El pasado lunes 21 de febrero, Honduras se sumó a los Estados que exigen visa para el ingreso de venezolanas y venezolanos, lo que convierta al países centroamericano en el tercero de América Latina, que aprueba ese tipo de solicitud en el año en curso : primero fue México, el 21 de enero, y después Costa Rica, el 17 de febrero. Estas medidas migratorias aplicadas por diferentes Estados de la región son una criminalización de las trabajadoras y trabajadores venezolanos en condición de migrantes.

Además, en los últimos meses, se han presentado graves casos de criminalización y persecución a migrantes venezolanos como el discurso xenófobo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y de varios candidatos presidenciales peruanos y del chileno José Antonio Kast ; la deportación de un grupo de venezolanos por EEUU a Colombia ; el ataque armado de una patrulla marítima de Trinidad y Tobago, con el saldo de un niño asesinado y su madre herida ; la ejecución de dos jóvenes en la frontera colombo-venezolana, en los pasos irregulares denominados coloquialmente como trochas ; las agresiones, robos y violaciones en el tapón del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá ; y el inicio de una campaña de estigmatización y llamado de agresiones a la población venezolana residenciada en Chile.

La referida criminalización y persecución a migrantes venezolanos se encuentra claramente dirigida a los millones de trabajadoras y trabajadores venezolanos que se han visto obligados a migrar de nuestro país, en los últimos siete años, en condiciones de extrema precariedad y sin la garantía documentos legales por los Estados receptores. Un flujo migratorio que ha ocurrido en medio de la profunda crisis que padeció la economía de nuestro país entre 2014 y 2020 ; que fue agravada con las sanciones financieras y petroleras aplicadas desde 2017 y 2019, y sufre la clase trabajadora venezolana por el paquete antiobrero de Maduro.

Entonces, sin ningún tipo de distinción, gobiernos y dirigentes políticos aliados y adversarios de Maduro como los de México, Perú y Trinidad y Tobago o EEUU, Costa Rica, Colombia y Chile, desarrollan por igual la criminalización y persecución de trabajadoras y trabajadores venezolanos en el extranjero, con la exigencia de visas, deportando, realizando agresiones armadas y campañas de estigmatización. Ante esa situación que sufren venezolanas y venezolanos que son parte de la clase trabajadora, el gobierno de Maduro guarda silencio o expone tímidos cuestionamientos calificando un ataque armado como un simple incidente fronterizo, para evitar denunciar a sus aliados diplomáticos y reconocer la grave crisis migratoria que sufre la clase trabajadora del país. Al contrario, desde los medios de comunicación gubernamentales, efectúan campañas comunicacionales para desestimar las causas de la migración venezolana, porque según su retórica estaría siendo estimulada por engaños, y el mismo Maduro ha llegado a ridiculizarla a las trabajadoras y trabajadores que han migrado al decir que se van del país a lavar pocetas.

Por otra parte, el gobierno de EEUU y sectores de la derecha proyankee de América Latina, hipócritamente dicen que son solidarios y respaldan al pueblo trabajador de Venezuela, y en realidad promueven la criminalización y persecución de la migración venezolana y mantienen y apoyan sanciones económicas imperialistas, que han agravada la crisis económica de nuestro país, provocando un aumento del flujo migratorio venezolano.

Al mismo tiempo, desde el Partido Socialismo y Libertad hacemos un llamado a las trabajadoras y trabajadores del país, porque el único camino para evitar que nos sigamos teniendo que ir de Venezuela, es lograr derrotar el paquete antiobrero de Maduro y conquistar un salario igual a la canasta básica, el cumplimiento de los contratos colectivos, la recuperación de los servicios públicos y la garantía de derechos sociales como educación y salud.

En ese sentido, desde el Partido Socialismo y Libertad exigimos nuevamente el levantamiento de las sanciones económicas imperialistas que afectan a la economía de nuestro país y han causado un aumento de la migración de trabajadoras y trabajadores de Venezuela. Además, demandamos el fin a la criminalización y persecución en contra de la migración venezolana, y que el gobierno de Maduro reconozca la crisis migratoria que padece la clase trabajadora del país.

Caracas, 24 de febrero de 2022