En junio de 1993 en el sector conocido como Haximú en el estado amazonas un grupo de mineros conocidos como garimpeiros asesinó a 16 indígenas del pueblo Yanomami incluyendo seis niños entre uno y ocho años.
La masacre fue el resultado de la omisión del Estado venezolano de ejercer control sobre nuestro territorio permitiendo se invadieran territorios indígenas para la explotación minera ilegal y se perpetrara contra ellos diversos actos de violencia así como la generación de daños ambientales.
25 años después la vulnerabilidad de la población Yanomami se mantiene. No solo existe minería ilegal en sus territorios practicada por venezolanos y extranjeros, sino que enfrentan la presencia de presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia que imponen sus reglas y realizan negocios diversos sin que exista por parte de las autoridades una actuación que contrarreste dicha presencia en la geografía nacional.
Casi tres décadas padeciendo el mismo riesgo a la vida y sufriendo la violencia de quienes realizan actividad económica ilícita en esos territorios del estado Amazonas.
La masacre de Haximú quedó impune. No hubo voluntad en Venezuela de investigar y sancionar a los responsables de tales hechos.
Motivado a esa situación las organizaciones de derechos humanos venezolanas Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y el Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (PROVEA) acompañadas por las organizaciones internacionales Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch Americas presentaron el caso en instancias internacionales de protección de derechos humanos.
Estas cuatro organizaciones presentaron el caso el 06 de diciembre de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alegaron las organizaciones que con respeto a la masacre el Estado venezolano era responsable de alegaron que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales, a la propiedad privada, a la circulación y residencia, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial.
Con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y teniendo tanto el gobierno como los representantes del pueblo indígena Yanomami la voluntad de poner el interés de los derechos de los indígenas yanomami se suscribió el 01 de octubre de 1999 un acuerdo amistoso. A petición de las organizaciones de derechos humanos en coordinación con voceros del pueblo indígena Yanomami el acuerdo amistoso se suscribió priorizando se atendiera la grave situación de salud que padecían los indígenas, la preservación del territorio para que tales hechos no se repitieran y que se investigara y se sancionara a los responsables de la masacre.
Sobre vigilancia y control del área Yanomami
1.-El Estado se comprometiò a promover la suscripción de un acuerdo con el gobierno de Brasil, a fin de establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto y Permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área Yanomami.
2. El Estado se comprometió a diseñar, financiar y poner en funcionamiento, a través del Ministerio de Salud y en Coordinación con el Consejo Regional de Salud del Estado Amazonas, un Programa Integral de Salud dirigido al Pueblo Yanomami, para enfrentar la grave problemática sanitaria de la zona así como destinar un presupuesto anual para la ejecución del Programa adoptado.
3. El Estado se comprometió a hacer un seguimiento de la investigación judicial sobre el proceso penal que se adelantaba en Brasil, a fin de que se establezcan las responsabilidades y se apliquen las sanciones penales correspondientes, ya que en ese país se habían detenido a unos presuntos responsables.
Durante los dos primeros años posteriores al acuerdo el gobierno de Hugo Chávez realizó algunos esfuerzos por cumplir parte de los aspectos del acuerdo principalmente en lo referente a la situación de salud. Así se elaboró un Plan de Salud Yanomami y tal como lo establecía el acuerdo asignó un presupuesto. Sin embargo, desde el 2003 se empezó a incumplir la casi totalidad del acuerdo amistoso.
Hoy el pueblo Yanomami a pesar de todo el discurso gubernamental de dignificar a los pueblos indígenas, se encuentra sometido a grandes niveles de miseria, una situación precaria y de alto riesgo en materia de salud y en contante afectación de sus territorios a consecuencia de la minería ilegal, no controlada por el gobierno y en ocasiones estimulada.
25 años después de la masacre de Haximú podemos afirmar que aquellas condiciones que la produjeron persisten y el pueblo Yanomami sigue en el abandono y con altos niveles de vulnerabilidad.
@marinoalvarado