NO. 3 Revista Territorios Comunes

Cuando los actores armados no estatales del conflicto colombiano, conocidos como guerrillas, se volcaron hacia la minería ilegal, para el financiamiento de sus operaciones, la encontraron como un nicho poco explotado y cuantioso en ganancias. La fiebre guerrillera por el oro reemplazó las décadas iniciales de extorsión, abigeato y secuestro, casi igualando en dividendos a la vorágine del narcotráfico de los ochenta y noventa, fenómeno que fortaleció sus estructuras militares y magnificó el control territorial.

Si bien no se puede fechar la introducción formal de las guerrillas en la minería ilegal, múltiples investigaciones e informes de la sociedad civil indican que el Plan Colombia junto con la masiva destrucción de cultivos y laboratorios de coca fue un factor determinante en esta diversificación del portafolio de inversiones guerrillero. Hecho que además coincide con el boom minero de principios del siglo XXI, propiciado por el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y continuado por Juan Manuel Santos (2010-2018), quien declaró a la minería la “locomotora” económica del país[1].

Para el 2003, la minería representaba el 2,2% del PIB colombiano[2] siendo el valor de las exportaciones del sector $10.015 millones de dólares FOB[3]. Diez años después, la magnificación de la renta de los metales permitió al expresidente Juan Manuel Santos aseverar que Colombia, debido a sus niveles y calidad de producción era un país minero dependiente. Al igual que la economía nacional, las arcas de los actores armados no estatales encontraron en el oro, por ser un metal fácil de procesar, trasportar y vender, un motor económico que sirve para lavar dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Asimismo, a pesar del debilitamiento de las guerrillas en los departamentos centrales de Colombia durante la segunda década del siglo XXI, su consiguiente repliegue hacia las fronteras y –en especial- hacia la Amazonía les hizo acercarse a las economías depredativas del sector extractivo y a la minería ilegal, contexto perfecto para estos grupos que han basado su accionar en el ejercicio del terror y la expoliación.

Para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el oro representa el 20% de sus ingresos[4], metal que incluso han usado para el proceso de reparación a las víctimas del conflicto colombiano[5]. Sus frentes financieros anteriormente dedicados al narcotráfico, la extorsión y el secuestro se han volcado hacia la expoliación de la naturaleza y la economía de la vida (Shiva, 2006) para maximizar sus dividendos, siendo imperioso para ellos impactar en las poblaciones que aún dependen del autosustento, como los pueblos indígenas, para incorporarlos en la vorágine minera como mano de obra barata, local y sumisa. El ELN no se quedó atrás y dejando a un lado la histórica confrontación con las FARC ha convenido con éstas y –en especial- sus disidentes una división geopolítica de los territorios con yacimientos auríferos en un esquema “ganar-ganar”. De la misma forma, se han registrado alianzas de estas organizaciones con grupos criminales que hacen vida en las comunidades mineras, en aras de tener agentes que faciliten sus operaciones sin la necesidad de mantener una presencia constante en el terreno.

Colombia no es el único target de la sed aurífera de las guerrillas, Venezuela se ha convertido en un lugar de acción para estas organizaciones en total impunidad y con cada vez mayor presencia territorial, a pesar de las múltiples denuncias de organizaciones indígenas y la sociedad civil local. En este orden de ideas, es la intención de este breve artículo revisar algunas de las principales denuncias sobre la presencia de actores del conflicto colombiano participando en la minería ilegal que devasta la Amazonía venezolana. Nos concentraremos en la documentación que hemos realizado y que se ha producido sobre la acción de las FARC en las minas del estado Amazonas, resumiendo para este artículo investigaciones de campo ya publicadas y que he realizado desde el año 2013 en el estado Amazonas. También adjunto información recién recolectada a través de la observación en campo en los municipios Autana y Atabapo, entrevistas a mineros e indígenas de las zonas con presencia de guerrillas, así como el mapeo comunitario de la ubicación de tales agentes y mis propios encuentros con los guerrilleros colombianos.

En esta ocasión abordaremos dos casos sobre la devastación minera en el estado Amazonas de la que son partícipes actores armados que se autoidentifican como FARC-EP: la explotación de minas y el establecimiento de campamentos en los municipios Autana y Atabapo, siendo de especial importancia para mí resaltar la incidencia de los guerrilleros en la transformación socio-cultural de los pueblos indígenas cuyos territorios tradicionales se han convertido en áreas de conflicto.

Los “pata e’ goma” en el Autana

Autana fue el primer municipio del que se tienen denuncias formales, ante instancias gubernamentales, sobre la presencia de actores armados no estatales autodenominados FARC-EP y a quienes los indígenas llaman con regularidad “pata e’ goma” u “hombres de la montaña”. Desde el año 2013, un grupo de representantes de organizaciones indígenas agrupados bajo la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) hicieron públicos una serie de comunicados[6] en los que se mencionan a los “grupos irregulares” que hacían vida en los márgenes del río Orinoco, del lado venezolano, y que comenzaban a incursionar en el territorio uwöttuja (piaroa) tratando de establecer relaciones con las comunidades. Especialmente estaban interesados en hacer alianzas con los jóvenes hablantes del castellano, autoridades tradicionales y las personas dedicadas al transporte fluvial.

Frente a esta incursión guerrillera, en el 2013, la Organización de Piaroas Unidos del Sipapo (en adelante OIPUS) del municipio Autana entregó a instituciones estatales como la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Interior y Justicia, así como Presidencia y Vicepresidencia de la República, denuncias de las comunidades y copias de las invitaciones firmadas por la FARC-EP en las que se convoca a los indígenas para dialogar sobre “la convivencia” con el grupo armado. (FOTO 1)

Hasta el 2014 ninguna organización indígena había hecho público que el actor armado no estatal que se expandía en Autana se autodenominaba FARC-EP. De igual forma, el seudónimo del comandante de ese frente era un secreto a voces que solo tenía eco entre los habitantes del estado. El gobierno nacional mantuvo silencio frente a las denuncias indígenas, siendo solo posible encontrar en el informe anual de la Defensoría del Pueblo correspondiente al año 2013[7] una referencia a las peticiones de actuación por parte de las organizaciones nativas. Estratégicamente la Defensoría del Pueblo, en ese momento a cargo de Gabriela del Mar Ramírez, denominó a los grupos armados como “paramilitares”, muy a pesar de que los indígenas fueron claros al indicar que los “irregulares” se identificaban como integrantes de las guerrillas colombianas.

Es hasta el Segundo Congreso de Mujeres Indígenas de Autana[8] (2014) y su comunicado[9] que las organizaciones indígenas comienzan a puntualizar ante los medios de comunicación que los armados se enunciaban como FARC-EP. El comandante “JJ[10]” y su control territorial en Autana comenzó a ser identificado como un supuesto disidente que hacía vida en el municipio y controlaba el campamento del río Guayapo, al que los indígenas piaroa –pese a ser su territorio tradicional- aún hoy no tienen libre acceso.

Desde el 2013, los actores armados han incrementado su poder de acción en Autana llegando a asentar campamentos en la base del tepuy y ejerciendo un control férreo en comunidades cercanas como Raudal Ceguera, Caño Grulla de Autana y Mavaco de Autana. También han logrado desarticular a las organizaciones indígenas que les denunciaban. El silencio gubernamental se acrecentó después del asesinato de Freddy Menare[11], integrante de OIPUS, presuntamente perpetrado por integrantes de las FARC dedicados al contrabando de gasolina, además de la captación de liderazgos indígenas que pertenecen a la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), en el marco del financiamiento de candidatos por el partido de gobierno (PSUV) en las campañas electorales para la Asamblea Nacional (2016) y las gobernaciones nacionales (2017).

Lideresas comunitarias de Autana indicaron en el 2014 que les resultaban preocupante que los guerrilleros quisieran establecer puntos de control en zonas aledañas a las comunidades, en las que es común encontrar los conucos donde trabajan la mayor parte de las mujeres. Les inquietaba que la presencia de estos armados deviniera en formas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas. Lamentablemente, sus preocupaciones se han convertido en una realidad pues ahora es común que integrantes de las guerrillas busquen a las jóvenes tanto para la cohabitación en los campamentos como para el intercambio de sexo por comida y gasolina. Violaciones sexuales perpetradas por estos efectivos y su control sobre el tráfico de mujeres para la explotación sexual en las minas han sido registradas por organizaciones de mujeres indígenas[12] y documentadas por mí en trabajos académicos[13].

Otra de las preocupaciones y realidades que denuncian las indígenas de Autana es el reclutamiento de las y los jóvenes uwöttuja en las filas guerrilleras. Testimonios que pudimos documentar en el 2016 dan cuentan de que las FARC ofrecían motos, armas y dinero a los jóvenes, a cambio de su trabajo como enlaces comunitarios, contrabandistas de gasolina así como “gariteros”[14] en comunidades y minas. Los procesos de reclutamiento también incluían la entrega de material panfletario relacionado con el ideario político. (FOTO 2)

Atabapo: minería y narcotráfico

El caso más emblemático de la fiebre del oro guerrillera es el del Parque Nacional Yapacana, territorio regentado en gran medida por integrantes del frente financiero “Acacio Medina” de las FARC -estructuralmente vinculado al narcotráfico- bajo el mando de Géner “John 40” Molina[15]. El Yapacana también es lugar de depredación de Miguel Díaz Sanmartin, mejor conocido como “Julián Chollo”, quien perteneció a los frentes Jacobo Arenas (Frente 40), Acacio Medina (Frente 43) y fue cuarto jefe del Frente 16.

Si bien se reporta que desde la década de los ochenta el Estado venezolano tiene conocimiento de la minería en el Yapacana[16], la actual proliferación de los sectores mineros en el parque indican una devastación sin precedentes. Imágenes satelitales de un reciente informe[17] muestran que el Yapacana es el parque nacional con mayor área de afectación medioambiental por actividades extractivas, situación que también nos permite deducir que el impacto social está igual de extendido.

En el Yapacana, un ejemplo del régimen minero de los mencionados integrantes de las FARC se evidencia en la mina de Moyo, lugar en el que desde el 2012 se reporta que estos actores impusieron una serie de normas tales como la prohibición de consumo de alcohol y regulaciones para la prostitución en las currutelas[18] aledañas a la mina. Asimismo, instauraron un impuesto de “protección” y la rendición de cuentas de la producción aurífera. Reportajes de la prensa colombiana[19] reseñan testimonios sobre la estrecha relación entre los guerrilleros y las fuerzas armadas venezolanas, quienes, según relatos de sobrevivientes, realizaron un operativo militar en la mina el 7 de julio del 2013 a petición de las FARC debido a una revuelta de los mineros.

Debido a la magnitud del problema, las organizaciones indígenas de Amazonas publicaron un comunicado donde denuncian la gravedad de la minería ilegal en el municipio Atabapo haciendo también referencia sobre la presencia de “grupos armados generadores de violencia” así como “la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas, el tráfico de combustible, la prostitución y la trata de blancas.[20]”

El control de las FARC sobre el Yapacana y en general sobre el municipio Atabapo también se relaciona con el corredor de la cocaína – procedente de los laboratorios del Guaviare- del Guainía y el Atabapo en el que por décadas trabajó Julián Chollo, quien además desde el 2016 se reporta aliado al Clan del Golfo[21]. Testimonios que hemos recopilado en el municipio Atabapo dan cuenta del constante paso de embarcaciones que utilizan la intrincada y escasamente transitada red fluvial amazónica para el transporte de cocaína desde Colombia por el Orinoco hacia Venezuela o el Río Negro hacia Brasil.

Los cambios que estas actividades ilícitas han generado en las comunidades afectadas de Atabapo son tan preocupantes como los ocasionados por cualquier acción asimilacionista estatal o religiosa. La gravedad radica en que el proyecto guerrillero para el control territorial y de los recursos es una prolongación de la lógica colonial que desplaza y destruye personas, así como comunidades, en función de su subordinación a los intereses de acumulación de riqueza de estos poderes que controlan la extracción minera y que no dudan en aliarse con empresas nacionales y transnacionales en detrimento de los derechos humanos[22].

Ante este panorama, la segurización de la Amazonía y las fronteras con la implementación de proyectos semejantes al Plan Colombia, que olvidó la inversión social pero aumentó el poder bélico de la nación neogranadina, sería nocivo para las comunidades indígenas. En principio porque la militarización y acción sistemática de armados estatales crearía un “efecto globo” que solo propicia el arrase de los sectores presionados, quienes ya representan escudos humanos, y el consiguiente desplazamiento del control guerrillero hacia otros territorios.

Cualquier proceso de segurización no solo tiene como punto débil la falta de credibilidad, la profunda corrupción y el desmantelamiento del Estado de derecho, así como las alianzas generadas entre las fuerzas militares venezolanas fronterizas y los actores armados no estatales del conflicto colombiano, sino el olvido en el que se encuentra el sur de Venezuela y su rezago de las políticas para el desarrollo de potenciales individuales y colectivas. La carencia de condiciones para el ejercicio de los derechos humanos y ambientales es uno de los principales aspectos aprovechados por las guerrillas, quienes muchas veces suplen las funciones del Estado adjudicándose poder así como legitimidad comunitaria. Por lo mismo se hace imperioso que, ante cualquier intento de desmantelar el accionar guerrillero, prive la creación de políticas y estrategias fundamentadas en el respeto a los derechos humanos y ambientales de los grupos humanos y la naturaleza vulnerada.

De la misma forma, los procesos de resistencia civil indígena y campesina, que en su mayoría son liderados por mujeres, ante los actores armados no estatales (en especial ante sus procesos de reclutamiento) deben ser apoyados por la sociedad civil, que, en Venezuela, parece dedicada a la denuncia respondiendo a una agenda política, pero no a documentar ni delinear caminos de acompañamiento a quienes se han puesto en la vanguardia de la lucha por la defensa de la autodeterminación indígena frente a la expansión de estos intrusos especialmente poderosos.

Referencias bibliográficas

Bello, Luis y Tillett, Aimé (2015). Minería en la amazonía venezolana: derechos indígenas y ambientales. El caso del pueblo yanomami. Grupo Socioambiental de la Amazonía Wataniba –Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía. Lima, Perú

Conde, Amelia y Moncada, Alicia (2015). Segunda asamblea de mujeres indígenas de Autana. Ediciones Wanaaleru. Puerto Ayacucho, Venezuela.

Moncada, Alicia. (2016) “Aportes para el análisis de la violencia contra las mujeres indígenas en los contextos mineros.” En: Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en América y el Caribe. Ciudad de México. Moby Dick Editorial.

Moncada, Alicia (2017) “Oro, sexo y poder: violencia contra las mujeres indígenas en los contextos mineros de la frontera amazónica colombo-venezolana”. Textos e Debates, 31, Enero-Junio, 43-53.

[1] Véase: Presidencia de la República de Colombia (2010) Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Disponible en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-De-2010-2014.aspx

[2] Véase: “Indicadores de la minería en Colombia” Disponible en: http://www1.upme.gov.co/simco/Cifras-Sectoriales/EstudiosPublicaciones/Indicadores_de_la_mineria_en_Colombia.pdf

[3] Idem.

[4] Defensoría del Pueblo de Colombia (2018) Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el postacuerdo. Disponible en: http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf

[5] Véase: “FARC anuncia entrega de oro para reparar a víctimas del conflicto colombiano”. Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-04/07/c_137093395.htm

[6] Véase: Aimé, Tillett (2013) “Venezuela“. En: El mundo indígena 2013. Copenhague IWGIA.

[7] Véase: Defensoría del Pueblo (2014) Informe Anual 2013. Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/07/defensoria-del-pueblo.pdf

[8] Conde, Amelia y Moncada Alicia (2015) Segunda Asamblea de Mujeres Indígenas de Autana. Caracas, Wanaaleru.

[9] Véase: “Comunicado de las Organizaciones de Mujeres Indígenas de Amazonas sobre la situación de las mujeres indígenas en el municipio Autana” Disponible en: https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/news/2014/12/comunicadoMUJERESINDAMAZONAS%20%282%29.pdf

[10] El comandante al que nos referimos no es Milton Sierra Gómez “JJ”, jefe del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, asesinado en una operación de las Fuerzas Armadas colombianas en el año 2012.

[11] “Asesinato del líder indígena de OIPUS” Disponible en: https://revistasic.gumilla.org/2017/asesinato-del-lider-indigena-de-oipus/

[12] “Venezuela: Comunidades indígenas: víctimas de la minería” Disponible en: https://www.prensaindigena.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=28129:venezuela-comunidades-indigenas-victimas-de-la-mineria&catid=86:noticias

[13] Véase: Moncada, Alicia. (2016) “Aportes para el análisis de la violencia contra las mujeres indígenas en los contextos mineros.” En: Mujeres, Derechos y Políticas Públicas en América y el Caribe. Ciudad de México. Moby Dick Editorial y Moncada, Alicia (2017) “Oro, sexo y poder: violencia contra las mujeres indígenas en los contextos mineros de la frontera amazónica colombo-venezolana”. Textos e Debates, 31, Enero-Junio, 43-53.

[14] Palabra del argot minero que identifica a los vigilantes que permanecen escondidos o en las inmediaciones de los sectores mineros o custodiados por actores armados no estatales.

[15] El alto mando de las FARC expulsó en el mes de diciembre del 2016 a Géner “John 40” Molina al declararse en disidencia. John 40 pasa a integrar la lista de objetivos de las agencia de inteligencia colombianas junto a Ernesto Orjuela (alias Giovanny Chupas) y Miguel Díaz Santacruz (alias Julián Chollo), quien ha sido acusado de ser el responsable de las rutas de narcotráfico de la frontera amazónica colombo-venezolana.

[16] Inparques – MARNR – MEM 1988. Informe sobre las minas ilegales en Yapacana. Mimeográfico. P. 7.

Septiembre.

[17] SOS Orinoco (2019) “La Minería Aurífera en el Parque Nacional Yapacana Amazonas Venezolano: Un caso de extrema urgencia ambiental y geopolítica, nacional e internacional” Disponible en: https://sosorinoco.org/

[18] Palabra del argot garimpeiro que designa a los espacios aledaños de las minas de prostitución, apuestas, venta de drogas y bebidas alcohólicas.

[19] “Las minas de las FARC” Disponible en: https://www.elmundo.es/america/2013/08/15/colombia/1376578133.html

[20] “Comunicado de la Coordinadora Indígena del Municipio Amazonas (COIAM) sobre la minería ilegal desarrollada en el estado” Disponible en: https://issuu.com/ellibertario/docs/comunicado_coiam__miner__a_ilegal_a

[21] También conocido como el clan Úsuga es el cartel de drogas más poderoso de Suramérica con alianzas criminales con el Cartel de Sinaloa.

[22] Véase: Anticipa el fiscal Martínez: «País quedará atónito por nexos empresas -Farc» Disponible en: https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/02-2018-pais-quedara-atonito-al-saber-empresas-relacionadas-con-farc y “ Más de 50 empresas son investigadas por financiar el conflicto armado” Disponible en: https://caracol.com.co/radio/2016/08/29/judicial/1472498813_369063.html