Durante el primer trimestre del año 2019 se han mantenido las condiciones que condenan a los indígenas de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro a presentar enfermedades prevenibles que, en muchos casos, terminan siendo mortales.

Comenzando este año conocimos los casos de dos niños warao con deficiencia de equilibrio y parálisis en las extremidades, quienes no han tenido acceso a un tratamiento adecuado por la falta de medicinas y de centros de rehabilitación donde puedan hacer sus terapias.

Tampoco contaron con su derecho a la atención médica los casi 200 indígenas que en 2018 contrajeron malaria en la comunidad hottoja “Pozo Terekay”, en Amazonas.

Aunque no hay cifras oficiales, los casos de malaria siguen aumentando. Tal es el caso de las comunidades indígenas de Hacha Meru, Hacha Ken, Wamewaken, San José de Wadamapa y Parkupik del sector Ikabaru de la parroquia Ikabaru del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, donde sus habitantes han reportado a Kapé Kapé un nuevo brote de la enfermedad.

Tan sólo en el mes de marzo se registraron entre 60 y 80 casos entre niños, jóvenes y adultos, según información compartida por miembros de la comunidad.

Los habitantes de estos sectores reiteran que hace falta atención médica y dotación del tratamiento, tanto para la malaria, como para otros males comunes como gripes, diarrea y vómitos.

En este patrón de desatención médica y abandono generalizado de intervención gubernamental, lo más golpeados terminan siendo quienes viven en las zonas más alejadas. Así como está pasando actualmente en el bajo Delta, donde se registra un nuevo brote de vómito y diarrea, que está atacando principalmente a la población infantil.

Indígenas warao de las comunidades de Bonoina, Nabasanuka, Araguabisi y Winikina, de la parroquia Manuel Renaud, del municipio Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, alertaron la presencia de enfermedades como la diarrea y vómito.

De acuerdo a las informaciones suministradas por los habitantes, se trata de una consecuencia del cambio del color y composición del agua que se presenta todos los años en el mes de marzo.

Los afectados señalaron que no tienen datos de muertes de niños y niñas por estos cuadros de diarrea y vómito, sin embargo, afirman que los residentes de la comunidad de Dijarukabanoko han reportado varios decesos por estas patologías.

También informaron que el único hospital que está ubicado en esta parroquia no tiene medicamentos, ni insumos médicos.

Como indican los pobladores, se trata de un fenómeno que ocurre cada año, sin embargo, no se ha generado ninguna política pública que evite este incremento de los casos. Situación que, una vez más, deja en evidencia la deuda social del Estado en materia sanitaria.

La profunda crisis por la que atraviesa nuestro país ha tenido graves consecuencias en la salud y la alimentación de la población. Esta situación está afectando con mayor severidad a los grupos sociales más desfavorecidos y vulnerables, como lo son los pueblos y comunidades indígenas, quienes ante el creciente número de muertes prevenibles ven comprometida su sobrevivencia física y la continuidad de su patrimonio cultural, lingüístico y espiritual.