La respuesta de las autoridades venezolanas a la emergencia del Covid-19 ratifica la profundidad del pensamiento militarista instalado en el país. Bajo la presión de dos imperialismos, el de Estados Unidos y Rusia, las organizaciones sociales del país continúan insistiendo en una salida pacífica, soberana y democrática del conflicto.

La relación de Estados Unidos con la Venezuela bolivariana ha sido, como lo describe el politólogo Carlos Romero, “esquizofrénica”: “Un gobierno que sataniza a EEUU pero que, al mismo tiempo, obtiene grandes beneficios comerciales de ese país: Venezuela enviaba [hace unos meses, cuando podía producirlos] 1.300.000 barriles diarios de petróleo y derivados al mercado estadounidense -41% de las ventas totales-, de donde importa bienes y servicios”. Siendo cierta la confrontación entre ambos países, agudizada desde el inicio de la presidencia de Donald Trump, la realidad refuta el mito “Estados Unidos ataca a la revolución bolivariana por su interés en apropiarse del petróleo venezolano”. De hecho, la empresa Chevron participa en 4 proyectos de extracción de petróleo dentro del país bajo la modalidad de “Empresas mixtas”, creadas por Hugo Chávez en el año 2007 para atraer inversión privada internacional al rubro de extracción de energía, cuya actividad genera 9 de cada 10 dólares que ingresan al país. La relación está cambiando ahora, cuando la administración Trump ha asumido la política de “máxima presión sobre Maduro”, aumentando las sanciones financieras que obligarán a Chevron cerrar sus operaciones en Venezuela el próximo 1 de diciembre. La decisión intenta influir el voto latino en las próximas elecciones estadounidenses en donde que Trump busca su reelección. A pesar de cierta retórica pública de funcionarios de la Casa Blanca que afirman que “Todas las opciones están sobre la mesa” para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, fuentes informadas dentro del país descartan la posibilidad de una intervención militar. Geoff Ramsey, miembro de la ONG progresista Oficina de Washington para América Latina (WOLA), ha declarado: “EEUU ha descartado una intervención por razones políticas, saben que sería impopular en la región porque hasta ahora el Grupo de Lima -coalición de gobiernos latinoamericanos - se ha mantenido firme en apoyar una salida pacífica. Y también sería impopular dentro de EEUU, no hay mucho apoyo doméstico para intervenciones militares en otros países luego de las experiencias de Irán y Afganistán. Y mucho menos en temporada de campaña electoral”.

No obstante, una discusión honesta sobre la injerencia imperialista en Venezuela debe incluir a Rusia. En su estrategia de construir un “mundo multipolar”, Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, se han hecho alianzas con países como Irán, Corea del Norte, China, Turquía y Rusia. Este último ha invertido 17.000 millones de dólares en inversiones de petróleo y gas en Venezuela. Entre ambas naciones hay un convenio para abrir la primera fábrica de fusiles Ak-103 en América Latina, con capacidad para ensamblar 25 mil fusiles y 60 millones de cartuchos al año, y que había previsto su apertura para finales del año 2019. Hasta que en el país apareció una crisis económica, consecuencia de la caída internacional de los precios del petróleo y gas, Venezuela lideraba regionalmente la importación de armas, según las cifras del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo (SIPRI). Su principal proveedor de armamento fue Rusia, que para el año 2012 vendió equipamiento militar por 410 millones de dólares. Entre los años 2000 al 2009 Venezuela compró al estado ruso armas por 2.068 millones de dólares. Un ejemplo de la influencia actual de Vladimir Putin lo constituye la asesoría militar que oficiales rusos realizaron a soldados venezolanos en el terreno para enfrentar el reciente intento de invasión armada por las costas del país, conocido como “Operación Gedeón”.

La participación de Estados Unidos y Rusia en la crisis venezolana ha ocasionado que algunos analistas, como Andrei Serbín de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sostenga que el conflicto se ha transformado en una “disputa geopolítica”, a la que suma la participación de China.

Covid-19 y militarismo

Venezuela posee una tradición militarista anterior a la revolución bolivariana, que fue profundizada por el triunfo electoral de Hugo Chávez a finales de 1998. Al inicio del período democrático, en 1958, los principales partidos -con exclusión del Partido Comunista- suscribieron un acuerdo de alternabilidad conocido como el “Pacto de Punto Fijo” que, entre otros objetivos, buscaba “devolver a los militares a los cuarteles”, subordinándolos a las autoridades civiles. Y aunque mantuvieron un importante protagonismo en las décadas posteriores, su beligerancia política abierta comienza en 1999, cuando la nueva Constitución les otorga el derecho al voto. La primera política social ejecutada por el chavismo, el “Plan Bolívar 2000”, fue implementada por el ejército venezolano. Militares activos, o en situación de retiro, comenzaron a dirigir ministerios, gobernaciones y alcaldías. Una lógica militar, y no de movimientos de base, fue la que organizó desde el Estado al movimiento bolivariano, con estructuras verticales, nombres y una narrativa basada en el imaginario de las Fuerzas Armadas.

En el año 2013 las expectativas que un presidente civil, Nicolás Maduro, detuviera la tendencia militarista se evaporaron rápidamente. Una de sus primeras decisiones fue permitir la participación de militares en tareas de seguridad ciudadana. En el año 2015 comenzaron los llamados “Operativos de Liberación del Pueblo” (OLP), de manera conjunta entre fuerzas militares y policiales en barrios populares, que en sus primeros cinco meses ocasionaron 245 víctimas de violación al derecho a la vida, según datos del Ministerio Público. En el año 2017 las OLP fueron sustituidas por una nueva policía, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas para actuar en operaciones de alta letalidad (secuestros y operaciones antiterroristas), pero que en la práctica pasaron a protagonizar operativos de seguridad ciudadana similares a la OLP.

La grave situación de derechos humanos en Venezuela ha sido reflejada en el más reciente informe sobre el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resultados divulgados por Michelle Bachelet. Sobre la FAES afirma: “Miles de personas han sido asesinadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES”, incluyendo en sus recomendaciones: “Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente para investigar las ejecuciones extrajudiciales”. En una actualización sobre la situación del país, realizada en septiembre de 2019, Bachelet se refirió al uso de tribunales militares contra civiles, cuando re-chazó la sentencia de 5 años contra el sindicalista Rubén González: “La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e im-parcial”.

Ante su creciente impopularidad, las Fuerzas Armadas constituyen el principal pilar de apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, cuya gestión ha ocasionado que más de cuatro millones de venezolanos hayan abandonado el país como migrantes forzados, según datos de ACNUR. La persecusión por razones políticas es particularmente hostil contra militares descontentos y el sector del bolivarianismo, denominado “chavismo crítico”, opuesto a su gobierno. Según los datos de Provea 44 de sus miembros han sufrido detenciones, hostigamiento y despidos de sus trabajos, con el caso de una persona asesinada, Alí Domínguez, el 6 de marzo de 2019. De la cifra actual de 402 presos políticos, según el Foro Penal, dos de ellos son militares que ejercieron altos cargos durante la presidencia de Hugo Chávez: Raúl Baduel y Miguel Rodríguez Torres.

La militarización existente hoy en Venezuela también se refleja en la respuesta de las autoridades al Covid-19. Más que una emergencia sanitaria, el virus está siendo enfrentado como un enemigo político y militar. Un decreto de estado de alarma ha ordenado una cuarentena desde el 13 de febrero de 2020, de manera similar al resto del mundo. Lo que es diferente es la exclusión del conocimiento médico y técnico en la respuesta, de espaldas a todos los sectores de la sociedad útiles en este momento. La vocería ha suprimido al ministro de salud, siendo asumida por la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y el ministro de defensa. Para mantener al máximo el control de la información, sólo se ha habilitado a un laboratorio en todo el país para realizar pruebas de despistaje, con una capacidad diaria para un máximo de 200 pruebas. Al aprovechar la cuarentena para aumentar los mecanismos de control de la población, el gobierno ha incrementado la censura hasta el punto de criminalizar al único informe divulgado públicamente sobre posibles escenarios de contagio, realizado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. En dos meses de Cuarentena dos personas han sido asesinadas por participar en manifestaciones, 22 periodistas han sido detenidos por realizar su labor informativa y 11 médicos por denunciar que no tenían implementos suficientes en los hospitales.

Organizaciones sociales y populares venezo-anas han insistido en una salida democrática y pacífica del conflicto, donde las personas puedan decidir, en elecciones libres, el destino del país, rechazando las injerencias tanto de Estados Unidos como de Rusia. El cierre de la posibilidad de una salida no violenta está generando condiciones para la aparición de la violencia.

[Texto incluido en el 2do. Informe desde la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe en tiempos de pandemia, mayo de 2020, que en versión original completa es accesible en http://ramalc.org/wp-content/uploads/2020/05/boletin_covid.pdf.]