es perjudicial a las intenciones de control y corrupción en dichas empresas, junto al saqueo de riquezas en la región, como se evidencia hoy día, es el objetivo de esas mafias. Por eso, era necesario encubrir a Héctor Maican del PSUV y crear un chivo expiatorio.

Papel de la burocracia sindical del PSUV

Guayana para el gobierno, es un laboratorio donde burócratas sindicales como: Alfredo Sponer, José Gil, Héctor Maican, José Meléndez, entre otros jugaron y juegan en papel destacado en la derrota y traición a las luchas, y con la desinversión y la corrupción, convertir las básicas de Guayana en empresas improductivas factibles al remate. Papel similar cumple Will Rangel en PDVSA y Ángel Navas en el sector eléctrico y en general la Central Sindical Bolivariana de Trabajadores para todo el país.

La acción de la burocracia de la CSBT se coordina con el Ministerio del Trabajo, de modo que caminan al unísono en las acciones de entrega de las conquistas laborales y elaborandi herramientas como el memorándum 2792 –Oct 2018-. Con este memorándum el gobierno da sus zarpazos a los contratos colectivos públicos y privados, afianza su política de destrucción del salario y los sindicatos, e imponer su plan de miseria sobre los trabajadores.

Por eso, estos señores nunca son interlocutores que resuelvan problemas a los trabajadores. Están asociados a salarios de hambre, vinculados a la entrega del HCM, los servicios funerarios, la prima de profesionalización y todos los conceptos salariales y la perdida de progresividad de los contratos. En el caso particular de Rodney Alvarez, aparte de la evidente trama que envuelve a Alfredo Sponeer y Hector Maican, la burocracia sindical de la CSBT en las personas de Marco Tulio Garcia, Jacobo Torres y Carlos López, han dejado huellas televisivas de su encono contra Rodney, señalándolo como el asesino de Renny Rojas, cuando por las evidencias, -videos y prensa- el testimonio de centenar de trabajadores de FMO presentes en la asamblea, los tribunales se han mostrado incapaces de emitir sentencia, y por la inquebrantable entereza de Rodney.

Mientras a Rodney se le impone un juicio amañado por un crimen que no cometió, el gobierno de Maduro continua la labor iniciada por Chávez y le impone a los ferromineros un nuevo zarpazo llevando a la cárcel a Rubén González por segunda vez, el 29.Nov.2018. González, fue detenido transitando la carretera a Oriente, al regreso de una audiencia por Rodney y de participar en una marcha antigubernamental en Caracas. Es detenido y trasladado a la cárcel de La Pica, donde le imponen un juicio militar, condenandolo por ataque y ultraje al centinela.

Rodney, se declara en Rebeldía

En Venezuela, no hay pieza sana en el Sistema de Justicia. Hay demasiadas evidencias de que no se respetan los DDHH, no hay posibilidad de un juicio justo, y que se cumpla el debido proceso. En Venezuela se irrespetan las libertades democráticas y cualquiera es detenido por expresar su opinión. Los nueve años sin sentencia en el caso que se sigue a Rodney, desnuda la situación de que los pobre y los trabajadores son las víctimas que soportan la corrupción y riqueza de quienes están en el poder, con todo el peso de las instituciones policiales, del “Sistema de justicia” y penitenciario.

Rodney, ha entendido que él es reo de este sistema de injusticia y por esta razón se ha declarado en rebeldía.

El gobierno de Maduro, afianza la criminalización de la protestar

Como hemos denunciado reiteradamente, la criminalización de las luchas viene de vieja data. Los casos de Rodney Álvarez y Rubén González, ambos de FMO, son muestra de ello. Mencionemos otros ejemplos recientes:

 En noviembre del pasado año 2019, fueron detenidos en el estado Lara los trabajadores, Roger González, Eugenio Montes, Luis Rivas y Miguel Álvarez, todos de la empresa de alimentos Alimex, luego de presentar la documentación para dar curso legal a su organización sindical, cuya primera solicitud era exigir aumento de salarios. Actualmente los cuatro trabajadores tienen casa por cárcel.

 Desde el 17 de marzo detienen al médico Rubén Duarte: del estado Táchira y a los trabajadores de la salud Carlos Carmona, Julio Molinos, y Magaly Mendoza: del estado Monagas por denunciar pésimas condiciones y faltas de insumos en sus respectivos hospitales y localidades en Táchira y Monagas.

 Alfredo Chirinos, Aryenis Torrealba: ambos trabajadores y profesionales de PDVSA, fueron detenidos desde el 28 de febrero. Durante días estuvieron aislados, y en el caso de Alfredo, fue torturado hasta desmayarlo. Se les acusa de colaborar y difundir información de la situación de PDVSA a EEUU.

 Marcos Sabariego: trabajador de PDVSA, detenido desde el 28 de enero luego de una asamblea laboral en El Palito, en la que intervino. Actualmente tiene más de cien días de privativa de libertad.

 Darvinson Rojas: periodista detenido por tuitear información del Covid-19, en el proceso de la cuarentena. La detención fue la noche del 21 de marzo, en su casa en Mamera, por un destacamento del FAES, sin orden judicial. Excarcelado el 31 de marzo, no se hizo efectiva hasta el 2 de abril.

 Javier Vivas Santana: Prof. UDO-Nva Esparta. Acusado por difundir información sobre el Covid-19 y de la GNB. Detenido en el DIGSIN Boleíta Norte-Ccs. Sigue detenido. Se pretende su traslado a un centro penitenciario.

 Josue Ortega: activista comunitario, detenido en su apartamento en Ocumare del Tuy, por el FAES, sin mostrar razones de su privativa de libertad.

 Elio Mendoza: trabajador de Sidor, detenido en su residencia, la noche del 3 de abril, luego de reenviar información por redes sociales.

 Tania Rodríguez: trabajadora de FMO, arrestada desde el 4 de abril al difundir información en redes sociales mencionando a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Actualmente, tiene casa por cárcel.

 Yolimar y Anfreina Aleman: ambas enfermeras y hermanas del teniente Richard Alemán, militar detenido. En este caso –como en los anteriores- se pretende criminalizar la disidencia. Detenidas sin que mediara orden judicial durante el allanamiento de su residencia por parte de funcionarios Dgcim, en el sector Cumboto de Puerto Cabello.

 Fernando Antonio Marcano Ferrer: profesor detenido el 27 de abril al quejarse por la escases de gasolina y alimentos durante la cuarentena a través de las redes sociales. Detenido en La Asunción, estado Nva Esparta, por comando del CONAS.

 Darío Salcedo: dirigente sindical de Insopesca, detenido el 5 de mayo, por expresar en un audio su desacuerdo con los precios exorbitantes de los alimentos Clap y referirlo al ministro de Pesca y Agricultura, Dante Rivas. Se ordenó la reclusión de Salcedo, en el “Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio” en el estado Guárico.

 Con el marco del “Plan de distribución y valorización de gasolina”, el gobierno a través de los cuerpos policiales realizo una serie de detenciones, en las gasolineras por documentar la situación y opiniones de los usuarios, entre las que se encuentran: Douglas José Ramírez y Jorge Amado Cortez productor radial y exconcejal en Ciudad Ojeda, el 1 de junio; Carlos Ríos Villamizar y Karelys Arroyo Carrasquel en Villa Heroica en Miranda, el 3 de junio, luego de difundir video de colas en una gasolinera; Carol Romero: periodista, detenida en El Junquito en Caracas, el 4 de junio, cuando grababa una protesta de usuarios en una gasolinera, se le ha impuesto arbitrariamente el silencio judicial; y Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Óscar Ávile: detenidos por más de una hora, en Chuao, estado Miranda, hoy 5 de junio.

El PSL reitera su solidaridad e incondicionalidad con Rodney y todos los trabajadores presos.