Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba fueron detenidos por la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) el 28 de febrero en su lugar de trabajo en PDVSA La Campiña, Caracas, donde ocuparon cargos como gerentes de operaciones. Los arrestos posiblemente se llevaron a cabo por orden de la Comisión Presidencial "Alí Rodríguez Araque" dirigida por Tarek Al-Aissami, un organismo ad hoc creado recientemente para promulgar ’una transformación de PDVSA’ ante el colapso de la compañía petrolera estatal. y la venta a fuego de sus activos y proyectos . Esta semana, más de 40 empleados de alto rango de PDVSA han sido detenidos y acusados ​​de varios delitos.

Chirinos y Torrealba están acusados ​​de " entregar información estratégica de carácter confidencial al gobierno de los Estados Unidos para facilitar las maniobras intervencionistas en sus aspiraciones de asaltar la industria petrolera”. Sin embargo, ni la DGCIM ni la Comisión Presidencial han publicado nada para corroborar estas afirmaciones. Actualmente se encuentran recluidos en un lugar desconocido para sus familiares sin acceso a asistencia legal. Solo el 4 de marzo, varios días después de su arresto, Chirinos permitió una breve conversación con su madre, expresándole su inocencia y su certeza de que serían liberados dentro de un mes.

Según los relatos de quienes los conocen personalmente, tanto Chirinos como Torrealba son militantes chavistas comprometidos a largo plazo, sin riqueza ilegal, a quienes se les toma represalias por denunciar esquemas corruptos en PDVSA con respecto a licitaciones de contratos turbios y descontar los volúmenes de exportación a su bolsillo, las diferencias. Esto hace que sus casos sean bastante similares a los de Alcedo Mora, quien desapareció por la fuerza después de denunciar actos de corrupción en PDVSA hace más de cinco años.

Estas detenciones se producen en el contexto del movimiento renovado de los trabajadores y la represión en el sector petrolero, en medio de un intento caótico por parte del gobierno de Maduro para aumentar la producción a través de la privatización de las operaciones y los ataques a las condiciones, derechos y organizaciones de los trabajadores. Se han impuesto salarios de hambre a la disminución de la fuerza laboral, mientras que el plan de seguro de salud de los trabajadores se ha derrumbado por completo. Los derechos de negociación colectiva han sido destruidos por el infame Memorándum 2792, y el último CBA expiró el año pasado.

José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo (FUTPV) fue retirado por la fuerza después de las amenazas de despido. Bodas, miembro destacado de la corriente sindical C-CURA y del PSL, fue un activista sindical socialista independiente de larga data que había tomado una parte destacada en las experiencias de control de los trabajadores en el sector petrolero en los cierres patronales de 2002.

En Lagunillas, Zulia, militantes del Partido Comunista y activistas sindicales del sector petrolero Dolores Herrera y Gustavo Yáñez fueron desalojados de su hogar y vieron sus pertenencias domésticas confiscadas o expulsadas por un grupo parapolicial armado el 13 de febrero de 2020. Miembros del PCV Marcos Sabariego y Gil Múgica fueron arrestados por la Guardia Nacional cuando dirigían una asamblea de trabajadores en la refinería de petróleo El Palito en Puerto Cabello, Carabobo, el 28 de enero.

PDVSA también se ha vuelto feliz al despedir a los trabajadores por quejarse de los salarios de hambre o las preocupaciones de seguridad en el lugar de trabajo, en contra de las leyes laborales y laborales.

Existe una alta probabilidad de que el propósito de estas detenciones sea asignar chivos expiatorios para el colapso de PDVSA bajo el gobierno del general Manuel Quevedo. La propiedad estatal y la gestión de la industria petrolera han sido desmembradas por la corrupción atroz, el efecto devastador de las sanciones a las exportaciones de petróleo y el financiamiento de capital de los EE. UU., Y el pago de la deuda onerosa, en especie o en territorios, a las empresas transnacionales de China, Rusia, España y las facciones de las facciones de EE. UU. Internas al Chavismo resultaron en el encarcelamiento en noviembre de 2017 del ex jefe de PDVSA Eulogio del Pino y decenas de gerentes de alto y medio nivel bajo acusaciones de corrupción.

El régimen de Maduro ya no teme revelar que algunos de los colaboradores más cercanos de Chávez se involucraron en actos atroces de corrupción por cientos de miles de millones de dólares; más bien, arma el conocimiento íntimo que tiene de ellos, para avergonzar a la oposición capitalista que también participó en ellos, y para equilibrar las facciones internas .

Activistas venezolanos con sede en Estados Unidos de la Solidaridad de los Trabajadores Venezolanos emitieron un comunicado expresando repudio a los arrestos. Esta organización socialista entiende "estos arrestos como parte de los planes del régimen para silenciar la disidencia y la contestación en PDVSA con respecto a su evidente bancarrota y planes para privatizar profundamente las operaciones y los activos, que se llevan a cabo en un discurso antiterrorista que silencia las críticas dentro de la burocracia y criminaliza las protestas de los trabajadores de base”

Utilizando acusaciones de corrupción, sabotaje y espionaje, o afirmando que las sanciones son el principal y único factor responsable del colapso de PDVSA, el Gobierno intenta desviar la atención del papel que las políticas de Chávez y Maduro tuvieron en la bancarrota de PDVSA y el Estado a través de un subsidio generalizado extremadamente corrupto para el capitalismo venezolano, y a través de gastos masivos endeudamiento hacia la expansión de la producción de petróleo que quedó en nada. Paradójicamente, el colapso de la economía petrolera venezolana ha reforzado el control que su estructura extractivista y rentista insostenible tiene sobre la tierra y la población del país.