El pasado jueves 12, un grupo de mujeres wayuu se concentraron en los alrededores de la sede de la Fiscalía General de la República en la avenida Universidad para solicitar la libertad plena e inmediata de sus familiares detenidos en Santa Bárbara del Zulia por la Guardia Nacional.

Esos once indígenas wayuu se encuentran presos e incomunicados desde el 12 de noviembre en la comandancia de la Guardia Nacional en Santa Bárbara del Zulia, porque efectivos de ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los desalojó y detuvo en un predio recuperado para una producción agrícola que sería destinada a la subsistencia de una comunidad wayuu de quinientas familias.

Esas mujeres wayuu denuncian que los efectivos de la Guardia Nacional fueron comprados por los hacendados de la zona y mantienen una campaña de persecución y amenazas en contra de los indígenas wayuu. En ese sentido, preocupadas por las vidas de los miembros de su comunidad indígena introdujeron un documento en la Fiscalía General y le solicitaron apoyo al gobierno nacional y a la referente indígena chavista Noheli Pocaterra.

Ese territorio fue demarcado y entregado formalmente a las comunidades wayuu en el gobierno Hugo Chávez, pero en esos documentos mantuvieron el reconocimiento a la propiedad de terceros como los hacendados, porque se comprometieron con una promesa gubernamental totalmente incumplida : el pago de las bienhechurías asentadas en territorios indígenas.

La conservación de la propiedad de terceros en territorios indígenas por parte del gobierno de Hugo Chávez evitó cualquier posibilidad de autonomía interna de las comunidades wayuu de esa zona, al igual que ocurrió en otras partes del país como la Sierra de Perijá con las comunidades yukpas, y conservó el poder de facto sobre las tierras de los hacendados que siguieron asesinando y persiguiendo a los indígenas, en muchas ocasiones con el uso de efectivos de la Guardia Nacional y de las diferentes policías del Estado.