Gobierno, empresas nacionales y transnacionales cierran el año despidiendo y suspendiendo a centenares de trabajadores. Aquí algunos de los casos que más han trascendido públicamente.

Como si no bastaran las calamidades de las familias de la clase obrera por el inalcanzable costo de la vida, el salario pulverizado, la aguda escasez y alto costo de los medicamentos, entre tantas otras situaciones, en esta recta final del año se han sumado centenares de despidos tanto en el Estado como en la empresa privada. Sin contemplación ninguna, cientos de padres y madres de familia han sido arrojados a la desesperación y a mayores niveles de depauperación.

La nefasta racha la inició el propio gobierno, que con su acostumbrada desfachatez se hace llamar “obrerista” y “socialista” mientras no cesa de tomar medidas antiobreras, tanto en el terreno económico como en el de las represalias y persecuciones por luchar. Fue así que cerrando la primera semana del mes, de un plumazo, en la Cancillería echaron a la calle a 100 trabajadores y trabajadoras contratados, con la excusa del vencimiento del contrato, sin embargo, como denunciaron los dirigentes del sindicato, se trata de una retaliación por la participación en asambleas y acciones de protesta por los derechos laborales.

“La verdad es que son los mismos 100 trabajadores que protestaron la semana pasada”, señaló José Patines, secretario general del sindicato. Más en detalle, explicó que la represalia venía preparándose desde una asamblea realizada en noviembre, donde el tema central fue la violación de cláusulas del contrato colectivo, motivo por el cual luego hubo acciones de protesta de los trabajadores. Así responde el gobierno del “obrero” Nicolás Maduro a los trabajadores que no se resignan a perder derechos.

Una semana después el golpe lo recibieron los trabajadores de Manpa (Manufacturas de Papeles C.A.), en Maracay, con más de 250 despidos. Esta vez el gobierno tiene también sus manos metidas, en clara connivencia con el capital privado, pues la notificación a los trabajadores les llegó a través del propio Ministerio del Trabajo, quien avala este ataque de la empresa.

Iñaqui Ávila, presidente del sindicato de la empresa, declaró durante una asamblea-protesta : “Fuimos notificados por parte del Ministerio del Trabajo para una reducción de personal. Estamos haciendo un llamado a los compañeros que hoy se apersonaron, a las instituciones públicas y a los que no han llegado para que nos expliquen, porque la mayoría estamos afectados y estábamos muy esperanzados con nuestros puestos de trabajo, porque la condición económica actual no es muy buena”.

Manpa es la empresa nacional líder en el ramo de pulpa y papel, con una amplia gama de productos para usos industriales, comerciales, domésticos, escolares y de oficina, con más de un siglo de historia, con filiales fuera del país (Trinidad y Tobago) para la distribución en los países de la Caricom (Comunidad del Caribe), y que ha llegado a ostentar la primacía del mercado nacional mediante un proceso de fusiones y compras de otras empresas. La tendencia al monopolio propia del capitalismo. Esta gran corporación, dice que “no puede” sostener 255 empleos, cuando en el país lo que se paga por mano de obra es de lo más barato que hay a nivel internacional, y el gobierno “socialista” avala este miserable argumento que deja en la calle a más de 250 familias obreras. Esa es la famosa burguesía nacional “productiva”, ese empresariado nacional al que tanto el gobierno como la oposición apuestan para “desarrollar el país”.

Pero la agresividad e indolencia patronal este fin de año no han sido patrimonio exclusivo del gobierno y el empresariado nacional, las transnacionales también han hecho lo propio, es una verdadera política de clase, donde los capitalistas, tantos privados como el gobierno, tanto nacional como transnacionales, descargan sus golpes contra la clase trabajadora.

Es así como en la Coca-Cola la ofensiva patronal se expresó en pasar a estatus de “suspendidos” a más de 2 mil trabajadores a nivel nacional. La filial de esta gigantesca transnacional dice que está en “peligro de quiebra”, en un país donde por salario mínimo no se cancela sino el equivalente a unos 7 dólares mensuales por cada trabajador. María Barreto, vocera del consejo de trabajadores de la planta de Valencia, donde hubo 433 suspendidos, denuncia con contundencia : “Yo les pregunto y saquen cuentas, si nosotros ganamos 178 bolívares diarios y un refresco cuesta 1.125 bolívares soberanos, ¿cómo van a decir que están en peligro de extinción por nosotros, si nosotros no podemos comprar una unidad de Coca-Cola en la calle ?”.

El “ofrecimiento” de la empresa a los trabajadores, que más que una oferta es una imposición, es pagarles 60% del salario mínimo durante seis meses –un monto que la empresa lo obtiene vendiendo 2 refrescos de su propia marca al precio actual–, y un “bono solidario” de 10 cajas de refresco. En realidad, la empresa busca que esas sean las condiciones bajo las cuales los trabajadores acepten continuar trabajando de ahora en adelante, con esa reducción del ya pulverizado salario, y sin cumplir con los demás derechos económicos y sociales del contrato colectivo.

Esta política patronal tiene el total respaldo de las instituciones y leyes del gobierno nacional, la subsidiaria de la Coca-Cola se apoya tanto en la Ley Orgánica del Trabajo como en el Ministerio del Trabajo. El artículo 178 de la LOTTT establece que : “Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo”. Bajo este precepto, el gobierno de Maduro, a través de su ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, avale el accionar de la empresa contra los trabajadores.

No está de más recordar que, en su momento (2012), la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores fue presentada por Chávez, como una ley favorable a los trabajadores, casi que como una conquista obrera la vendieron. En ese entonces, desde quienes se oponían por izquierda a Chávez, desde una posición obrera y verdaderamente socialista, cuestionaron esta ley por preservar todo lo fundamental de las relaciones de producción y de poder propias del capitalismo, además mayores restricciones del derecho a huelga, mayor injerencia del Estado en los sindicatos y algunas falsedades. Aquí está hoy una pequeña muestra : pasan por “interés público y social” lo que no es sino el interés privado de ganancia de una corporación empresarial.

Ante toda este arremetida patronal, que condena a cientos de familias obreras a mayores niveles de calamidades, a depender de la “caridad” del Estado o de los capitalistas, ¡esos mismos empresarios que se han enriquecido con el trabajo obrero !, la burocracia sindical del PSUV, la central “socialista” (CSBT), cumple un papel de total traición a los trabajadores, pues ni por equivocación se le escucha siquiera una declaración de rechazo al accionar patronal y gubernamental, mucho menos alguna medida de lucha seria.

Es una política antiobrera extendida a lo ancho del país, bien como medida de “rentabilidad” empresarial, bien como retaliación por luchar. En el Metro de Caracas, por ejemplo, el gobierno se encargó de despedir a decenas de trabajadores, siendo emblemático el caso de Deillily Rodríguez, ex directiva del sindicato (expulsada por la burocracia del “constituyente” y presidente del sindicato, Edison Alvarado), en lucha actualmente por su reincorporación y la del resto de sus compañeros.

Una práctica que el gobierno complementa con el encarcelamiento de dirigentes sindicales y trabajadores, tal como ha sido el caso reciente de los trabajadores de las empresas básicas, específicamente de Ferrominera, Venalum y Alcasa, de donde suman casi 20 trabajadores presos por luchar, incluyendo los secretarios generales de Ferrominera (Rubén González) y de Venalum (José Hidalgo).