En el 172 periodo de sesiones de la CIDH, realizada el jueves en Jamaica, el abogado del Foro Penal, Olnar Ortiz, solicitó ratificar las medidas cautelares a su favor y de la población de Kumarakapay, ampliarlas a todo el pueblo pemón del municipio Gran Sabana y extenderlas a tres comunidades indígenas en territorio brasileño, entre ellas Bananal y Tarau, en las que se han refugiado cientos de indígenas venezolanos.

La población pemón del municipio Gran Sabana, fronterizo con Brasil, no ha recibido justicia tras el asesinato de cuatro miembros de su etnia en los ataques militares en la comunidad de Kumarakapay el 22 de febrero de 2019 y en Santa Elena de Uairén al día siguiente.

Tampoco ha cesado la persecución y el temor de una nueva arremetida, lo que ha motivado a 966 indígenas de 14 comunidades de Gran Sabana a desplazarse a Brasil, denunció el jueves el abogado del Foro Penal, Olnar Ortiz, durante la audiencia pública de seguimiento de las medidas cautelares a su favor y de los indígenas de San Francisco de Yuruaní convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte del 172 periodo de sesiones en Kingston, Jamaica.

El comisionado Francisco Eguiguren, relator para Colombia, Bolivia y Venezuela, explicó que esta fue una audiencia de oficio bastante peculiar, pues indicó que estas audiencias de seguimiento de medidas cautelares se realizan por regla general en reuniones de trabajo privadas donde asiste la representación de los beneficiarios, las autoridades del Estado y la Comisión para analizar con amplitud la situación de las medidas.

Al conocer que la representación del gobierno de facto de Nicolás Maduro, dijo, no asistiría, la CIDH decidió hacer la audiencia de forma pública para visibilizar los casos y obtener respuestas “porque estas ocho medidas cautelares no han recibido respuesta de las autoridades del gobierno de facto”. “Para que esto no quede en el silencio estamos haciendo esta audiencia de seguimiento”, ratificó.

Se refería a las medidas cautelares 70-19 a favor de Juan Guaidó y su núcleo familiar, Roberto Marrero y Sergio Vergara ; la 83-19 a favor de Luis Brandes Figueroa ; la 115-19 a favor de Oswaldo García Palomo, José Acevedo, Alberto Salazar, Miguel Palacios y José Barrios ; la 150-19 otorgada al Hospital Maternidad Concepción Palacios ; la 178-19 que aplica a personas militares y civiles recluidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ; la 181-19 a favor de los indígenas de la etnia pemón de la comunidad de Kumarakapay y el abogado del Foro Penal, Olnar Ortiz ; la 102-19 a favor de Luis Mogollón ; y la 250-19 a favor del periodista Luis Carlos Díaz y su núcleo familiar.

“Tenemos en estudio para decisión otras medidas cautelares”, dijo Eguiguren.

El coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal detalló que 47% de la población indígena pemón desplazada a las comunidades brasileñas es menor de edad y denunció la desaparición de Héctor Luis Junior, un guía turístico de 31 años de la comunidad de Maurak, visto por última vez el 12 de abril de 2019. “Fuentes no oficiales informan que fue llevado a Venezuela”, afirmó.

Ortiz informó que los capitanes de las tres comunidades indígenas de Brasil, entre ellas Tarau y Bananal, que han refugiado a los pemones desplazados han recibido amenazas por parte de indígenas adeptos al régimen de Maduro.

El municipio Gran Sabana, destacó, permanece militarizado y se ha registrado el ingreso de funcionarios militares y más de 20 tanquetas de la Guardia Nacional, mientras que entre el 2 y el 5 de mayo ingresaron cinco tanques de guerra.

El abogado reiteró las amenazas en su contra por haber denunciado los hechos violentos y las violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas. “En dos oportunidades, agentes de la Guardia Nacional allanaron los lugares donde me encontraba entre el 22 y el 28 de febrero en el municipio Gran Sabana ; asimismo, el fiscal superior del estado Bolívar me señaló como operador político de la oposición venezolana”, dijo.

Solicitó, en ese sentido, ratificar las medidas cautelares a su favor y de la población de Kumarakapay, ampliarlas a todo el pueblo pemón del municipio Gran Sabana y extenderlas a las tres comunidades indígenas en territorio brasileño, entre ellas Bananal y Tarau, en las que se han refugiado los pemones venezolanos.

Un niño muere cada 48 horas

En representación de la Maternidad Concepción Palacios, Moraima Hernández, médico infectóloga con 18 años de servicio en el centro hospitalario, precisó que de 530 camas solo están operativas 227, de modo que operan a 43% de su capacidad. “Lo vemos claramente cuando comparamos que en el primer trimestre del 2018 se atendieron 850 partos, mientras que en el primer trimestre de este año solamente pudimos atender 425”, indicó.

“La embarazada en Venezuela tiene un aumento en la posibilidad de complicación debido a la dificultad (de acceso) que tiene a una nutrición adecuada debido a la crisis alimentaria que se vive en el país, la mayoría son adolescentes y un porcentaje muy importante de ellas no tiene acceso a la consulta prenatal”, recalcó, pero en caso de que tuvieran acceso a la consulta, señaló que en la maternidad los equipos de ecosonografía tienen fallas, no cuentan con tubos para la toma de muestras de laboratorio ni reactivos, entre otras limitaciones.

“No tenemos suministro regular de agua, no tenemos suministro adecuado de material de limpieza y desinfección, por lo tanto el personal no puede lavarse las manos (…) tampoco podemos hacer limpieza adecuada de áreas y colchones, hemos tenido que desincorporar colchones por estar en estado de putrefacción con presencia de gusanos”.

Desde hace ocho meses, detalló, no funcionan las calderas, lo que impide esterilizar el material quirúrgico y, debido a la falta de anestesiólogos, se han visto restringidas las operaciones quirúrgicas.

“Si podemos sortear todos estos obstáculos, la paciente ingresa pero tampoco está exenta de complicaciones o riesgos. Por ejemplo, tenemos grandes fallas de suministros de medicamentos, sangre y hemoderivados (…) A nuestras hospitalizadas tampoco le brindamos un servicio de alimentación adecuada desde 2016, actualmente solo se les da el almuerzo de lunes a viernes. Si ingresa un fin de semana o feriado, no tiene acceso a la comida”, añadió.

En el primer trimestre de 2019, precisó, murieron 47 neonatos, de modo que en la Maternidad Concepción Palacios muere un niño cada 48 horas, señaló.

Hernández destacó que, en medio de la persecución y la presencia de colectivos, milicianos y Guardia Nacional en el centro hospitalario, la medida cautelar de la CIDH es la única protección de pacientes y trabajadores.

Tortura institucionalizada

Julio Henríquez, miembro del Foro Penal y abogado del primer teniente del Ejército, Luis Alejandro Mogollón, detenido desde el 29 de marzo de 2017, denunció ante la CIDH la demora del juicio del militar de manera injustificada “convirtiéndolo en una sanción sin sentencia”.

El militar había sido diagnosticado con un linfoma de Hodgkin y su salud se agravó en noviembre de 2017, relató, cuando en un supuesto intento de fuga fue lanzado de un vehículo en marcha. El impacto le causó un infarto al miocardio y fractura craneal, por lo que ameritó dos craneotomías. Pese a su estado de salud, dijo, fue regresado a su celda el 14 de diciembre de 2017, tiempo desde el que se le negó atención médica debida.

“Tras la medida cautelar, el teniente Mogollón ha recibido represalias endureciendo las condiciones de su reclusión”, denunció el abogado, al señalar que forma parte de un patrón sistemático en diversos casos de detención para los cuales pide una ampliación de la medida cautelar.

Alonso Medina Roa, por su parte, habló sobre el estatus de la medida cautelar 83-19 a favor del sargento Luis Brandes Figueroa ; 115-19 a favor del coronel Oswaldo García Palomo, coronel José Acevedo, primer teniente Alberto Salazar, sargento Miguel Palacios y José Barrios, quienes -señaló- fueron trasladados de la Dgcim a la cárcel de Ramo Verde y El Helicoide “sin justicia, sin un juicio, sin una causa”.

Se refirió también a la medida 178-19 a favor de personas militares y civiles recluidas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. “Hoy en día este organismo está siendo usado para la persecución de la disidencia política, estos casos tienen su génesis en la forma de actuar de la Dgcim en donde la tortura ha pasado a ser un elemento común, a pesar de las múltiples denuncias que se han realizado en instancias nacionales e internacionales (…) por eso hemos dicho que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones”, expresó.

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