El cacique Sabino Romero y la colonialidad en la República Bolivariana de Venezuela

A lo largo de estos años, hemos realizado múltiples denuncias conjuntamente con otros sectores indígenas y no indígenas sobre la mala actuación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Aunque por medio del proceso revolucionario se haya logrado un sistema formal que reivindica el derecho de los pueblos indígenas, en la práctica, las políticas concretas que se intentan aplicar son homogeneizantes y coloniales, al no reconocer la diversidad propia de estos pueblos. Y lo que es peor aún, la desconocen, imponiendo de la misma manera que siempre una política que obliga a los indígenas no sólo a transformar su organización social y a dejar de luchar por sus tierras, sino también a insertarse dentro de un modelo de desarrollo que reproduce la lógica capitalista desarrollista. Para rematar, esta lógica los inserta en prácticas viciadas que los hacen dependientes de la relación que puedan establecer o no con algunos funcionarios, que si no les da la gana, por la razón que sea, no gestionan la petición de tal o cual indígena para la obtención de algún recurso, beneficio o crédito.

El caso Yukpa y la vida del cacique Sabino Romero son un ejemplo contemporáneo de la colonialidad vivida en Venezuela. Esta colonialidad está intacta en Perijá (en el estado Zulia) desde de la llegada del Capitán de la vascongada Don Juan de Chourio en 1722 para fundar la Villa del Rosario con familias de las Islas Canarias y otras oriundas de Maracaibo, descendientes de la primera oleada de españoles asentadas en las orillas del Lago, sólo que ésta ha mutado hacia nuevas formas de violencias.

Desde la Villa se fundó Machiques, cuando las tropas del General Venancio Pulgar incendiaron La Villa del Rosario en 1872 y se erigió parroquia eclesiástica en 1890. Ya para 1920, el General Juan Vicente Gómez le entregó a los hermanos García las tierras de los Yukpa Macoitas de río Apón para fundar la hacienda El Capitán. Fueron los blancos ganaderos descendientes de aquellas familias, traídos por De Chourio, los que despojaron desde 1930, con la ayuda y financiamiento del Gobierno, las tierras del río Yaza a los padres y demás descendientes de Sabino. Allí, en sus tierras planas, se establecieron las enormes haciendas de las familias Vargas, Peña, Chacín, entre otras.

El pueblo Yukpa ha guerreado desde siempre por la defensa de su territorio, y hoy de igual manera ante el Estado Gobierno por el cumplimiento de los denominados derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Ayer guerrearon con canarios y españoles, luego con sus descendientes los blancos ganaderos, hoy persiste la lucha contra algunos de ellos, pero principalmente contra la política colonial del Gobierno Revolucionario y los grupos armados colombianos enquistados en su territorio como para-Estado, con sus actividades de abigeato, compra y traslados de miles de cabezas de ganado a Codazzi y Becerril, en Colombia.

Para neutralizar el avance del pueblo Yukpa en el proceso de recuperación de sus tierras y entregar en cambio títulos colectivos de propiedad a los indígenas pero sin incluir las haciendas de los ganaderos, el Estado Gobierno optó por desarrollar un plan de entrega de dádivas a través de la creación de Consejos Comunales y el Plan Yukpa apoyado por 10 ministerios, coordinado por el entonces Ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami. Al neutralizar la dirigencia Yukpa, menos a Sabino aún firme en su afán de recuperar las tierras originales de la cuenca del río Yaza, El Aissami con el apoyo de la entonces Ministra Indígena Nicia Maldonado, opta por separar al Cacique Sabino Romero del resto de los Caciques del Yaza, en especial con sus vecinos Olegario Romero Romero y Amalia Pérez, terminando dicha injerencia con el enfrentamiento de las dos comunidades, con un saldo de dos muertos y cinco heridos, incluido Sabino. De inmediato el ministro en cuestión, violando el Articulo 260 de la Constitución, opta por detenerlo y orientar un juicio amañado en su contra, que a los 17 meses termina con la libertad de Sabino, al no conseguirse prueba alguna. El tribunal de Trujillo lo decreta inculpable.

Luego del intento de la recuperación colectiva de la hacienda Medellín, que dejó un saldo de cinco ganaderos heridos y dos mujeres Yukpa, una de ellas hija de Sabino, los ganaderos determinan asesinarlo, y contratan al temido sicario Ángel Romero, apodado El Manguera, guardaespaldas del rico hacendado El Chirry. Sabino fue asesinado a tiros el 3 de marzo de 2013 en la Sierra de Perijá. Ya se han cumplido más de 4 años y 3 meses de su asesinato y aún los familiares esperan el juicio a los ganaderos autores intelectuales de dicho crimen. Permanecen en la cárcel ‘El Manguera’, con condena de 30 años de prisión y cinco policías de Polimachiques con 6 años y unos meses; uno de ellos, ‘El Mantequilla’, compinche de Manguera, era el guardaespaldas del Alcalde de Machiques para aquel entonces, Vidal Prieto. Determinándose así, una vez más, desde la fundación de Machiques y el despojo de los territorios indígenas, la relación del poder ganadero con el Estado.

Al igual que el pueblo Yukpa, hoy la familia del Cacique Sabino Romero está sometida a un cerco de hambre y aislamiento, no hay vías de comunicación, el actual Gobernador del Zulia Francisco Arias Cárdenas se niega a repararla. El Gobierno regional determinó entregarle a los grupos armados colombianos el cuidado y la administración de las comunidades fronterizas, en especial a los pueblos indígenas. Los gobiernos regional y nacional se han desentendido de los pueblos indígenas fronterizos, violando así sus derechos humanos. Hoy los acogota el paludismo y el hambre. No hay dinero para comprar los pesticidas adecuados para controlar los zancudos transmisores de paludismo.

¡No más la mala política indígena!

La manera organizacional que ha introducido el Estado-gobierno actual dentro de los pueblos indígenas afecta no sólo la propia organización indígena sino lo que es peor, su futura supervivencia y hasta la salvación del planeta. Lo que queremos decir es que en la idea de un Estado en ‘transición al socialismo’, lo que se debería abrir es un espacio en el que el país pueda conocer los distintos mundos indígenas que conviven en él, aprendiendo de ellos sin coartarlos, controlarlos o transformarlos en mundos ‘civilizados’, con estilos de vida consumistas, con sistemas de justicia burguesa, o en funcionarios criollos de corbata. Esa es la política de la IV República y Repúblicas anteriores, herederas de la colonia, que se han propuesto siempre si no exterminar, “civilizar” a los indios.

Queremos por el contrario una política indígena que se concrete desde las bases y en alianza con gente criolla que sí conoce la historia social, política, cultural y económica del país; que sí conoce y respeta la historia de los pueblos indígenas; que sí conoce de cerca a los pueblos indígenas y sabe bien cuáles son las amenazas que hasta hoy se vienen sobre ellos y el país todo. No queremos más políticas impuestas desde una estructura de arriba, como las que ha activado el Ministerio. Eso se va a pelear desde las bases indígenas y de las organizaciones sociales aliadas, pues ya basta de sacrificar al pueblo no sólo por la inmensa ignorancia de algunos funcionarios que tienen un poder específico, sino además por el chantaje permanente –y la censura ya convertida en autocensura– de que cualquiera que critica algo del gobierno es de la oposición chimba y escuálida que tanto daño le ha hecho a este país.

El descontento que los pueblos indígenas y los aliados de estas luchas tienen con el Ministerio, ha sido ignorado hasta hoy por el Gobierno. También ha sido ignorado el descontento que implica descubrir que los medios oficialistas se han prestado en casos concretos a los mismos montajes y mentiras que los medios controlados por la derecha. De allí la necesidad de sostener medios alternativos que puedan comunicar las experiencias locales, cercanas y vividas, y también la permanencia de múltiples organizaciones que no dependen ni de los poderes trasnacionales, como las ONG financiadas por los países imperialistas, ni de los poderes locales tradicionales.

Detener los proyectos de los Arcos Mineros es una utopía a concretar en la República Bolivariana de Venezuela

La formulación de capítulos constitucionales y leyes ambientales, que hoy son utilizados a favor de la defensa de mantener la vida en el planeta, de sus bosques, suelos, aguas, biodiversidad, aire, ha sido el producto de las protestas y las luchas de los movimientos sociales ecologistas e indígenas. A pesar de la debilidad y la dispersión del movimiento social, éste es el soporte principal de tal responsabilidad vital. Es su resistencia activa, su principal arma, es el riesgo cotidiano sorteado y su mística grupal de trabajo solidario, el soporte necesario para detener los proyectos extractivistas que cada día son más ante la crisis civilizatoria de la sociedad de consumo y de la banalidad. Son la calidad de los argumentos, de alianzas políticas, sociales, culturales y los símbolos movilizadores los que dan y darán con el traste a estos proyectos soportadores de la civilización de la guerra. Cada sociedad, cada región, cada país determinara como concretar la utopía a construir.

La utopía económica social en Venezuela, no es la que se intenta hacer de manera aislada desde el Ministerio de ‘Minería Ecológica’, sacando oro para hacer una agricultura social alternativa. Ya la Misión Piar demostró que ese no era el camino. Nadie sembró, ni cambió el marco delincuencial depredador de sacar y vender oro en las peores condiciones alienantes de violencia activa cotidiana.

En verdad nos preguntamos ¿necesitamos oro para vivir en revolución, o diamante, o coltán, o sacar tanto hierro, o más petróleo pesado, o más carbón en el Zulia? Es necesario hacer un debate democrático nacional verdadero al respecto, y que no sea una decisión tomada a solas por un grupito de hombres y mujeres del Gobierno que ahora no les basta el petróleo, sino también la minería como el motor del desarrollo, o como la forma de salir del cerco económico impuesto. El extractivismo no genera una sociedad laboriosa, ni hombres productivos. Todo lo contrario, el extractivismo genera muchos parásitos viviendo de la renta que unos pocos hombres y mujeres generan en minas o en pozos petroleros.

Si este Gobierno explota las minas de carbón en el Zulia y en Táchira, o le da riendas sueltas al Arco Minero y a la Faja Petrolífera del Orinoco, simplemente quedaremos sin agua y sin energía eléctrica por muchas décadas, o para siempre en el caso del agua. La cuenca del río Orinoco, o del Lago de Maracaibo y su cuenca hidrográfica deben ser consideras sagradas, pues de estas dos cuencas depende la vida de los zulianos y del sur del país, y del 90% de los pueblos indígenas existentes en esta república suramericana.

Si cerramos las dos minas de carbón abiertas en el Zulia, y no abrimos ninguna otra, o cerramos las minas de oro y diamante y coltán nada le pasa a la economía del país. Al contrario, es mucho lo que ganaríamos, pues el camino o el futuro de nuestra patria no va por allí, nuestra ruta va en dirección del uso de las energías limpias y la agricultura orgánica en productos agrícolas conservacionistas exportables y a transformar, como el café y el cacao, la siembra de flores, la apicultura, el manejo de pequeños animales mamíferos y avícolas, en el desarrollo de la pequeña y mediana industria, en el turismo, en el desarrollo científico médico y tecnológico, entre otros.

Solo problemas mayúsculos le ha traído a la sociedad venezolana y al ambiente la explotación de oro y de diamante –ya sea de manera legal o ilegal–, o de carbón en las minas Norte y Paso Diablo en el Zulia.

El llamado al pueblo venezolano

En verdad a los hombres del Gobierno nada ni nadie les harán cambiar o reestructurar el Motor Minero. Están ganados para hacer del Zulia y el sur del país una zona de sacrificio. Piensan que con extraer y vender minerales se va a desarrollar el país y por siempre reinará la revolución. Por esta razón, eliminaron en su momento el Ministerio del Ambiente, y crearon con un falso y cómico nombre un “Ministerio de Minería Ecológica”. Vamos a combatirlos con las experiencias vividas en “pleno desarrollo”, con las leyes en la mano en los tribunales nacionales e internacionales y en la calle. Vamos a obligarlos con los pelos en las manos a cerrar estas minas. En el Zulia se ha desarrollado un debate con propuestas propias sobre los ‘Territorios Energéticamente Sustentables’ (Los TES) y más recientemente sobre el Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica. Otros espacios en Caracas y en todo el país se han abierto para discutir sobre la pertinencia o no del Arco Minero del Orinoco. Las hojas de rutas están echadas. Vamos a la creación de un Observatorio Nacional de Ecología Política, que dé cuentas de todas nuestras luchas contra el extractivismo, el cual vemos que une tanto a gobiernos como opositores, a la derecha como a la izquierda, pues ambos parten del mismo concepto de desarrollo.