Foto: Midia NINJA

El arribo a la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro, genera profunda preocupación también en los Pueblos Originarios que habitan el Brasil.

Días antes de resultar electo, Bolsonaro afirmó que el proceso de demarcación territorial en beneficio de las Comunidades Indígenas “atenta contra los intereses nacionales” y acusó a los Pueblos Originarios de “tener ya muchas tierras” y de pretender “armar Estados paralelos dentro del Brasil”. Además, Bolsonaro atacó directamente a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos indígenas. “El CIMI es una banda podrida de la Iglesia Católica” manifestó Bolsonaro en alusión al Conselho Indigenista Missionario (CIMI), un organismo con más de 30 años de trabajo, que tiene un funcionamiento similar al que en la Argentina tiene el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, en cuanto al acompañamiento jurídico y territorial en las luchas de los Pueblos Indígenas.

“No existe ninguna referencia que indique que algún Pueblo Indígena en Brasil quiera formar Estados paralelos. Lo que Bolsonaro intenta hacer es estigmatizar aún más a los indígenas, mostrarlos como enemigos, como grupos peligrosos. Las motivaciones de Bolsonaro tienen que ver con defender intereses privados que quieren quedarse con la tierra de los indígenas como viene ocurriendo” advierten desde CIMI.

Contexto desfavorable

La llegada al poder de Bolsonaro, viene a profundizar un contexto de por sí desfavorable para los Originarios en Brasil. Según los últimos datos de la Relatoría sobre Violencias contra los Pueblos Indígenas de Brasil, en el último año se constata un aumento sistemático en la violación de derechos humanos contra las Comunidades Indígenas. Los intentos de apropiación de territorio, por parte de agentes externos, son la principal causa –señalan–, de estas violaciones. La información colectada en comunidades del país impresiona: 110 asesinatos, 128 suicidios y 702 casos de muertes infantiles evitables solo durante 2017.

“Esta edición de la Relatoría explicita una realidad de absoluta inseguridad jurídica que afecta a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Los tres poderes del Estado vienen siendo cómplices de una enorme presión sobre el territorio indígena, que pretende explotar recursos naturales de esos territorios, lo que se traduce en una gran escaldada de violencia” afirma Roberto Liegbott, de CIMI Regional Sur y uno de los hacedores de la publicación.

Movilización nacional de pueblos indígenas, Brasilia 2013.

“El proyecto de Bolsonaro, en alianza con los terratenientes, y la bancada ruralista, busca apropiarse de la mayor cantidad de tierras indígenas para seguir expandiendo los agronegocios” añade Liegbott.

“El contexto actual es muy preocupante. Venimos de un proceso histórico en el que los derechos de los pueblos no están siendo priorizados. Las declaraciones evidentes (de Bolsonaro) de que si fuera electo no habría demarcación de tierras indígenas y la composición de fuerzas en el Congreso, con sectores vinculados al agronegocio y otros que tienen interés en las tierras indígenas, de hecho muestra un cuadro bien peligroso” agregó por su parte Gilberto Vieira, secretario adjunto del CIMI.

Demarcación ya

De acuerdo al censo de 2010 llevado a cabo por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), en Brasil existen 896.917 personas pertenecientes a alguno de los más de 300 pueblos indígenas que habitan en Brasil. Un 63,8% vive en áreas rurales. Por ley, en 1988 se abrió en Brasil un proceso de demarcación territorial tendiente a regularizar la propiedad comunitaria indígena sobre los territorios que habitan. Pero a 30 años, aún falta relevar el 64% de esos territorios, que así las cosas se ven expuestas a constantes ataques, desalojos y todo tipo de inseguridades.

En la era Temer, ningún centímetro de tierra indígena fue demarcado por el Estado. Se espera que con Bolsonaro, esta inacción se profundice y venga acompañada de ataques directos a las Comunidades.

Derechos en riesgo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) difundieron un comunicado en el cual alertan acerca de los ataques que reciben los derechos indígenas y la protección del medio ambiente por parte del Estado brasileño.

“Los derechos de los pueblos indígenas y el derecho ambiental están siendo atacados en Brasil; en los últimos 15 años Brasil asistió al mayor número de asesinatos de activistas ambientales y por el derecho a tierra en todo el mundo” advierte el comunicado.

Genocidio en Mato Grosso do Sul

En la noche del domingo 28 de octubre, a poco de anunciarse el triunfo electoral de Bolsonaro y de acuerdo a la denuncia efectuada por miembros de la Aldea Bororó, en Dourados, Mato Grosso do Sul, un grupo de “fazendeiros” (terratenientes) descendieron de una camioneta 4×4 y abrieron fuego contra esta comunidad perteneciente al pueblo Kaiowá Guaraní. El saldo fue de 15 indígenas heridos, entre ellos una niña de 9 años. El hecho fue tomado por la Comunidad como un nuevo ataque intimidatorio, en el marco de lo que los Kaiowá denuncian como un genocidio que en los últimos años ya se cobró más de 300 vidas.

Esto ocurre a unos 500 km de la provincia de Misiones (Argentina), donde los ataques buscan repeler las luchas por la demarcación territorial y la efectiva posesión de las tierras en esos territorios ancestrales, donde las superficies de selva se convierten en resabios en constante depredación y son vistas como un ansiado tesoro para la expansión del agronegocio.