En la capital peruana, el pasado 4 de enero, los cancilleres de trece Estados de América Latina organizados en el llamado Grupo de Lima firmaron y emitieron una declaración injerencista por órdenes del gobierno norteamericano, donde asumieron la potestad política para calificar la legitimidad del gobierno venezolano y liderar un cambio gubernamental en Venezuela. Luego, el 10 de enero, diecinueve Estados del continente aprobaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución intervencionista para declarar como ilegítimo al nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.

En ese marco, la mayoría de la oposición patronal desde la Asamblea Nacional declaró que Nicolás Maduro a partir del 10 de enero se encuentra usurpando el cargo de Presidente de la República, y por eso le han pedido que renuncie y conceda una transición gubernamental. Pero, además, han solicitado la intervención de los militares en el conflicto institucional, porque supuestamente son los garantes del cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes.

Las dos medidas diplomáticas injerencistas ejecutadas por Estados Unidos y los gobiernos proimperialistas de la región, y las acciones de la oposición patronal en la Asamblea Nacional, son parte de las presiones extranjeras y locales para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro mediante una transición negociada y ordenada. Esa transición tendría como objetivo la constitución de un denominado gobierno de unidad nacional, en el que participen grupos disidentes del chavismo, sectores empresariales, y los partidos patronales de la MUD/Frente Amplio, que evite la movilización obrera y popular autónoma, y que incluya la impunidad penal de los crímenes cometidos por militares y civiles en medio de la restricción a las libertades democráticas, permita el resguardo de los recursos económicos obtenidos en actos de corrupción por altos burócratas oficialistas y empresarios, y continúe aplicando un paquete de medidas económicas que beneficie al capital transnacional y local en detrimento de las condiciones de vida del pueblo trabajador venezolano.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechazamos categóricamente al gobierno de Nicolás Maduro, pero igualmente repudiamos la injerencia de Estados Unidos y los gobiernos patronales y proimperialistas de la región en los asuntos internos de Venezuela, y denunciamos que la oposición patronal desde la Asamblea Nacional tiene como único propósito crear las condiciones políticas necesarias para el inicio de una nueva negociación con el gobierno de Nicolás Maduro.
El PSL considera que solo las luchas unitarias, organizadas y con independencia de clase del pueblo trabajador garantizarán la derrota del gobierno autoritario de Nicolás Maduro, el cual, a través de fraudes electorales como el efectuado el 20 de mayo de 2018 y la represión permanente, se mantiene en Miraflores aplicando un paquete antiobrero y capitalista, que favorece abiertamente a los intereses de las empresas transnacionales y la burguesía local.

Debemos seguir el ejemplo de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Universitario de Caracas, quienes, con su movilización masiva y unitaria, dividieron a sectores del chavismo que se sumaron a la lucha contra la directiva corrupta del hospital, por la recuperación de los recursos que se robaron y por salarios igual a la canasta básica.

Es necesario que las trabajadoras y trabajadores continuemos la lucha iniciada el año pasado por salarios dignos indexados mensualmente, en defensa de las contrataciones colectivas, y contra las tablas salariales impuestas por el gobierno en el sector público. Que cada vez más sectores se sumen a la lucha, como ya hacen los docentes en todos los estados del país, y que la movilización de las trabajadoras y trabajadores empalme con la lucha que en las comunidades comienzan a desarrollar los sectores populares por comida y servicios públicos, masificando y generalizando la protesta en la calle contra el gobierno y su paquete de ajuste antiobrero y antipopular.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) y su corriente sindical C-cura, desde la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y otras instancias unitarias en las distintas regiones, seguirán promoviendo la movilización obrera y popular para conquistar un Plan Económico Popular que parta de lograr un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, un plan de importación de alimentos y medicinas, el no pago de la deuda externa, que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, confiscación de los bienes de los corruptos e importadores fraudulentos, y que todos esos recursos se utilicen para salud, educación, salarios, jubilaciones, vivienda, recuperación de Pdvsa y las empresas básicas, y para el impulso de una reforma agraria que otorgue tierras, insumos y apoyo técnico a los campesinos pobres, siempre teniendo como perspectiva la necesidad de un gobierno de la clase trabajadora.

¡No a la injerencia imperialista de Estados Unidos y sus aliados en América Latina!

¡Derrotemos al gobierno de Nicolás Maduro con la movilización obrera y popular!

¡Ni derecha oficialista ni derecha opositora es el pueblo trabajador quien debe gobernar!

11 de enero de 2019

Partido Socialismo y Libertad (PSL), sección venezolana de la UIT-CI

http://laclase.info/content/rechazamos-la-injerencia-de-la-derecha-continental-y-al-gobierno-antiobrero-y-antipopular-de-nicolas-maduro/